Falta menos de tres meses para las elecciones generales en Nicaragua y Marcos, un trabajador del Estado que conversó con DIVERGENTES de forma anónima por su seguridad, reveló que funcionarios públicos que trabajarán en las mesas electorales tiene “la orientación” de hacer ganar a Daniel Ortega y Rosario Murillo a toda costa el próximo siete de noviembre. “No importa si eso implica votar muchas veces o bien anular la Junta Receptora de Votos”.
Desde el inicio de 2021, trabajadores del Estado han participado de actividades político-partidarias durante horario laboral y utilizando instalaciones públicas, a pesar que el artículo 107 de la Ley Electoral lo prohíbe. En el órgano que labora Marcos, el dominio del sandinismo es “inevitable”, así como la exaltación a la figura de los Ortega-Murillo como fórmula presidencial para los próximos comicios, catalogados de antemano como viciados al carecer de competencia y transparencia.
En noviembre de 2020, el gobierno de Ortega instaló las Unidades de Victorias Electorales (UVE) en instituciones públicas para “defender la revolución y el voto… porque en 2021 vamos a garantizar al pueblo el triunfo al FSLN”, según declaró Luis Balladares, secretario político, a medios oficialistas. No obstante, el observatorio ciudadano Urnas Abiertas denunció que estos son espacios de vigilancia política durante las elecciones y dedicados a realizar campañas afines al gobierno en entidades estatales. “Se recibieron reportes de que la conformación de las UVE fueron indicadas como tareas prioritarias y en algunos casos, hasta obligatorias, aunque estas actividades fueron realizadas en su mayoría fuera de horarios laborales y sin remuneración, la negativa de participar podía estar ligada a llamados de atención y despidos inmediatos sin ninguna justificación, según amenazas recibidas”, cita el informe.
– ¿Qué les han dicho sobre la campaña electoral?
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– Desde siempre nos han dicho que va la misma fórmula.
– ¿Les han obligado a votar por el FSLN?
– No, pero cuando te presentas a la JRV siempre está alguien de una institución que ya te conoce o sabe que trabajas para el Estado y te dice ‘ya sabe en cuál casilla votar’…. ya sabes cómo en mensaje subliminal…
En el órgano estatal que labora Marcos, las UVE impartieron “diplomados de historia de Nicaragua”. A su juicio, esto no es más que una preparación para sus bases sandinistas “con el fin de no dar pena” en las entrevistas realizadas por medios de comunicación independientes o internacionales.
Ortega y su rara campaña electoral
Desde que Ortega regresó al poder en 2007, no se le ve en campaña política como un candidato tradicional. El exguerrillero sandinista ha sido esquivo de las entrevistas, periodistas y debates. Pese a que en los años ochenta se dedicó a visitar pueblos, tomarse fotos con las personas y cargar niños. En los últimos años sus apariciones están marcadas por un fuerte aparato policial, en ambientes controlados sin contacto con la población. Sin embargo, el politólogo Pedro Fonseca apuntó que la figura de Ortega-Murillo “pasa todo el año haciendo proselitismo político a través de los medios de comunicación radiales, televisivos, redes sociales y a través de las estructuras barriales y sociales” mediante un culto a la personalidad.
Pese a todo el andamiaje “a Ortega no le interesa hacer campaña política ni el proceso electoral como tal”, según la socióloga Elvira Cuadra, es un requisito necesario ante la comunidad internacional. El pasado 12 de agosto, el Poder Electoral postergó el inicio de la campaña electoral y la redujo de 75 a 40 días. Para el analista político Óscar René Vargas está más que claro que Ortega y los seis partidos políticos comparsas que actualmente participan en la contienda “no tienen necesidad de hacer campaña, porque el régimen ya liquidó el proceso electoral, no tiene contrincante”. Sobre todo, las plataformas políticas “no tienen dinero para hacerlo, los bancos no están prestando”.
“Ortega no necesita hacer campaña si él tiene el monopolio total del CSE, él decide quién gana las elecciones y designa curules en la Asamblea Nacional”, consideró Ariel Sotelo, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). A su juicio, “la gente no va a salir a campañas electorales de partidos colaboracionistas. La campaña electoral prevista es parte de una farsa que han montado los partidos políticos zancudos en coordinación con Ortega”, dijo.
El Calendario Electoral modificado invocando la pandemia de COVID-19 el pasado 12 de agosto establece que el 25 de septiembre iniciará el período de Campaña Electoral en Nicaragua. Expertos advierten que las condiciones en las que se daría una campaña política en el país es totalmente desigual porque el Frente Sandinista se encuentra en permanente propaganda. Además, hay un constante abuso en el uso de recursos estatales con fines partidarios y electorales.
Christiam Roberto López, secretario nacional de comunicación y prensa del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), declaró a DIVERGENTES que no realizarán “mítines ni concentraciones” ante el peligro que representa la pandemia del coronavirus. Más bien “estamos viendo la posibilidad de introducir una solicitud en donde al partido se le permita hacer campañas desde el punto de vista publicitario”. Pero no descartan la intención de visitar municipios del territorio nacional “de una manera distinta”.
Desde que inició la pandemia del coronavirus en 2020, médicos independientes han denunciado “politización” a través del Minsa que violenta el principio altruista de la medicina. Durante la jornada de vacunación opositores, exfuncionarios, defensores de derechos humanos y periodistas han sido fotografiados y viralizados en medios de comunicación oficialistas recibiendo las dosis de la vacuna contra COVID-19. Las publicaciones muestran pleitesía y atribuyen al régimen sandinista la obtención de los inyectables.
Un proceso sin competencia
En Nicaragua no se visualiza un escenario propio de un proceso electoral. Más bien, permanece un ambiente de “temor” ante los constantes hechos de violencia política que ha orquestado la pareja presidencial en coordinación con la Policía Nacional, Ministerio Público y el Consejo Supremo Electoral (CSE), según fuentes consultadas por DIVERGENTES. La propaganda política y abuso en el uso de recursos estatales con fines partidarios y electorales por parte del Frente Sandinista opera día a día dentro de las instituciones públicas.
Una habitante de Managua, consultada de forma anónima, siente que el ambiente electoral es prácticamente nulo. “Lo percibo todo turbio, hay división (de la oposición), complicidad”. Ella considera que “no hay campañas completas ni propuestas políticas- partidarias (de los partidos)”. Desde su percepción no ve espacio para unas elecciones democráticas, “lo más probable es que haya una puesta en escena, pero sin nada de transparencia”.
El proceso electoral en el país avanza según el calendario y al margen de la ola de represión ejecutada por el régimen sandinista. Un especialista electoral consultado por DIVERGENTES de forma anónima por su seguridad manifestó que el contexto de los presentes comicios no tienen ningún antecedente ni en el país ni a nivel latinoamericano. “Si hablamos de elecciones libres, inclusivas, competitivas, con un árbitro electoral imparcial y el goce de las garantías para electores, candidatos y partidos… ninguna de estos atributos están presentes”, afirmó la fuente.
El estado policíaco impuesto en Nicaragua en 2018 durante el estallido de la crisis sociopolítica engulló una parte sustancial en el espectro electoral. En mayo de 2021, el jefe supremo de la Policía Nacional, el comandante Ortega, mediante el CSE atribuyó a esta institución armada la facultad para autorizar marchas o mítines políticos. Mediante el artículo número 89 se estableció que los partidos políticos o alianzas de partidos presentarán solicitud a la Policía Nacional, con copia al Poder Electoral. Deben precisar fecha, hora, día, lugar y trayecto con una semana de anticipación como mínimo. La institución resolvería dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes la presentación de la solicitud.
En lo que va de 2021 el régimen Ortega-Murillo se ha encargado de “eliminar” la competencia y “aniquilar” a la “verdadera” oposición. En un mes el CSE canceló la personería jurídica de dos partidos políticos. El Partido de Restauración Democrática (PRD), cuya casilla 14 era el “vehículo” elegido por la Coalición Nacional para correr en los comicios generales y, el Partido Conservador (PC). Días después, el Ministerio de Gobernación empezó una embestida contra la aspirante presidencial independiente Cristiana Chamorro, bajo la supuesta acusación de “indicios de lavado de dinero” en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Entre el 2 de junio y el 25 de julio, el régimen Ortega Murillo arrestó a siete precandidatos opositores a la presidencia: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Felix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre. Además, encarceló a una treintena de líderes políticos, empresarios, banqueros, periodistas y defensores de derechos humanos.
Proselitismo político
El artículo 107 de la Ley Electoral, que aborda las normas éticas de la Campaña Electoral, establece: “se prohíbe el uso de bienes propiedad del Estado para fines de propaganda política. En las oficinas públicas no podrá hacerse proselitismo político. Los responsables cometan delitos electorales”. Especialistas consultados por este medio aseguran que desde el regreso del sandinismo al poder hay una constante “confusión Estado-partido”.
El experto electoral lamenta que en Nicaragua no existe separación de poderes, Estado de derecho, ni instituciones de control ante las cuales interponer una denuncia que procese y persiga los delitos electorales. “Aquí ni las apariencias se guardan, en todas las instituciones públicas hay propaganda partidaria a vista y paciencia de todos”, dijo la fuente.
El primero de julio de 2021, el observatorio ciudadano Urnas Abiertas denunció delito electoral en las caravanas realizadas con motivo del inicio de las conmemoraciones del 42 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, una celebración partidaria del FSLN que contó con movilizaciones en todo el territorio nacional y se observó “uso de vehículos estatales y caravanas de la Policía Nacional, lo cual infringe su naturaleza apartidista y política”.
