El aumento de mujeres encarceladas en el marco del régimen de excepción en El Salvador ha desvelado una situación crítica para la salud y la vida de mujeres que fueron detenidas en estado de gestación y para sus bebés recién nacidos, indica Rina Montti, directora de investigaciones en derechos humanos de la organización Cristosal.
Las condiciones precarias de vida en los centros penitenciarios, el hacinamiento, la desnutrición y la falta de atención médica ginecológica, entre otros factores que vulneran la salud de las mujeres y de sus hijos e hijas, ha provocado que las detenidas en estado de gestación tengan abortos, desarrollen enfermedades durante o después del embarazo y se empeoren las condiciones médicas no tratadas.
También ha provocado la degradación de la salud de los recién nacidos en los centros penales, que no siempre reciben atención médica prenatal y cuidados adecuados para su edad. La consecuencia de esto ha sido el fallecimiento de dos bebés reportados en este año, que fueron sacados de las cárceles a los hospitales para recibir tratamiento médico, pero de manera tardía.
De acuerdo con Montti, las condiciones de los centros penitenciarios donde hay mujeres siempre han sido mucho peores que las de los hombres, ya que el Estado salvadoreño les destina menos presupuesto. Actualmente solo hay un centro penitenciario exclusivo para mujeres que antes del régimen de excepción se encontraba en su máxima capacidad, después de un año y medio de régimen el hacinamiento se ha vuelto mucho peor.
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“Ahora que en las cárceles hay más mujeres, las condiciones de vida son aún peores. Hemos conocido casos de mujeres que son madres, cuyos bebés corren el riesgo de perder la vida y ellas no tienen un cuidado básico ginecológico para poder recuperarse del embarazo y del parto”, expresa Montti.
Por esta razón, las mujeres son trasladadas a otros centros mixtos que albergan tanto hombres como mujeres en secciones separadas, aunque no hay datos oficiales sobre la cantidad de penales que albergan mujeres. Sin embargo, todas las cárceles de El Salvador se encuentran en graves condiciones de hacinamiento y ninguna estaba preparada para recibir a miles de personas más.
Se reporta el fallecimiento de diez mujeres y dos bebés
Socorro Humanitario (SH) reporta a 77,000 personas detenidas en el marco del régimen acusadas de pertenecer a pandillas o a grupos delictivos, de las cuales al menos 20,000 son inocentes de esas imputaciones, indica a DIVERGENTES la directora de SH, Ingrid Escobar.
Del total de todas las personas encarceladas, SH estima que 9,711 mujeres han sido detenidas en el contexto del régimen, que se suman a las 6,700 mujeres que ya estaban anteriormente en las cárceles. En total, se contabiliza que hay alrededor de 16,411 privadas de libertad en todo el país.
Sin embargo, no hay datos oficiales sobre cuántas de las mujeres encarceladas en el marco del régimen estaban embarazadas, cuántas tuvieron abortos, cuántas dieron a luz, cuántas dieron sus bebés a sus familiares y cuántas siguen teniendo a sus hijos e hijas dentro de los sistemas penitenciarios.
“No hay datos oficiales sobre cuántos menores de edad están en las cárceles con sus madres. El Estado salvadoreño no responde por nada, los sistemas penitenciarios están absolutamente quebrados. No atienden a los adultos, mucho menos a los niños”, señala Escobar.
Lo que se sabe es que hay diez mujeres encarceladas que fallecieron bajo la custodia del Estado debido a torturas, malos tratos, inhumanos y degradantes, así como por falta de atención médica; y hay dos bebés fallecidos que nacieron en los centros, desarrollaron enfermedades, no recibieron atención pediátrica oportuna y murieron días después de ingresar a los hospitales.
Las condiciones precarias de vida dentro de los centros penales y la situación degradante de salud que enfrentan las personas detenidas en el régimen de excepción se han vuelto mucho peores tras el régimen de excepción.
Organizaciones de derechos humanos salvadoreñas contabilizan alrededor de 170 personas que han fallecido tras las detenciones ejecutadas por las autoridades. Además de la violencia física y las torturas, la falta de atención médica es otra de las razones de los fallecimientos.
Aunque todas las personas detenidas requieren urgentemente de atenciones médicas, los centros penales con mujeres deberían priorizar la asistencia de salud debido a las embarazadas y los recién nacidos, señala Rina Montti. De acuerdo con casos que Cristosal da seguimiento, las mujeres embarazadas o que ya parieron se cuidan entre ellas ante la falta de tratamiento médico, siendo muchos de los cuidados “artesanales”.
“Las mujeres que han tenido infecciones después de parir o que tienen problemas para amamantar se cuidan entre ellas con métodos bastante artesanales para atenderse. No son necesariamente atendidas por el sistema médico público. Si llegan a tener alguna atención médica es más paliativa, es decir, si les duele algo solo le dan acetaminofén”, expresa.
Recién nacidos son los más vulnerables
Sin embargo, la situación más crítica se encuentra en los recién nacidos, ya que además de no siempre tener los cuidados médicos prenatales que tendrían si estuvieran fuera de los centros, las madres no cuentan con productos adecuados para higienizarlos, alimentarlos y cuidarlos. Es decir, no tienen pañales, leche, jabones, champús y cualquier otro elemento necesario para atender a un recién nacido; y los sistemas penitenciarios no los brindan, sino que deben de ser suministrados por familiares.
Las madres resuelven bañando a sus hijos e hijas con detergentes para ropa, poniéndole trapos en vez de pañales, y dándoles café en vez de leche. Como consecuencia, los bebés adquieren graves enfermedades dermatológicas que son comunes entre las personas detenidas, como hongos, sarna e infecciones, además de infecciones gástricas o desnutrición.
En el caso de que los familiares de las detenidas lleven productos para sus recién nacidos, no hay garantías de que esos productos lleguen hasta donde las presas, y si llegan, los productos suelen ser compartidos entre las mismas madres.
Los bebés también adquieren otros problemas de salud comunes entre las presas como infecciones renales debido a la falta de agua para beber. Pues, en la mayoría de los centros penales las raciones de agua están limitadas, incluso hasta dos vasos de agua por día, y en el caso de las madres no reciben más vasos para sus hijos e hijas.
“Hemos conocido casos donde a las presas les dan solo dos vasos de agua al día, uno para bañarse y otro para tomar. Conocemos casos puntuales de bebés que han tenido que salir con sus madres de los centros penales para ir a los hospitales, y la madre y los custodios son regañados por los médicos porque les dicen: este bebé necesita sol o este bebé necesita bañarse”, indica Montti.
El último fallecimiento de un recién nacido fue un bebé de seis meses reportado el 26 de junio de 2023, quien se encontraba con su madre en el Penal de Izalco. El bebé falleció a los seis días de haber sido entregado a su familia en el Hospital de Niños Benjamín Bloom en San Salvador.
Entre las causas de muerte se encuentran insuficiencia renal, insuficiencia hepática, neumonía y otras bacterias. La madre fue detenida en octubre de 2022 en estado de gestación y todavía continúa privada de libertad, de acuerdo con SH.
Recién nacidos no siempre pueden ser recibidos
Aunque la opción más adecuada es que los bebés sean entregados a sus familiares una vez que haya lactado lo suficiente, para hacerlo se debe de realizar un proceso legal extenso y burocrático que muchas veces es complicado tanto para las madres como para los familiares.
En primer lugar, los familiares deben de demostrar al Estado que tienen condiciones de vivienda y condiciones económicas para recibir a los recién nacidos. Es decir, que tengan cuarto, cuna, ropa, alimento, entre otras cosas necesarias, pero también ingresos estables que cubran todas las necesidades del hogar, incluyendo las del bebé.
Como los familiares y las detenidas no tienen comunicaciones fluidas, sino que únicamente pueden hablar los días de visita y los días en que las presas pueden hacer llamadas, demostrar todo lo anterior se vuelve un reto. Además, no todas las familias tienen las condiciones exigidas por el Estado para recibir a los bebés, pues, la gran mayoría de personas afectadas por las detenciones del régimen de excepción se encuentran en situación de pobreza.
Otros familiares no solicitan la custodia de los recién nacidos porque no saben si las mujeres lograron parir estando en prisión, precisamente por la falta de comunicación que existe.
“En muchas ocasiones los familiares no saben si los bebés nacieron, saben que las mujeres fueron detenidas en estado de embarazo, pero no saben si parieron. Esto es porque muchos familiares han dicho que sus familiares mujeres han tenido abortos por las condiciones en las que se encuentran en las cárceles”, indica Montti.
Y en el último escenario, muchas familias se desentienden de las mujeres detenidas “y las dejan a la buena de Dios”, dice la investigadora. Así que las mujeres se quedan con los bebés en las cárceles sin la posibilidad de que tengan un hogar en cualquier otro lado.
Aunque con el fallecimiento de los dos bebés en este año, el Estado salvadoreño ha permitido el ingreso de organizaciones humanitarias a los centros penales para atender a la niñez en “situaciones puntuales”, esto sigue siendo insuficiente para asegurar la salud y la vida de miles de niños, niñas y mujeres que conviven en las distintas cárceles del país.