En el complejo panorama del derecho internacional, el proyecto de Convención para la Prevención y Sanción de los Crímenes de Lesa Humanidad representa una iniciativa crucial impulsada por Canadá, Reino Unido y algunos países de la Unión Europea. Si bien el camino hacia su adopción enfrenta desafíos significativos, el proceso de negociación actual ofrece una oportunidad estratégica para fortalecer los mecanismos de justicia internacional.

La ausencia de un tratado específico sobre crímenes de lesa humanidad ha sido una limitación significativa en la arquitectura del derecho penal internacional. Esta carencia ha dificultado la persecución efectiva de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente en contextos donde los sistemas nacionales de justicia han sido cooptados por regímenes autoritarios.

El proyecto de Convención, aunque todavía en fase de negociación, propone avances normativos sustanciales que complementarán el Estatuto de Roma. A diferencia de este último, que establece la Corte Penal Internacional, la nueva Convención fortalecerá las capacidades nacionales para investigar y procesar estos crímenes, creando un marco más robusto para la cooperación internacional.

Los elementos normativos contemplados en el proyecto son prometedores, pero requerirán un fuerte compromiso político para su implementación efectiva. Se establecen derechos fundamentales para las víctimas, incluyendo la presentación de denuncias y protección contra intimidaciones, aunque la materialización de estas garantías dependerá de la voluntad real de los Estados para cumplir sus obligaciones.

En el caso de Nicaragua, la Convención podría fortalecer los procesos de jurisdicción universal, como el que se desarrolla actualmente en Argentina contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y su línea de mando. El principio de “aut dedere aut iudicare” y las disposiciones sobre cooperación internacional ampliarían las herramientas jurídicas disponibles, reforzando la capacidad de la comunidad internacional

La sociedad civil nicaragüense enfrenta una coyuntura crítica para incidir en este proceso. El liderazgo de Eslovenia en el impulso de la Convención abre canales potenciales de cabildeo que las organizaciones deberían explorar estratégicamente, aprovechando la experiencia acumulada en la documentación de violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Las disposiciones sobre responsabilidad penal individual y la obligación de los Estados de incorporar estos crímenes en su legislación nacional son elementos prometedores. Sin embargo, la historia nos enseña que la mera existencia de marcos normativos no garantiza su cumplimiento efectivo, especialmente cuando se enfrentan a estructuras de poder arraigadas.

El proceso de negociación de la Convención representa una oportunidad para que las organizaciones nicaragüenses aporten su experiencia en la documentación de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Su participación podría contribuir a que el texto final incluya mecanismos más efectivos de prevención y sanción, basados en lecciones aprendidas de contextos reales.El camino hacia la justicia es largo y complejo, pero cada paso cuenta. La potencial adopción de esta Convención, aunque no resolverá por sí sola los desafíos de impunidad, puede contribuir a fortalecer el arsenal jurídico internacional contra los crímenes de lesa humanidad. La tarea inmediata para la sociedad civil nicaragüense es participar activamente en su desarrollo, manteniendo siempre una perspectiva crítica y realista sobre sus alcances y limitaciones.