Cuatro días después de que el régimen copresidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo emitió un comunicado, a través del Ministerio del Interior, en el que aseguran que el obispo emérito Abelardo Mata fue regresado a su casa después de una supuesta “indagación” policial, fuentes eclesiales advirtieron a DIVERGENTES que no han podido corroborar su estado.
“No hemos podido ver a monseñor Mata. Después que lo regresaron a su casa, según el comunicado del Gobierno, nosotros no lo hemos podido ver… y su familia está aterrada, porque los están persiguiendo. Igual a personas que trabajan con él en la Diócesis de Estelí. Pero más especificaciones prefiero no dar por temas de seguridad”, asegura una fuente eclesiástica consultada.
El obispo emérito Mata, uno de los principales críticos del régimen Ortega-Murillo y retirado desde julio de 2021 como obispo de Estelí, fue arrestado después de orar “por la Iglesia perseguida de Nicaragua” en la parroquia Cruz del Calvario, en Estelí. Según una alerta del Monitoreo Azul y Blanco, el acto religioso fue vigilado y fotografiado por civiles armados afines al régimen. Ese mismo domingo 28 de junio, la Policía lo retuvo por primera vez; luego fue liberado brevemente, pero volvió a ser capturado y devuelto a su vivienda “bajo custodia policial”.
La presión se intensificó al día siguiente. El lunes 29 de junio, el obispo emérito y personas allegadas fueron detenidas nuevamente. Mientras los civiles fueron liberados en Estelí, Mata fue trasladado a una delegación policial no identificada en Managua. Horas después, fue llevado a su casa en Tisma, Masaya, donde el régimen le impuso un cerco policial permanente y una medida de “casa por cárcel” de facto, de acuerdo con la cronología del Monitoreo Azul y Blanco.
La tercera captura ocurrió el jueves 2 de julio, a las 7:00 de la mañana, durante el relevo del dispositivo policial instalado en Tisma. Desde entonces, el Monitoreo denunció que monseñor Mata permanecía en condición de desaparición forzada, sin información oficial sobre su paradero, su integridad física o su estado de salud. La organización advirtió además que el obispo, de 80 años, enfrenta un riesgo crítico por su edad y condiciones médicas.
Régimen reacciona ante Estados Unidos

Luego de que Estados Unidos reclamó el sábado 4 de julio la liberación “inmediata e incondicional” de monseñor Abelardo Mata y condenó la “continua y cruel persecución y represión religiosa” en Nicaragua, el régimen copresidencial emitió un comunicado a través del Ministerio del Interior en el que aseguró que el obispo emérito de Estelí había sido regresado a su vivienda.
La dictadura Ortega-Murillo afirmó que Mata fue sometido a una supuesta “indagación” policial sobre el “origen de propiedades y vínculos familiares que no coinciden con la condición sacerdotal”, pero no ofreció detalles verificables sobre el procedimiento, ni su paradero durante la detención ni las condiciones en que fue devuelto.
“Desde ese momento es que estamos en ascuas. Dicen que lo regresan, pero no hemos podido ver a monseñor Mata”, insistieron las fuentes eclesiales consultadas por este medio de comunicación.
En paralelo al asedio contra Mata, la redada policial también alcanzó a otros religiosos de la Diócesis de Estelí. Según la alerta del Monitoreo Azul y Blanco, en un operativo simultáneo las fuerzas del régimen detuvieron al presbítero Rigoberto Delgadillo Sánchez, de la parroquia Divino Niño; al párroco Francisco Morales, de la parroquia Cruz del Calvario; y al diácono Wilfredo Arauz Rodríguez, también de Cruz del Calvario.
Morales y Arauz fueron posteriormente excarcelados bajo una suerte de “libertad condicional” de facto, sometidos a estricta vigilancia policial y bajo amenaza permanente de recaptura, lo que confirma que la ofensiva no se limitó al obispo emérito, sino que se extendió contra su entorno eclesial más cercano.
Mata fue, cuando ejercía como obispo de Estelí, uno de los críticos más duros del régimen copresidencial. Su voz llegó a tener una estridencia pública incluso mayor que la de otros jerarcas críticos, como el obispo auxiliar Silvio Báez, posteriormente desterrado y desnacionalizado. La Santa Sede aceptó su renuncia el 6 de julio de 2021 y, desde entonces, su presencia pública se redujo considerablemente.
“Hasta el momento, las autoridades correspondientes mantienen al líder religioso en un estado de incomunicación total, sin brindar información sobre su paradero, integridad física o estado de salud, lo que constituye un delito de desaparición forzada bajo los estándares internacionales. Esta situación se vuelve aún más alarmante considerando que el régimen de Nicaragua tiene en su historial la muerte de 9 personas bajo su custodia policial”, insistió el Monitoreo Azul y Blanco, en un comunicado emitido antes que el del régimen sandinista.
La visita del Cardenal Brenes al Papa León

Mientras el asedio contra monseñor Abelardo Mata y otros religiosos de Estelí volvía a exhibir la persecución estatal contra la Iglesia católica, el cardenal Leopoldo Brenes evitó referirse públicamente a ese contexto represivo. Durante la festividad de la Sangre de Cristo, en la Catedral de Managua este cinco de julio, el arzobispo relató que sostuvo una audiencia “privadísima” de una hora con el papa León XIV en el Vaticano, en la que, según dijo, conversaron sobre la Iglesia en Nicaragua, su salud y la continuidad de su ministerio.
Sin embargo, en su homilía no denunció las detenciones, el destierro de obispos y sacerdotes, la vigilancia policial ni las restricciones a las manifestaciones públicas de fe en el país. En cambio, afirmó que “no podemos quedarnos callados” para pedir a los fieles tomar fotografías de la celebración y difundirlas, e incluso prometió enviar imágenes al pontífice para mostrarle “la catedral llena”, los predios y las calles de la procesión, como prueba de que la Iglesia en Managua está “viva, profundamente llena de fe”, frente a lo que calificó como “noticias falsas” sobre templos vacíos, baja asistencia y sacerdotes solos.
Sus palabras contrastan con los informes de organismos internacionales y defensores de derechos humanos que han documentado la represión sistemática contra el clero, las congregaciones religiosas y las expresiones públicas de fe en Nicaragua.
La Diócesis de Estelí, de las más perseguidas

El asedio contra el obispo emérito Mata confirma el ensañamiento particular del régimen contra la Diócesis de Estelí, una de las más golpeadas por la represión contra la Iglesia católica desde 2018. El informe Nicaragua: Una Iglesia Perseguida, elaborado por la investigadora Martha Patricia Molina, documenta al menos 81 agresiones contra esa diócesis, que además permanece sin obispo residencial, al igual que Matagalpa, Jinotega y Siuna, debido al destierro de religiosos.
Molina advierte que Estelí está obligada a funcionar “acéfala y con el 42% de su clero”, lo que ha recargado el trabajo pastoral de los sacerdotes que aún permanecen activos en Nicaragua, mientras otros han sido expulsados, perseguidos, han fallecido o no pueden ejercer su ministerio. Esa ofensiva forma parte de un patrón más amplio que incluye detenciones arbitrarias, vigilancia policial y paramilitar durante celebraciones religiosas, prohibición de procesiones, destierros, confiscaciones, cierre de congregaciones y obras sociales, campañas de desprestigio y discursos de odio contra el clero.
Según el estudio de Molina, entre 2019 y julio de 2025 el régimen prohibió más de 16 564 actividades religiosas, mientras que el Informe sobre la libertad religiosa en el mundo 2025 de Ayuda a la Iglesia Necesitada concluyó que ese año se intensificó la hostilidad oficial contra las Iglesias, con graves violaciones a este derecho fundamental.