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Nicaragua bajó dos puntos con respecto al año 2020, cuando se ubicaba en el puesto número 22. Nicaragua (20) ha descendido nueve puntos en los últimos 10 años, consolidándose como la tercera dictadura en la región a través de un proceso electoral ilegítimo, abusos sistemáticos de derechos humanos y absoluta concentración de poder en manos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. “Hoy, Nicaragua carece de la transparencia y los controles al poder ejecutivo que requiere para controlar la corrupción”, afirma el informe. A nivel mundial, el país se encuentra en el puesto número 164 de 180. 

“El presidente de muchos años, Daniel Ortega, ha respondido a las acusaciones de corrupción con medidas enérgicas contra los medios, el espacio cívico y las instituciones de supervisión. Los puntajes de Nicaragua en los índices de Libertad de Expresión, Libertad de Asociación y Acceso a la Justicia ahora han caído a mínimos históricos”, concluye el informe.

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021 califica 180 países y territorios de todo el mundo, según la percepción que tienen especialistas y empresarios de la corrupción existente en su país entre mayo de 2020 y mayo de 2021. Desde su creación en 1995, es el principal indicador mundial de corrupción en el sector público.

Se basa en 13 fuentes de datos independientes, como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, compañías de riesgo privado y consultoría, grupos de expertos y otras fuentes, y emplea una escala de cero a cien, donde el cero representa un alto nivel de corrupción y, el cien, corrupción prácticamente inexistente.

¿Cómo se mide el nivel de corrupción?

El proceso de cálculo del IPC se revisa periódicamente con el fin de garantizar su solidez y coherencia en la medida de lo posible. La última revisión, realizada en 2017, estuvo a cargo del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Las puntuaciones asignadas a partir de 2012 son comparables de año en año.

Los indicadores utilizados por los investigadores son: el soborno, el desvío de fondos públicos, el enjuiciamiento efectivo de casos de corrupción, marcos legales adecuados, acceso a la información y protecciones legales para denunciantes, periodistas e investigadores. No mide actividades como el fraude fiscal, el lavado de dinero, el secreto financiero, los flujos ilícitos de dinero sucio u otras formas de corrupción del sector privado.

El informe explica que esto no es una coincidencia. La corrupción permite los abusos de los derechos humanos, desencadenando una espiral viciosa y creciente. A medida que se erosionan los derechos y las libertades, la democracia decae y el autoritarismo ocupa su lugar, lo que a su vez permite mayores niveles de corrupción.

Los datos registrados proyectan que el año pasado trajo ejemplos inquietantes de esto, desde el asesinato de defensores de los derechos humanos y el cierre de medios de comunicación, hasta escándalos de espionaje del gobierno como el Proyecto Pegasus. “Cada vez más, los derechos, controles y equilibrios se están socavando no sólo en países con corrupción sistémica e instituciones débiles, sino también entre democracias establecidas”.

También la pandemia mundial de Covid-19 se ha utilizado en muchos países como excusa para restringir las libertades básicas, y eludir pesos y contrapesos importantes, como ha sido el caso de Nicaragua con el manejo de la pandemia, la vacunación e incluso el formulario que se debe enviar antes de ingresar al país, que les permite negar el ingreso a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos extranjeros. 

El informe concluye que existe una necesidad urgente de acelerar la lucha contra la corrupción si se quiere detener los abusos contra los derechos humanos y el declive democrático en todo el mundo.