Muertes bajo custodia y desapariciones forzadas bajo el Régimen de Excepción de Bukele

Un informe de Human Right Watch y Cristosal expone “graves abusos” cometidos por las fuerzas de seguridad, las cuales han desatado redadas masivas en El Salvador. Las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración y muertes bajo custodia han marcado la aplicación del Régimen de Excepción que Nayib Bukele ha ampliado por 30 días más en su controvertida “guerra contra las pandillas”

Familiares de los supuestos "pandilleros" reaccionan durante el trasladado de los detenidos en San Salvador. EFE | Rodrigo Sura

El músico Elvis Josué Sánchez Rivera, de 21 años, murió el 19 de abril en manos de las autoridades carcelarias del gobierno de Nayib Bukele. El joven fue detenido el tres de abril en el municipio de Santa María Ostuma cuando se dirigía a jugar fútbol. Los oficiales lo detuvieron en medio de intensas redadas avaladas por el Régimen de Excepción que impera en El Salvador desde el pasado 27 de marzo. Los familiares no supieron de su paradero durante dieciséis días hasta que recibieron una llamada fatídica desde un hospital: les informaban que el muchacho estaba muerto. 

Los familiares de Sánchez Rivera denunciaron que las autoridades no permitieron realizar una autopsia, una decisión que ellos consideran sospechosa porque el cuerpo presentaba lesiones que no eran acorde a la supuesta causa de muerte: “hipertensión y muerte súbita”. El caso del músico lo recoge un informe de Human Rights Watch (HRW) y la organización salvadoreña Cristosal, titulado “Evidencias de graves abusos durante el régimen de excepción”. 

Las organizaciones exponen que las fuerzas de seguridad de Bukele han cometido detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración y muertes bajo custodia, como la de Sánchez Rivera. Los hallazgos preliminares de HRW y Cristosal se basan en 43 entrevistas con víctimas, sus familiares, abogados y miembros de la sociedad civil, así como en el análisis de fotografías, documentos judiciales y registros médicos que corroboraron sus testimonios. Al mismo tiempo, recurrieron al Grupo Independiente de Expertos Forenses (Independent Forensic Expert Group, IFEG) del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (International Rehabilitation Council for Torture Victims, IRCT), organización internacional integrada por reconocidos expertos forenses, para que analizaran algunas de las evidencias de abusos.

upuestos pandilleros detenidos durante el Estado de Excepción son trasladados a una cárcel. EFE | Rodrigo Sura.

“Rusudan Beriashvili y James Lin, miembros del Grupo Independiente de Expertos Forenses del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura analizaron las fotografías a pedido de Human Rights Watch y Cristosal. Los expertos señalaron que parece haber múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo que podrían haber ocurrido durante la privación de la libertad y que podrían ser el resultado de tortura u otros malos tratos”, recoge el informe que hasta ahora ha sido obviado por la administración Bukele. “Los expertos también señalaron que la muerte de Sánchez Rivera era ‘sospechosa’ y que la presunta ausencia de una autopsia era gravemente preocupante e inconsistente con estándares internacionales y prácticas médicas ampliamente aceptadas”. 

Aparte de la muerte del músico, el informe de ambas organizaciones documenta la muerte bajo custodia de Walter Vladimir Sandoval Peñate, un trabajador agrícola de 32 años, quien murió el 3 de abril. La policía lo detuvo el 30 de marzo en La Trinidad. Los familiares que presenciaron la detención dijeron que los policías lo detuvieron por pertenecer a “una agrupación ilícita”. Medios de comunicación salvadoreños, como La Prensa Gráfica, han informado sobre los decesos de tres personas más en manos de las autoridades carcelarias. 

Desapariciones forzadas

 Supuestos «pandilleros» son trasladados hoy, desde la delegación policial «El Penalito». EFE | Rodrigo Sura.

El 24 de abril, la Asamblea Legislativa de El Salvador extendió por 30 días el Régimen de Excepción. Aunque Bukele justifica la controvertida medida con decenas de tuit en los que informa de detenciones de “terroristas” y celebra la contención del índice de homicidios diarios, el Régimen de Excepción es criticado por suspender los derechos a la privacidad, la libertad de asociación y la libertad de reunión, así como varias garantías al debido proceso. 

“El gobierno del presidente Nayib Bukele solicitó la ampliación argumentando que, si bien las medidas habían contribuido a responder a la ola de homicidios perpetrados por pandillas, las condiciones que propiciaron los hechos de violencia persistían. Según cifras oficiales, más de 20.000 personas han sido arrestadas desde el 25 de marzo, en muchos casos por el delito de pertenecer a agrupaciones ilícitas”, contextualiza el informe. 

“Durante los primeros 30 días del Régimen de Excepción promovido por Bukele, hemos documentado evidencias de detenciones arbitrarias de personas inocentes, que en algunos casos han sido sujetas a desapariciones forzadas de corta duración, así como casos alarmantes de muertes bajo custodia”, expresó Tamara Taraciuk Broner, directora para las Américas de Human Rights Watch. “En vez de proteger a los salvadoreños de la violencia de las pandillas, las fuerzas de seguridad han abusado de las amplias facultades que les concedió la Asamblea Legislativa, la cual ahora ha permitido 30 días más de violaciones de derechos humanos”.

Además de las 43 entrevistas en las que se basa este informe, al 26 de abril, ambas organizaciones estaban analizando más de 200 denuncias adicionales, incluyendo otras 160 detenciones arbitrarias identificadas por Cristosal. Las redadas de policías y soldados se han enfatizado en comunidades pobres. Las fuerzas armadas detienen a ciudadanos en la calle o irrumpen en las viviendas. El informe denuncia 20 casos de allanamientos sin orden judicial. 

“En la mayoría de los casos, los testigos señalaron que las fuerzas de seguridad no habían presentado una orden de captura, ni explicado los motivos de los arrestos”, dice el informe. “En once casos en que las víctimas preguntaron por qué estaban siendo detenidas, los agentes dijeron que ‘cumplían órdenes de arriba’. En algunos casos, los agentes habrían inspeccionado los cuerpos de las personas detenidas buscando tatuajes, al parecer como prueba de su supuesta participación en pandillas. Muchos entrevistados dijeron que sus familiares no tenían tatuajes o tenían tatuajes que no hacían alusión a las pandillas”.

Soldados prestan guardia en un punto de control en San Salvador. EFE | Rodrigo Sura.

El informe de HRW y Cristosal destaca que “la mayoría de los familiares de los detenidos indicaron que no habían sido informados sobre el paradero de sus seres queridos”. En cinco casos, prosigue el informe, los agentes se negaron a brindar información sobre el paradero de los detenidos aun cuando sus familiares visitaron múltiples centros de detención para averiguar si estaban allí. En 19 casos, los familiares dijeron que todavía no saben dónde se encuentran los detenidos y no han podido comunicarse con ellos por días o, en algunos casos, semanas.

“Cuando las autoridades se niegan a reconocer una detención u ocultan el paradero de una persona bajo su custodia, independientemente del tiempo que transcurra, ello constituye una desaparición forzada, la cual está prohibida por el derecho internacional, incluso durante estados de emergencia. Cuando esto ocurre, la persona desaparecida queda totalmente indefensa y los familiares viven niveles de incertidumbre y sufrimiento que son inhumanos y abusivos, dijeron las organizaciones”, recuerda HRW y Cristosal.

Las organizaciones también señalan que estas redadas han agudizado el hacinamiento carcelario en El Salvador. A diciembre de 2020, las prisiones salvadoreñas ya estaban operando a un 136 por ciento de su capacidad. El 19 de abril, la Asamblea Legislativa aprobó una ley para crear nuevos centros de detención. Sin embargo, Bukele incluso ha usado el hacinamiento mediáticamente como muestra del castigo ejemplar que su gobierno da a los supuestos pandilleros, sin importar el respeto a los derechos humanos.