Veinte días después de que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenara la expulsión de 18 Misioneras de la Caridad, asociación fundada por la Madre Teresa de Calcuta, las religiosas podrían tener la oportunidad de dirigir un proyecto de evangelización y de asistencia a pobres en Cañas, provincia de Guanacaste, Costa Rica, país que las acogió el seis de julio pasado tras su expulsión expedita de Nicaragua.
La propuesta para liderar dicho proyecto fue realizada por monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora, obispo de la Diócesis de Tilarán-Liberia, Costa Rica, quien detalló en redes sociales que, aunque actualmente solo se trata de un deseo “o proyecto hablado”, el asunto tuvo “eco” en las religiosas, y esperan que se pueda concretar.
“Les propuse una fundación en Cañas, asunto que tuvo eco en ellas. Después de negociaciones puedo decirles extraoficialmente que presenté la fundación, como un deseo o proyecto hablado, pero aún no he firmado un contrato. Oremos para que se concretice”, expresó el religioso.
El religioso detalló que se trata de una casa que inicialmente abrirá con seis religiosas, quienes estarán dedicadas a la misión evangelizadora en las comunidades de Cañas y a la asistencia de los más pobres.
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La mañana del 26 de julio un grupo de cinco religiosas recorrieron el Centro de Catequesis Pbro. Armando Hernández, en Cañas, a fin de valorar ese lugar, como su posible casa de misión, en Guanacaste. El recorrido de las hermanas estuvo acompañado por el obispo Salazar, el coordinador de la Pastoral Social diocesana, el diácono Francisco Venegas, y el párroco de Cañas centro, Pbro. Harvey Flores.
Tras la visita a Cañas, la madre “Agnecita”, encargada de las 13 casas de las misioneras, distribuidas en toda Centroamérica, manifestó sentirse contenta porque las hermanas podrán ubicar su convento en Costa Rica, al tiempo que agradeció a las autoridades eclesiásticas ticas por permitir realizar su misión en el país.
“Estamos contentas por ubicar nuestro convento, aquí en Cañas; vamos a realizar nuestra misión de visitar a las familias pobres; ayudar al párroco Harvey Flores con los sacramentos; enseñar a los niños de catequesis, también visitar a los ancianos y llevarles la comunión para prepararlos a ellos a una vida espiritual; (y) más adelante, veremos si podemos ayudar a los indigentes con comida y también la parte espiritual”, dijo la religiosa.
La expulsión de Nicaragua
Según fuentes de la congregación, a las monjas les dieron un plazo fatal para abandonar el país, mientras que los beneficiarios de sus obras caritativas quedaron en la incertidumbre.
El grupo de 18 religiosas salió del país el seis de julio escoltadas por un fuerte despliegue de agentes del régimen Ortega-Murillo. Horas más tarde la Conferencia Episcopal de Costa Rica informó que las mujeres habían sido recibidas por la Diócesis de Tilarán-Liberia, en la provincia de Guanacaste (noroeste).
La Asociación Misioneras de la Caridad fue creada en Nicaragua el 16 de agosto de 1988, bajo el primer régimen de Ortega (1979-1990), tras una visita al país de la Madre Teresa de Calcuta. Las religiosas administraban el Hogar Inmaculado Corazón de María, en la ciudad de Granada: allí acogían a adolescentes abandonados o abusados y les ayudaban a reinsertarse en la vida.
También tenían un asilo de ancianos en Managua; un proyecto de refuerzo escolar a estudiantes en situación de riesgo, y una guardería para familias sin recursos.
La disolución de las Misioneras de la Caridad, junto a otras 100 Organizaciones No Gubernamentales en Nicaragua, fue aprobada con carácter urgente y sin debate el pasado 29 de junio en el Parlamento, controlado por el oficialismo.
Para justificar su cierre, el Ministerio de Gobernación señaló que las Misioneras de la Caridad “han incumplido sus obligaciones” y cita hasta tres leyes. Entre ellas están la norma que regula estas entidades o la llamada ‘Ley 977’; esto es, la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
En concreto, el informe señalaba que las hermanas no estaban acreditadas por el Ministerio de Familia para funcionar como guardería, centro de desarrollo infantil, hogar de niñas ni asilo de ancianos, y que tampoco tenían permiso del Ministerio de Educación para tareas de refuerzo de aprendizaje.