El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social desembolsa al año más de 34.5 millones de dólares a 7 empresas médicas, la mayoría de ellas controladas por el propio Seguro y allegados al régimen Ortega-Murillo, para que a los pacientes con insuficiencia renal crónica les realicen hemodiálisis, un procedimiento que suplanta la función de los riñones pero no los cura. Para salvarse necesitan un trasplante de riñón. Sin embargo, la aplicación de la Ley de Donación y Trasplante, después de nueve años de aprobada, continúa siendo tan limitada que no existe un banco de órganos, ni siquiera lista de espera, lo que abre las puertas al negocio. Un año y medio de tratamiento con hemodiálisis equivale al costo de trasplantar un riñón. Para los enfermos eso significa una condena a vivir y morir conectados a una máquina
Por Divergentes (@DivergentesCA)
1 de septiembre 2022
El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social desembolsa al año más de 34.5 millones de dólares a 7 empresas médicas, la mayoría de ellas controladas por el propio Seguro y allegados al régimen Ortega-Murillo, para que a los pacientes con insuficiencia renal crónica les realicen hemodiálisis, un procedimiento que suplanta la función de los riñones pero no los cura. Para salvarse necesitan un trasplante de riñón. Sin embargo, la aplicación de la Ley de Donación y Trasplante, después de nueve años de aprobada, continúa siendo tan limitada que no existe un banco de órganos, ni siquiera lista de espera, lo que abre las puertas al negocio. Un año y medio de tratamiento con hemodiálisis equivale al costo de trasplantar un riñón. Para los enfermos eso significa una condena a vivir y morir conectados a una máquina
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La última cirugía que le hicieron a José, de 52 años, no resultó como esperaba. Al despertarse, sintió un picor en la garganta que le hace toser cada vez que habla. La intervención consistió en colocarle un catéter en la yugular. Una solución momentánea para mientras le hacían una nueva fístula –una conexión en la arteria– en el brazo derecho que sirve para que le puedan realizar la hemodiálisis, un procedimiento médico que sustituye la función de los riñones: una máquina filtra los desechos de la sangre y mantiene el equilibrio en los niveles de sales y agua en el cuerpo.
“Sólo dejo de toser cuando estoy comiendo”, dice José, que padece insuficiencia renal crónica (IRC) desde hace más de 15 años. Los dos riñones no le funcionan. Por esa razón, día de por medio, José se levanta a las cuatro de la mañana para que le hagan la hemodiálisis en un hospital privado que cubre el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
En Nicaragua los diagnosticados con IRC, como José, tienen pocas opciones para sobrevivir. Necesitan un trasplante de riñón, pero en el país no existe un banco de órganos ni una lista de espera para poder ser trasplantado. Sí existe la Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, aprobada desde 2013, pero tiene alcances limitados. No hay campañas para donación de órganos ni muchas instituciones donde pedir información. Según un estudio de la Sociedad de Trasplantes de América Latina y el Caribe (STALYC) y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión (SLANH) que recogió datos hasta 2016, Nicaragua no tiene estructura nacional de donación y trasplante de órganos, ni centros de formación para nefrólogos (especialistas en riñón).
Mientras tanto, los enfermos trasladados a empresas médicas privadas para tratamiento de hemodiálisis siguen acumulándose: 3,481, según el anuario estadístico 2020 (el último que se ha hecho público) del INSS. “Si existen miles de pacientes que reciben hemodiálisis quiere decir que la Ley de trasplante no está funcionando”, dice José.
Los trasplantes de donantes vivos sólo se pueden hacer entre personas con hasta el cuarto grado de consanguinidad o al segundo de afinidad. En el caso de los donantes fallecidos deberán haber manifestado la voluntad de donar sus órganos ante el Sistema de Registro Nacional de Donación de Órganos, Tejidos y Células. Sin embargo, no existe registro ni información de un sistema para recepcionar órganos y tejidos de donantes cadavéricos en Nicaragua. En tanto, con los donantes vivos, el problema es que no siempre existe un porcentaje alto de compatibilidad entre familiares de sangre o cónyuges. Y sin ese requisito es imposible realizar trasplantes. Cuando esa puerta se cierra, no hay salida. Entonces los enfermos con IRC se aferran a la máquina para realizarse hemodiálisis el resto de su vida. En otros países, la hemodiálisis funciona como una terapia sustitutiva, es decir, para mientras llega el riñón que le salve la vida al enfermo. En Nicaragua es una de las pocas opciones para no morir.
La IRC acabó con la vida de 1,804 personas en 2021, la sexta causa de fallecimiento más común ese año en Nicaragua. Algunas estimaciones apuntan a que en el país hay unos 20,000 enfermos que necesitan hemodiálisis. Sin embargo, en los hospitales públicos se atienden solamente 2,270 personas. Los demás reciben hemodiálisis en el Seguro, pagan el tratamiento en un hospital privado o les practican diálisis peritoneal– un proceso manual, doloroso y con bastante peligro, en el que le colocan una sonda para filtrar los líquidos–, una terapia que se ocupa en los hospitales públicos porque su capacidad para hacer hemodiálisis es limitada. Por esa razón, pese al desgaste que provoca en el cuerpo, los pacientes con acceso a hemodiálisis son considerados privilegiados por otros que mueren esperando por este tratamiento en un hospital público. “Sin la hemodiálisis ya me hubiera muerto, pero ha sido un calvario todos estos años”, dice José.
La hemodiálisis no solo es una condena de dolor y muerte para los diagnosticados con IRC. También representa un negocio para unos pocos. Un cálculo realizado por DIVERGENTES con base a datos recopilados– en clínicas privadas y documentos del INSS– indica que el Seguro desembolsa más de $34.5 millones anuales a 7 clínicas privadas y de capital mixto para que les realicen hemodiálisis a los pacientes con IRC. Esto sin contar otros gastos médicos. Para el Seguro Social, un paciente con IRC representa un costo promedio de $10,800 dólares anuales solo en tratamiento de hemodiálisis, mientras que un trasplante cuesta entre $15,000 y $20,000 mil dólares. Es decir, el costo de un año y medio de hemodiálisis equivale al valor del trasplante de riñón que les puede salvar la vida.
El INSS ha desembolsado en estos 15 años al hospital privado donde atienden a José al menos $237,600 dólares por las hemodiálisis. En ese centro los costos de cada sesión son más altos ($110, cuando en otro hospital cuesta $75). Este cálculo no incluye las consultas médicas, las pastillas de tratamiento y las casi 10 cirugías que le han hecho para colocar catéteres o fístulas, entre otras intervenciones quirúrgicas que incluyeron recuperaciones dentro del hospital.
El flujo de dinero que sale del INSS para las hemodiálisis es cada vez más difícil de costear, según los propios funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. De hecho, ya en diciembre de 2020, Bayardo Arce, entonces asesor económico del régimen, advirtió: “Aquí se tendrá que volver a poner sobre la palestra (la reforma al Seguro), si no este año de 2021, en 2022. La verdad es que no se puede mantener un plan de beneficios sociales sin suficientes empleos y cotizantes”. Fue precisamente la crisis financiera del INSS la que originó las protestas en abril de 2018. Ese año las finanzas del Seguro cerraron con el mayor déficit de su historia: C$4.739 millones de córdobas ($146,58 millones), un lastre que había obligado al régimen a aprobar una reforma para aumentar el aporte proveniente de la pensión de los jubilados. No obstante, poco ha cambiado desde entonces. El año pasado cerró con un déficit de C$2.905 millones ($82 millones), el tercero más alto de la historia. Unos números que reflejan que en los últimos años la entidad ha gastado más de lo que recibe.
Para justificar la reforma al INSS que aprobó en febrero de 2019, el régimen difundió un documento llamado “Protegiendo el bienestar de los asegurados y pensionados”. En ese escrito se informó que, en ese momento, 3,200 personas recibían tratamiento de hemodiálisis. Un año antes, el 20 de abril de 2018, el diario oficial del régimen publicó un artículo en el que reveló que cada sesión de hemodiálisis tiene un costo de $75 en el hospital Cruz Azul. Estas fueron las cifras que nos permiten realizar los cálculos de los costos anuales que representan para el INSS mantener esta terapia.
La IRC se ha convertido, aún sin una explicación concreta, en un problema de salud regional. Un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) determinó que, entre 1997 y 2013, hubo 60,000 muertes en Centroamérica a causa de IRC, lo que llevó a catalogarlo como “epidemia”. Desde entonces, en Nicaragua los diagnósticos se han aumentado en más del doble y las muertes se han ido incrementando, aunque en porcentajes menores.
José camina despacio y casi no sonríe. Aparenta más edad que los 52 años que tiene. Los 15 años de hemodiálisis lo han minado: la cara arrugada, la piel estirada, el abdomen abultado. La enfermedad lo golpeó cuando trabajaba para una librería. Y desde entonces recibe una pensión de C$9,800 ($276), que apenas le da para comer y para pagar algunos medicamentos que no le da el hospital. Los enfermos de IRC deben tener una dieta baja en líquidos y sales que muchas veces es costosa. “Tener dinero influye bastante en vivir más años para un enfermo crónico”, dice José.
En su casa se encarga de los quehaceres mientras su esposa trabaja. Dice que le gusta cocinar porque lo distrae y quiere sentirse útil. El problema ahora es que la tos persistente le está impidiendo hacer ciertas actividades, entre ellas, poder comunicarse. Los médicos le han dado diferentes diagnósticos al respecto. Todos asociados a la IRC o a las intervenciones que le han hecho por las hemodiálisis. Un otorrinolaringólogo le dijo que durante la operación le tocaron un nervio que le provoca toser seguido. Otro doctor le dijo que es posible que sea la tiroides porque sus últimos exámenes resultaron alterados. Y el cardiólogo le diagnosticó taquicardia supraventricular: el corazón le late tan rápido como si estuviera corriendo aunque él se encuentre sentado, descansando. La tos persistente está asociada a la rápida frecuencia cardíaca, según el médico. Las consultas con los especialistas y los medicamentos son costosos, por lo que su perspectiva sobre el futuro no es alentadora: “los enfermos terminales morimos como las chicharras, que mueren pegadas al árbol”, y añade: “la diferencia es que nosotros no morimos pegados a un árbol, sino a una máquina de hemodiálisis”.
Tres meses después de haber dicho estas palabras, José fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital privado de Managua por un paro cardíaco y daño pulmonar. Después de varios días hospitalizado, falleció en la mañana del 17 de agosto.
Chichigalpa es tierra caliente. Su temperatura oscila entre los 24 y 34 grados centígrados todo el año. Es un municipio del occidente del país, en el departamento de Chinandega, que ha nacido entre los cañaverales del Ingenio San Antonio, de la Nicaragua Sugar Estates Limited (NSEL, por sus siglas en inglés), cuyo propietario es Carlos Pellas, uno de los hombres más ricos de Nicaragua. Hasta hace unos años Chichigalpa era conocido como “la tierra del ron Flor de Caña y el azúcar”, pero ahora los extrabajadores del ingenio le llaman “la tierra del mal de los cañeros”: la IRC.
El año pasado se detectaron 1,399 casos nuevos de IRC sólo en Chichigalpa. Es la segunda enfermedad crónica que más afecta al municipio, sobre todo en población masculina, y la segunda causa más común de muerte. De las 316 personas que murieron en este pueblo el año pasado, 79 fallecieron por IRC. Un 25% de todas las muertes son por el mal de los riñones.
“Aquí todos los hombres estamos pegados (con IRC)”, dice Andrés Blanco, de 33 años de edad. Vive en el barrio Carlos Fonseca de Chichigalpa, donde las casas se construyeron en medio de los cañaverales. Por donde se ponga la vista hay plantíos de cañas. Las casas están ubicadas en fila, pegadas unas con otras, por lo que los mismos pobladores le han puesto como apodo “El Chorizo”.
Andrés Blanco fue detectado a los 17 años de edad con elevados niveles de creatinina, un compuesto que revela cómo están funcionando los riñones por medio de exámenes de sangre. Hace algunos años, cuando las decenas de muertos por IRC no se podían ocultar, el ingenio comenzó a realizar pruebas a los trabajadores antes de cada zafra -temporada de corte de la caña-. Los niveles normales de creatinina de un adulto sano es de 0.7 a 1.3 mg/dL para los hombres y 0.6 a 1.1 mg/dL para las mujeres. La creatinina de Blanco estaba en 1.6 puntos, por lo que no le permitieron seguir trabajando en las zafras del ingenio. Dejar su trabajo no era una alternativa para él debido a que las necesidades en su casa eran–siguen siendo–muchas. Entonces comenzó a trabajar de vez en cuando como albañil. Blanco no tomaba tratamientos y no se hacía chequeos. Un cóctel de descuidos que hizo colapsar sus riñones en 2019.
Los primeros síntomas fueron fiebre y vómitos. Vomitaba más agua de la que bebía. No tenía apetito y bajó de peso rápidamente. Se deshidrató tanto que no podía caminar ni sostenerse por su cuenta. “Estaba con un pie aquí y un pie al otro lado (muerte)”, dice Blanco. La razón es que sus niveles de creatinina alcanzaron 39 mg/dL, cuando lo máximo normal es 1.3. En el hospital lo estabilizaron durante dos meses para que su familia hiciera un contrato en el Seguro que le permitiera acceder a las hemodiálisis. Blanco no tenía derecho al tratamiento porque no cotizó las 250 semanas que, según la Ley del Seguro Social, se necesitan para acceder al tratamiento. “En esos dos meses casi me muero”, dijo Blanco, quien paga mensualmente C$2,000 córdobas ($60 dólares) por el Seguro Facultativo que le permite hacerse la hemodiálisis para sobrevivir.
Desde entonces, Blanco viaja tres veces por semana a León, un departamento ubicado a 47 kilómetros de donde vive, para realizarse el procedimiento en el Centro Nefrológico San José. Esta es una de las 7 empresas médicas que brindan servicios de hemodiálisis al INSS. En 2020, el Seguro asignó a la Clínica San José a 297 enfermos con IRC para administrarles la hemodiálisis, convirtiéndose en la empresa médica que ese año recibió más pacientes por parte del Seguro. Sin embargo, este video publicado por el INSS un año después, en abril 2021, revela que realizan hemodiálisis a más de 1,000 pacientes con IRC. Esto quiere decir que, en solo el año 2021, esta clínica habría recibido por los tratamientos de hemodiálisis unos $10,8 millones.
La Clínica de Nefrología San José fue creada para dar atención exclusiva a los pacientes con IRC. Para ello fue ampliada en 2019 y, a partir de entonces, empezó a recibir de forma masiva pacientes del Seguro que antes se hacían hemodiálisis en otros centros médicos privados. La directora, Martha Toruño, dijo en 2019 a El Nuevo Diario que la clínica “pretende acercar el servicio a los pacientes de áreas lejanas de occidente que antes se atendían en unidades de salud de Managua”. Toruño informó que el centro iba a contar con 130 sillas para el tratamiento, con las cuales se iban a atender a 1,426 pacientes que necesitan hemodiálisis. DIVERGENTES llamó a la oficina de Toruño para conocer quiénes son los socios, entre otros datos actuales del número de pacientes que atienden, pero cuando se informó del nombre de este medio, colgaron la llamada.
Los otros dos centros que recibieron más pacientes fueron el Hospital Bautista (216) y el Hospital Cruz Azul (184), que ya tiene en Managua un centro nefrológico para atender a pacientes con IRC, igual que el ya mencionado Centro Nefrológico San José, de León. Ambos centros pertenecen a Servicios Médicos Especializados (Sermesa), que aglutina al menos a 4 hospitales y otras empresas médicas previsionales adquiridas por el INSS desde que Daniel Ortega regresó al poder en 2007. Por la habitual opacidad del régimen, no existe transparencia de cómo se hicieron estas compras. Hasta 2014, el militar retirado Roberto López era el socio mayoritario de la Distribuidora Cruz Azul, con el 60% por ciento de las acciones. López es actualmente el presidente del INSS. Las fuentes farmacéuticas consultadas aseguran que las empresas de Sermesa funcionan con capital mixto: del propio Seguro y socios privados allegados al régimen. Actualmente, no se sabe quiénes son esos socios.
Hay informaciones que apuntan a contratos preferentes y negocios turbios que benefician o de los que se lucra Cruz Azul. Una investigación de Connectas reveló que la distribuidora de medicamentos de Cruz Azul fue beneficiada por tres contratos que ascienden a $1,2 millones del Ministerio de Salud (Minsa) para adquirir medicamentos durante la emergencia de la pandemia. Y por otro lado, dos empresarios farmacéuticos confiaron, en condición de anonimato, que la Distribuidora Cruz Azul compra medicinas a empresas privadas para luego revenderlas al INSS con un precio más elevado. DIVERGENTES realizó una solicitud para una entrevista con la dirección del hospital Cruz Azul, pero no fue respondida.
En el artículo de El 19 Digital, publicado en abril de 2018, se informa que solamente en este hospital se realizaban 3,900 sesiones de hemodiálisis al mes, cada una por un costo de $75 dólares “que son desembolsados por el INSS al centro hospitalario por cada paciente”. El director de Hemodiálisis dijo al diario oficial que en el primer cuatrimestre de 2018 “ya llevamos C$23 millones de córdobas que la Seguridad Social nos ha pagado a Sermesa para la atención de estos pacientes. Aquí se les brinda el medicamento, se les brinda la atención médica, atendidos por un especialista”.
En concreto estos datos arrojan que sólo ese año (2018) el INSS desembolsó $3,5 millones al hospital Cruz Azul para la atención de 359 pacientes con IRC. En los dos años siguientes las atenciones aumentaron significativamente. Hasta junio de este año atendían unos 630 enfermos con IRC, según información publicada por el propio Seguro, lo que representan unos $6,8 millones anuales.
Las estadísticas muestran también que las empresas médicas controladas por allegados al régimen Ortega-Murillo han desplazado a otros hospitales privados en cuanto a pacientes asignados por el Seguro para realizar hemodiálisis. En los últimos años, el centro Cruz Azul ha crecido mucho más en atenciones al igual que la Clínica San José, según datos del INSS, que, además, trasladó en 2018 a pacientes que se atendían en el hospital privado Vivian Pellas hacia otros centros. Desde entonces, la institución no asigna a más pacientes que necesitan hemodiálisis en este hospital. DIVERGENTES hizo una solicitud de entrevista al hospital Vivian Pellas para preguntar sobre el motivo de los traslados. Sin embargo, no se obtuvo respuesta. En junio de 2018, cuando el INSS trasladó a los pacientes, Agnes Saborío, gerente de calidad del hospital, respondió al diario La Prensa que no habían recibido notificación oficial del Seguro Social. Saborío comentó que en los dos meses anteriores la institución pública se había retrasado con los pagos, pero a pesar de esto, el centro continuaba atendiendo pacientes con hemodiálisis.
En Chichigalpa, Andrés Blanco vive con su esposa y sus tres hijas en la casa de sus padres. Es un solar de piso de tierra y algunos árboles, donde han construido un cuarto de bloque y cemento para tener algo de privacidad. Que viva con su familia completa no es un dato menor, dice. Varios de los cañeros entrevistados dijeron que sus parejas o familiares los abandonan porque la enfermedad también los desgasta. Son largas jornadas en los hospitales, día de por medio, cuando les hacen hemodiálisis. “Dicen que ya no servimos y nos dejan solos, pero gracias a Dios no me ha pasado”, dice Andrés. Su esposa trabaja en una maquila en las afueras del pueblo. Es la única que genera ingresos en su familia. El pago del Seguro Facultativo para que él tenga acceso a la hemodiálisis se lo ajustan todos los meses sus dos hermanos mayores. “Si no pago el tratamiento me muero”, dice.
En el patio de su casa, Andrés corta leña para atizar el fuego donde ha colocado una olla con frijoles. Es mediodía en el barrio El Chorizo, y se apura porque a las 2:30 p.m., tiene que estar en la plaza del pueblo, donde aborda el bus que asigna la Alcaldía para transportar a una parte de los enfermos del municipio a la clínica San José, en León. De la otra parte se encarga el ingenio. Entre las cuatro y las siete de la tarde, Blanco pasa tres horas conectado a la máquina.A su casa llega dos horas después. Exhausto, con dolores en las rodillas, y en busca de comer “lo que comen los pobres: lo que sea”, explica.
Los que lo conocieron de joven dicen que Julio Cadena, 60 años de edad, medía unos 15 centímetros de altura más de lo que mide ahora. Dicen que era un hombre fuerte y robusto, acostumbrado a faenas de trabajo largas e intensas en el ingenio azucarero San Antonio, de Chichigalpa. “Yo regaba veneno desde helicópteros para las plagas de los plantíos de caña”, dice Cadena.
Cadena tiene la piel morena ceniza, los ojos saltones y amarillentos. Permanece en su casa, sentado en una silla de ruedas. Su esposa lo ayuda a levantarse y a caminar. Los 21 años que lleva en tratamiento de hemodiálisis, dice, le arruinaron los huesos. Hace algunos años se puso mal: le dolía cualquier roce con su rabadilla, y fue cuando el Seguro le asignó una inyección para el dolor después de cada sesión. Es decir, después de cuatro horas de hemodiálisis, lo inyectan, pero Cadena dice sentirse “feliz” porque le alivia los dolores.
“A mí nunca me hablaron de la posibilidad de un trasplante de riñón”, responde Cadena. “Pero no creo que se hubiera podido porque todos mis hermanos y varios familiares también han muerto de los riñones”, agrega.
Para Cadena la alternativa del trasplante nunca existió. Su lucha siempre ha sido en contra del ingenio porque asegura que es el responsable de su enfermedad. Dice que durante 11 años trabajó lavando los cañaverales con aguas negras –tuberías antiguas mezcladas con desechos–, y por eso dice que “la azúcar del Ingenio está envenenada”. Así como él hay cientos de extrabajadores que culpan a la empresa.
La IRC tiene relación con la obesidad, diabetes e hipertensión, pero en Chichigalpa el denominador común es el trabajo extenuante en el ingenio azucarero. Medios internacionales han realizado varios reportajes que relatan el drama de los cañeros de Chichigalpa. Las investigaciones científicas elaboradas hasta el momento han apuntado a las condiciones laborales y al exceso de horas de exposición a altas temperaturas, como una de las posibles causas, que se suman a otras como las relacionadas con el cambio climático, por ejemplo. Sin embargo, no existe un consenso unánime sobre los factores que inciden en la altísima cifra de enfermos en esta zona. A la empresa tampoco le gusta hablar del tema y prefiere destacar los empleos que genera en el pueblo.
Cadena tiene marcas en el cuello por los catéteres y por las cuatro operaciones que le han hecho desde que va a terapia. También en sus brazos tiene las cicatrices por las fístulas, como la tienen ya centenares de hombres en este pueblo. Cuando se le pregunta cuál es su deseo, él responde que una silla de ruedas nueva y un andarivel para poder levantarse y andar sin la ayuda de su esposa. Una de las pocas cosas que lo hace sonreír es el parloteo de un chocoyo que lo levanta, cada tres días, para que vaya a su tratamiento de hemodiálisis.
A José Urrutia le trasplantaron un riñón donado por su hermano hace más de 22 años. Es la primera persona a la que le hicieron un trasplante de riñón en Nicaragua. Había sido diagnosticado con IRC a los 33 años de edad y llevaba más de dos años en el programa de hemodiálisis. Hasta que un día el médico cirujano, de origen cubano, Silvio Rodríguez González le propuso a Urrutia hacer la operación. DIVERGENTES contactó a Urrutia, pero no quiso hablar. Sin embargo, sí lo hicieron familiares y amigos de José que comentaron cómo se encontraba después de más de 20 años de la operación.
Rodríguez y otro grupo de ocho médicos, entre ellos nefrólogos, anestesiólogos y cirujanos, le dijeron a Urrutia que este primer trasplante iba a servir “para saber si era más rentable el trasplante o mantener el programa de hemodiálisis”, según fuentes de su familia. Ellos, al principio, no querían porque prácticamente iba a servir de “conejillo de indias”, pero él estaba decidido. Cuatro hermanos se hicieron exámenes para determinar la mejor compatibilidad. El mayor fue el indicado. “Tenían una compatibilidad de más del 90%. Era casi su clon”, dijo el familiar de Urrutia.
La operación se realizó el primero de febrero del año 2,000, en el hospital privado Salud Integral. Salió bien y Urrutia regresó a su vida normal. Volvió a trabajar en horario completo, sin dietas tan estrictas y al deporte que practicaba desde niño: pescar buceando. “He aquí el amigo trasplantado, ahora todo un pescador jaja”, escribió Rodríguez en su Facebook, acompañado de una foto de Urrutia con un pez en las manos, con motivo del 22 aniversario de esta cirugía. “Hoy ya 22 años de trasplantado, y mi vida aún sigo de pie viendo crecer a mis hijas, disfrutando de buena salud y sobre todo estar dando testimonio de que el trasplante es darse otra oportunidad de seguir viviendo sanamente, gracias doctor Silvio (…) gracias a sus otros colegas que son dignos de admiración. Dios los bendiga”, le respondió Urrutia.
Según la familia de Urrutia, él tiene ahora 58 años. Un familiar dice que “ya hubiera muerto si no se hubiera realizado con éxito el trasplante”. Y, de hecho, “casi todos los compañeros que estaban con él en el programa de hemodiálisis ya murieron”, agregó un familiar. Los testimonios muestran que los pacientes que reciben hemodiálisis generalmente sufren cuando las arterias colapsan y les cambian las fístulas. Se les forman hematomas y varices gruesas. Está clínicamente comprobado que la hemodiálisis erosiona el cuerpo, provoca tumores periódicos, problemas de tiroides, artritis y mareos.
El médico Silvio Rodríguez aseguró, en una entrevista en 2011, que el grupo de médicos al que pertenece había realizado hasta ese momento 31 trasplantes de riñón. “Esta es una cifra modesta, si la comparamos con otros países como Costa Rica, Panamá, Cuba, pero con muy buenos resultados”, dijo. En una Memoria publicada por el hospital Salud Integral en 2013 explicó que el trasplante “hoy por hoy sigue siendo, entre los distintos tratamientos de sustitución renal (diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante), la primera opción terapéutica para estos enfermos, tanto desde el punto de vista económico, de una menor morbilidad, así como desde el punto de vista de recuperación del paciente y su posterior reincorporación a la sociedad”.
Las palabras del doctor Rodríguez han caído al vacío en Nicaragua. Hace dos años, en 2020, se registraron sólo dos personas trasplantadas. Sin embargo, 799 ingresaron al programa de Terapia Sustitutiva Renal (hemodiálisis). Esto no ha sido una solución para frenar las muertes. Solo en ese mismo año, los fallecidos en este programa ascendieron a 690. Es decir, apenas 109 personas menos de las que ingresaron a este tratamiento.
José Urrutia siguió tomando medicamentos para nivelar el sistema inmune y la tensión arterial. Todos se los proporciona el INSS. El último ultrasonido renal mostró que su riñón funciona de forma normal. No hay quistes, ni inflamaciones, ni retención de líquidos y sus valores son estables. Un nefrólogo lo revisa tres veces al año y siempre ha salido bien en los exámenes que le realizan. Su hermano, quien le donó el riñón, tampoco ha presentado problemas de salud.