Nicaragua no tendrá bosques en los próximos 20 años, si continúa el ritmo de deforestación que ha sufrido en los últimos años, advierte Amaru Ruíz, biólogo y director de la Fundación del Río, durante la presentación de la investigación Bosques en Venta: la corrupción y el colapso de la gestión forestal en Nicaragua, del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA).
El estudio revela que actualmente solo el 24% del territorio nacional tiene cobertura forestal, frente al 42% de cobertura boscosa que había en el año 2000 y el 75% de cobertura boscosa que había en 1969. Es decir, cada 10 años se pierde el 10% de los bosques del país.
Sin embargo, la pérdida de bosques se concentró principalmente entre 2015 y 2022, con una deforestación del 2.56% anual. Solo en 2023, se perdieron 60 000 hectáreas de bosques prístinos, es decir de los sistemas ecológicos mejor conservados del país.
“Tenemos la tasa más alta de rapidez de deforestación. Nicaragua es el país que más rápido deforesta sus bosques en América Central y el segundo país a nivel de Latinoamérica”, señala Ruíz.
Recibe nuestro boletín semanal
Nueva Segovia y RACCN son principales zonas de extracción
Hasta 2022, el Instituto Nacional de Información (Inide) reportó la existencia de 110 industrias forestales en todo el país. El 30% de ellas se encuentran en Nueva Segovia, 16% en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), 9% en Estelí, el 8% en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), 6% en Chontales y 30% en el resto de departamentos.
En ese mismo año, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) otorgó 1 007 permisos para extracción de madera a dichas empresas y autorizó la extracción de 98 389 metros cúbicos de área boscosa.
El 64% de esa madera provino en su mayoría de Nueva Segovia y la RACCN. “Más de 6 trozas de cada 10 trozas de madera vienen de Nueva Segovia o de la RACCN”, señala el biólogo.
Dicha extracción significó un ingreso de 41 millones de córdobas para las empresas solo en 2022, de acuerdo con Inide.
Las exportaciones de este producto alcanzaron los 15 millones de dólares y los principales destinos fueron India, Guatemala, Estados Unidos, El Salvador y China.
Administración de los bosques a cargo de la Presidencia
Si bien la explotación de los bosques es una problemática que enfrenta Nicaragua desde los 2000, con la llegada del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en 2007, esta se acrecentó, junto con la corrupción en el sector forestal, expone el estudio.
En 2008, Daniel Ortega, a través del Decreto Presencial 69-2008, levantó la veda de la extracción de árboles de pino de manera inconstitucional.
Solo dos años antes, en 2006, la Asamblea Nacional había aprobado la Ley 585, Ley de Veda para el Corte, Aprovechamiento y Comercialización del Recurso Forestal. Esta ley protegía las especies caoba, cedro, pochote, pino, mangle y ceibo; y fue aprobada “debido a la alarmante explotación irracional de los recursos forestales”.
Ortega continuó anunciando otras series de decretos que ampliaron los límites de la extracción de madera en áreas boscosas protegidas, mantuvo de forma indefinida la suspensión de la veda de corte de pino y la amplió en el caso del cedro real y pochote.
Ortega centraliza gestión de los bosques
En 2014, Ortega realizó una reforma a la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, en la que transfirió a Presidencia la administración forestal de Nicaragua y le quitó la rectoría al Ministerio Agropecuario y Forestal.
También modificó la Ley 462, Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal, en la que ordenó nuevamente que la administración forestal de todo el territorio nacional correspondiera a la Presidencia, y que esta voluntad se ejecutara a través del Instituto Nacional Forestal (Inafor).
De acuerdo con el estudio, el régimen Ortega-Murillo concretó “el poder absoluto de la gestión forestal del país, cercenando el sistema nacional de administración forestal y volviendo a la Comisión Nacional Forestal (Conafor), simplemente un espacio supeditado a las decisiones de Presidencia”.
Además, esta serie de reformas responden favorablemente a los intereses empresariales y comerciales que mantenía el régimen Ortega-Murillo. Esto aumentó los procesos de deforestación de pino en áreas protegidas y la disminución de la disponibilidad de agua en las zonas afectadas, indica Ruíz.
El 40% del negocio de la extracción forestal es ilegal
La extracción ilegal de madera representa entre un 25% y un 40% de los ingresos económicos del sector forestal anualmente, indica la investigación. Es decir, que ese porcentaje proviene de las subastas de madera hechas por Inafor cuando se realiza el decomiso de madera extraída que ha incumplido con lo establecido en la legislación forestal.
“Cuatro trozas de madera de cada 10, provienen de subastas de maderas que fueron decomisadas por ser extraídas de madera ilegal”, explica Ruíz.
Aunque dicha subasta forma parte de un proceso para “legalizar la madera”, lo que el Inafor hace en realidad es el blanqueo de la extracción forestal ilegal, asegura el estudio.
Blanqueo de la madera extraída promovida por Inafor
“Entre el año 2019 y 2020 se tiene evidencia de los productos forestales subastados en las que existe un solo postor participante de los procesos de subasta, aunque puede tener una aparente legalidad, se ha convertido en una forma de legalizar los productos forestales que vienen de incumplimiento de la legislación forestal del país”, amplía.
Además, el Inafor no realiza ninguna acción para prevenir la extracción ilegal de madera y así evitar la subasta de estas, que se supone, tendría que ser el último lugar de destino. No obstante, representa casi la mitad de los ingresos que genera la industria de extracción forestal.