El jurista español y experto en Derecho Penal Internacional, Carlos Castresana, considera que para lograr justicia por los crímenes cometidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la apuesta debe ser que algún Estado, como el de Costa Rica, lleven los casos ante la Corte Penal Internacional (CPI) para juzgarlos.
“Los tribunales de Costa Rica, con otros tribunales que quieran ejercer la jurisdicción universal, y coordinados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, puede ser el modelo en el que tenemos que avanzar, aunque por el momento sea un sueño y no esté ocurriendo hoy en día”, ejemplificó Castresana, el jurista que llevó a cabo los casos de jurisdicción internacional de los dictadores de Chile y Argentina, Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla, respectivamente.
Las declaraciones de Castresana tuvieron lugar este martes 18 de febrero en un conversatorio de expertos en derechos humanos y penal internacional para explorar las posibilidades de justicia por los crímenes cometidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además, se habló sobre las posibilidades de hacerlo en Costa Rica, y los avances que se han logrado en Argentina.
El evento contó con la presencia del expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís; la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, Alexandra Sandoval y la exfiscal General y Jefa del Ministerio Público de Guatemala, Claudia Paz y Paz.
Es posible procesar a Ortega y Murillo en Costa Rica
En este conversatorio, la jueza costarricense Rosaura Chinchilla aseguró que Costa Rica podría aplicar la jurisdicción internacional para juzgar los crímenes del régimen de Ortega y Murillo, ya que es firmante del Estatuto de Roma y su Código Penal tiene previsiones sobre genocidio y crímenes de lesa humanidad.
“Se puede procesar a cualquier persona, costarricense o no, que cometa hechos contra cualquier víctima, costarricense o no, en cualquier parte del mundo, siempre y cuando se encuentre en territorio costarricense o Costa Rica gestione su extradición”, explicó la jueza con 30 años de experiencia en materia penal
Chinchilla dijo que, por ejemplo, para iniciar un proceso de extradición es necesario contar con una investigación y un proceso en el que se recopilen pruebas.
Para iniciar un proceso en Costa Rica contra el régimen Ortega y Murillo, Chinchilla explicó que una de las argumentaciones que habría que probar es que en Nicaragua hay una ausencia de justicia, imparcial e independiente.
“Hasta donde tengo conocimiento, en Costa Rica no ha habido casos similares, pero eso no significa que no se tenga el aparato (de justicia) para hacerlo, inclusive hay algunas previsiones en el Código Penal, que en estos casos remite a los tratados internacionales para darles contenido”, aseguró Chinchilla.
Ventajas y desventajas de un proceso en Costa Rica
La jueza remarcó que entre las ventajas de poder llevar un caso como este en Costa Rica se encuentran que el sistema procesal permite las querellas privadas. Esto permite que las víctimas se constituyan cómo acusadoras y planteen o contribuyan a la recopilación de pruebas.
Chinchilla dijo que otra de las ventajas de esta jurisdicción es que tiene principios de que no se pueden prescribir las conductas o hechos, o la imposibilidad de aducir inmunidad o amnistías. Entre las desventajas, se encuentran el “sistema de parches jurídico” de Costa Rica, con el cual no se ha adaptado la estructura de juzgamiento. “Por ejemplo, no hay previsión de la normativa de en dónde se van a tramitar este tipo de procesos, o en qué despachos en particular, pero que podría ser saldado”, agregó.
El impedimento que podría ser grave para este proceso puede ser “el alegato de una cosa juzgada”. Esto, porque en Argentina ya se está llevando a cabo un proceso similar.
“El gran obstáculo es que el sistema de Costa Rica no permite el juzgamiento en rebeldía, o en ausencia: es necesario que las personas estén acá o traerlas, a través de un proceso de extradición activa, que permita a un tribunal emitir una orden de captura”, recordó.
La experta en Derecho Penal dijo que los países o territorios más cercanos al hecho delictivo, en este caso, Costa Rica es el país más cercano a Nicaragua, por territorio y cultura, “van a tener muchísima mayor facilidad de investigar, que otros países que se encuentren más distanciados”.
“Que los criminales no puedan viajar tranquilamente”
Castresana cree que un escenario ideal sería que la Fiscalía de la CPI sea capaz de coordinar sus investigaciones, junto a otros estados, en el que se combinen la fuerza extraordinaria de la jurisdicción de este organismo y la ejecutividad de las investigaciones de las fiscalías de los Estados.
“No es el mejor momento para plantear esto, pero es el futuro: que las jurisdicciones que establecen garantías de juicios justo y el debido proceso, de Estados democráticos, se activen, se coordinen, y que entre todas, junto con las jurisdicciones internacionales, sean capaces de tejer una red cada vez más espesa que hagan, como mínimo, que los criminales internacionales no puedan viajar tranquilamente, y antes o después, alguno de ellos va cayendo, y eso es lo que puede producir los cambios en Nicaragua”, añadió.
Castresana advirtió que, dado a la realidad de Nicaragua–donde todos los poderes del Estado son dominados por la pareja en el poder– no se va a producir ningún cambio en el corto plazo. Esto, porque, por ejemplo, los aparatos de justicia de Nicaragua están totalmente controlados por Ortega y Murillo, y por lo tanto, no perseguirán ni procesarán a los responsables de crímenes de lesa humanidad que sean colaboradores del régimen.
Sin embargo, el jurista dijo que los abogados o fiscales que se ocupan de los derechos humanos “no somos cazadores, sino pescadores”, que tienen que preparar casos con base en pruebas contundentes y luego “tender una red para que los peces entren”.
Investigar, acumular pruebas y esperar “un golpe de suerte”
Castresana señaló que “nunca se sabe dónde se va a detener a un individuo: en una conexión de vuelos o en un aeropuerto internacional”. Lo importante es hacer el trabajo: investigar, acumular pruebas, y luego hay que esperar que la circunstancia propicia se produzca, dijo Castresana.
Un ejemplo de esto fue la detención de Pinochet en Londres, en 1998, cuando fue arrestado por más de un año, por una orden de captura del juez Baltasar Garzón, quien buscaba someterlo a un juicio por los asesinatos de varios ciudadanos españoles ocurridos durante su dictadura.
“No se sabe si Pinochet fue a Londres a operarse o por negocios, o por las dos cosas… Porque el golpe de suerte se puede presentar, pero tienes que estar preparado, porque de otra manera se puede escapar”, apuntó el también defensor de derechos humanos.
Castresana sugirió que hay que crear una dinámica que cuestione el sistema de impunidad en Nicaragua, y eso se hace con órdenes internacionales de captura, que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) puede tramitar, revelar el enriquecimiento de ilícito de los responsables del régimen o tomar medidas de congelación de fondos. “Es decir, una dinámica procesal que tarde temprano tiene que producir resultados en el ámbito político”, añadió.
Caso en Argentina: 15 órdenes de detención internacional
Desde 2022, en Argentina se abrió un caso para denunciar al régimen Ortega-Murillo, amparado en el principio de jurisdicción universal que permite a los países juzgar crímenes de lesa humanidad independientemente de dónde se hayan cometido.
Los crímenes de los que está acusado el régimen incluyen “asesinato, privación grave de la libertad, desaparición forzada de personas, tortura, deportación o traslado forzoso de población y persecución de un grupo o colectividad”. Desde que se abrió la causa, la querella ha presentado tanto evidencias como el testimonio de víctimas que han declarado bajo reserva de identidad.
El pasado 30 de diciembre, un juez ordenó la captura internacional de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua.
El juez argentino Ariel Lijo solicitó a Interpol que pida la captura de la pareja presidencial a través del sistema de alertas rojas y los citó a declarar. Además, pidió también la detención 13 colaboradores por la “violación sistemática de derechos humanos”.
Los colaboradores son: Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, Julio César Avilés, jefe del Ejército; Francisco Díaz, jefe de la Policía, Sonia Castro, exministra de Salud; Néstor Moncado Lau, asesor presidencial, Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua; Roberto López; director del Segurona Social, Óscar Balladares, inspector general del Ejército, y al ministro de Transporte, Óscar Mojica.
“Plan sistemático y generalizado de violenta represión”
Otros señalados son el comisionado general de la Policía, Ramón Avellán; el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno; la presidenta de universidades, Ramona Rodríguez; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos; y la exdirectora de la Policía, Aminta Granera.
La secretaria de la Fiscalía a cargo de este caso, Florencia Zrycki, informó durante este conversatorio que entre los avances que han tenido están la determinación de los hechos y responsabilidades, que las víctimas puedan alzar la voz en el marco de un proceso judicial y sentar las bases de un proceso futuro.
El fiscal federal argentino a cargo de este caso, Eduardo Taiano, dijo que actualmente se ha concluido que la pareja presidencial, junto a las fuerzas de seguridad desde 2018 “llevaron a cabo un plan sistemático y generalizado de violenta represión contra la población civil de la república de Nicaragua, cuyo objeto era la disuasión de manifestaciones sociales y la persecución a sectores políticos disidentes”.