Francisco Paiz abre sus dos brazos para dar una idea de lo largo y ancho del cuarto que alquila. Está afuera de su casa, pero no muestra el lugar porque dice que adentro “parece chiquero”. Es lo único que puede pagar con su pensión reducida de 3,730 córdobas mensuales (105 dólares) que recibe del Seguro Social. Paíz tiene 68 años y habita en el barrio Santa Rosa de Managua, donde los vecinos lo conocen por “Barba”, por las hilachas de pelo largos ahora de color blanco en su rostro. “Si no pago el cuarto ya me sacan los calaches a la calle”, dice el hombre en tono de broma, como si se burlara de sus propias desgracias. Por el cuarto le cobran 700 córdobas mensuales (20 dólares). El resto del dinero lo utiliza para pagar los alimentos que le dan al crédito en una pulpería. “Me quedan como entre 800 a 1,000 córdobas para sobrevivir todo el mes”, dice Paíz. “Así como está la situación no rinde el dinero que me dan, porque es una poquedad”, se lamenta.
La situación económica es difícil en Nicaragua. La inflación –el alza generalizada de los precios– se situó en 7.21% el año pasado. Esto se tradujo en que el costo de la canasta básica –que incluye 53 productos y está diseñada para una familia de cinco personas: dos adultos y tres niños– tuviera un valor de 16,530 córdobas (465 dólares) hasta enero de este año, según estadísticas del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide). Entre enero de 2021 y enero de 2022, los productos se encarecieron 45 dólares. Solo el costo de los alimentos fue de 11,334 córdobas (319 dólares). Es decir, la pensión de Francisco Paiz solo le permite acceder a un poco más de un tercio de los alimentos, sin incluir otros productos que ocupa en su casa; vestuario, transporte, entre otros.
La crisis política en la que se encuentra el país desde 2018, sumada a la pandemia de covid-19, provocó que el Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua cayera durante tres años consecutivos (en 2018 en -3.4%, en 2019 -3.7% y en 2020 -2.0%) en una depresión económica, luego de que la economía creciera en un 5% sostenidamente en los años anteriores. El Banco Central de Nicaragua (BCN) asegura que en 2021 el país cerró con un crecimiento económico de entre el 7.5% y 9.5%. Sin embargo, esta recuperación económica no se ve reflejada en el nivel de vida de algunos pensionados, como Francisco Paíz. El mundo plácido que dibuja el Gobierno Ortega-Murillo contrasta con los datos sin precedentes del aumento del flujo migratorio y, a su vez, de la cantidad de remesas que ha recibido el país en el último año.
“Me la dibujo [ingenio] con la pensión que agarro”, dice Paiz, apoyado en un bastón. Hace ocho años le apareció una llaga en el pie izquierdo que, por la diabetes que padece, se le gangrenó. En el hospital le amputaron de inmediato y ahora utiliza una prótesis. De forma similar en los últimos años ha perdido otros dos dedos de su pie derecho. “Todo mi cuerpo se sostiene en los tres dedos que me quedan”, dice. Por esa razón es que no puede trabajar en algo más para generar otros ingresos. Entonces cuenta cómo logra comer con lo poco que recibe: “¿Qué le voy a hacer? Maruchan (sopa instantánea), arroz, frijoles, quesito, algún maduro”… Y agrega: “no me puedo dar el lujo de comprar un pollo”.
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La lucha por una pensión reducida
La pensión reducida o mínima tuvo su génesis con la Unión Nacional del Adulto Mayor (UNAM), que estuvo liderada por Porfirio García, quien murió en octubre de 2018. Este movimiento de ancianos batalló para que el régimen les otorgara pensiones a los adultos mayores de 60 años de edad que no llegaron a las 750 semanas de cotizaciones que establecía la Ley del Seguro Social. Pero no fue fácil. En 2013 realizaron una serie de protestas en las que se tomaron las sedes del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y fueron apoyados por un movimiento de jóvenes organizado desde redes sociales llamado #OcupaINSS. El régimen ordenó el 22 de junio de 2013 a sus turbas vapulear la manifestación. Hirieron a ancianos y jóvenes, y robaron automóviles, cámaras y computadoras.
La indignación nacional que provocó aquella represión llevó a Daniel Ortega a emitir un decreto para otorgar pensiones reducidas. Dos años después, en 2015, la Asamblea Nacional lo convirtió en Ley. Fue un símbolo de reivindicación social. Sin embargo, desde la muerte de Porfirio García el movimiento de ancianos ha quedado desarticulado, según algunos integrantes consultados que hablaron en condición de anonimato. La presidencia de la UNAM quedó en manos de Alma Mendoza, quien era pareja de García. “Pero con ella no hemos podido organizarnos para pedir otras reivindicaciones que necesitamos”, dice uno de los ancianos.
Entre las actuales demandas están subir las pensiones a los jubilados que reciben menos de 5,000 córdobas mensuales (141 dólares), recibir atención médica en clínicas privadas y acceso a otras necesidades como bastones, sillas de ruedas y prótesis. “Queremos que nos atiendan en las clínicas privadas porque en los hospitales públicos llegamos solo a morir”, dice un jubilado de 65 años que el año pasado sobrevivió a la covid-19 en un cuarto de su casa.
Pese a todas las necesidades que atraviesan los pensionados todavía conservan algunos beneficios, además del pago, como préstamos anuales (por la misma cantidad mensual de la pensión que reciben) y renovación anual de anteojos. Actualmente, los pensionados mayores de 60 años son unos 177.000 que reciben una pensión promedio de 6.000 córdobas mensuales. Sin embargo, los datos del BCN hasta 2020 muestran que en Nicaragua hay unos 570.864 adultos mayores de 60 años de edad. Esto quiere decir que 393.864 ancianos no cuentan ni siquiera con estos beneficios del Seguro Social.
Los datos actuales del INSS no invitan al optimismo. El año pasado cerró con un déficit global de 2.905 millones de córdobas, el tercero más alto de la historia. El año con mayor déficit fue 2018, con 4.739 millones de córdobas, lo que precisamente llevó a que el régimen aprobara una reforma para aumentar el aporte de los jubilados que originó las protestas de abril. En 2020 también se registró un déficit de 3.598 millones de córdobas. Estos números reflejan que en los últimos cuatro años la entidad ha gastado más de lo que recibe.
La crisis económica ha llevado al cierre de empresas y esto ha aumentado el desempleo que ha impactado directamente en las finanzas del INSS. Entre diciembre de 2017 y enero de 2022 la entidad ha perdido 133.955 afiliados. Actualmente los empleados reportados en el INSS son 780.241. Pero el descalabro del Seguro no se debe exclusivamente a la crisis desde 2018. De hecho, cuando Daniel Ortega tomó el poder recibió la institución con un superávit de más de mil millones de córdobas. Sin embargo, las finanzas se han ido al suelo por una administración poco transparente señalada de actos de corrupción.
El asesor económico del régimen, Bayardo Arce, dijo en una entrevista al canal VosTV en diciembre de 2020 que era inminente una reforma al INSS para este año 2022 debido a esta crisis que vive la entidad. “Aquí se tendrá que volver a poner sobre la palestra (la reforma), sino este año de 2021, en el 2022…la verdad es que no se puede mantener un plan de beneficios sociales sin suficientes empleos y cotizantes”, dijo Arce.
“La pensión no da para vivir”
Si el Seguro Social le aumentara la pensión a 5.000 córdobas mensuales, Francisco Paíz, el “Barba”, dice que se quedaría tranquilo. “Compro mi comida, pago el cuarto y pasaría tranquilo”, dice. Pero como eso lo ve difícil, cuando no aguanta más, le pide a sus hijos o a una cuñada para ajustar el mes. Con el préstamo anual que le hace el INSS busca saldar algunas deudas pendientes. Pero el resto del año queda resintiendo el pago de 500 córdobas (14 dólares) que le descuentan de la pensión cada mes.
El “Barba” desde joven trabajó en construcción. Empezó como ayudante, albañil y hasta maestro de obra. Fue empleado en varias empresas nacionales como Sovipe y Lacayo Fiallos, y en algunas instituciones estatales. Dice que en todas cotizó semanas, pero después de un tiempo se lanzó a trabajar independiente porque ganaba más dinero. Cuando fue al INSS para saber cuántas semanas había cotizado le dijeron que solamente tenía 450 semanas. Es decir, le faltaban 300 semanas.
Sin duda que la pensión reducida fue algo positivo cuando “Barba” la recibió por primera vez en agosto de 2013. “Pero ya ha pasado mucho tiempo y las cosas están más caras, el dinero simplemente no nos da para vivir”, dice.
El “Barba” camufla su calvicie con una gorra de los Yankees de Nueva York y cuando sonríe su boca solo muestra los dientes inferiores. Dice con precisión que su vida cambió el primero de enero de 2001, cuando lo diagnosticaron con diabetes. Tenía 47 años de edad y desde esa época ha encadenado una serie de infortunios. Años después le amputaron el pie izquierdo y dos dedos del otro pie, por lo que dejó de trabajar. La insulina, dice, lo estaba dejando ciego del ojo derecho. Hace dos años uno de sus hijos y su pareja, con la que tenía 24 años de vivir juntos, murieron en un período de tres meses. “Por eso me vine a alquilar este cuarto”, señala, a punto de llorar, desde la calle del barrio Santa Rosa. “No podía soportar estar en la misma casa donde viví con ella”. Desde entonces vive en el cuarto que no le gusta mostrar. Ahí, en soledad, dice que aguanta cuando la diabetes lo ataca: empieza a sudar a chorros y su vista se le pone borrosa. Lo que hace para curarse es tomar un café amargo o una Coca Cola con sal. “Y así sobrevivimos”, afirma.