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Daniel Ortega ha vuelto a instalar en su discurso la narrativa de los “16 años de oscuridad” que, según él, vivió Nicaragua bajo los gobiernos “neoliberales”, en particular durante la administración del presidente Enrique Bolaños. En distintos actos públicos, el mandatario responsabilizó a esos gobiernos de una supuesta crisis energética total, mientras presenta al sandinismo como el punto de cambio que “trajo la luz” al país. 

Pero, esta narrativa es falsa: la crisis energética que estalló en 2005 tuvo como detonante acciones promovidas por las propias bases sandinistas, no por los actores que hoy señala el régimen. En Diver-Check te explicamos cómo pasó.

El 15 de enero de 2026, durante la XXVIII Graduación de Cadetes de la Universidad de Ciencias Policiales “Leonel Rugama” de la Policía Nacional, Ortega introdujo un nuevo elemento en su relato. En ese acto señaló que, al asumir el poder, su Gobierno tuvo que reconstruir el país “partir de cero”, pero añadió una precisión que contradice sus señalamientos previos: “Era cierto que no era culpa de don Enrique Bolaños que no hubiera energía, sino que era culpa de los países, y sobre todo, de los países y sobre todo de los Estados Unidos que le prometía a estos gobernantes que le iban a ayudar…, a la hora de la hora no daban lo que prometían”.

En ese mismo discurso, Ortega explicó que “no había energía en el país, no habían plantas eléctricas como para poder cumplir con las necesidades”, por lo que la solución fue recurrir al entonces presidente venezolano Hugo Chávez, quien facilitó plantas eléctricas que originalmente tenían como destino Cuba. Según Ortega, Chávez accedió a otorgarle algunas a Nicaragua como respuesta a la crisis.

El cambio en el señalamiento es evidente. Mientras en discursos anteriores Ortega responsabilizaba directamente al Gobierno de Bolaños, ahora coloca a Estados Unidos como el principal culpable del colapso energético, desplazando la responsabilidad que durante años atribuyó a la “derecha” nicaragüense.

En julio de 2024, durante el acto por el 45 aniversario de la Revolución Sandinista, Ortega aseguró que bajo los gobiernos “neoliberales”, incluido el de Bolaños, la población enfrentaba apagones de hasta 12 horas y que los hospitales no podían atender emergencias. 

Meses después, durante el acto de aniversario del Ejército de Nicaragua, en septiembre de 2024, Ortega afirmó que el país estaba “totalmente a oscuras” y que el Gobierno no tenía capacidad de respuesta ante la crisis energética. En ese mismo discurso, sostuvo que con la llegada del sandinismo al poder “llegó la luz”, reforzando la idea de que el colapso del sistema eléctrico era consecuencia directa de las administraciones anteriores.

El peso del petróleo desde los años 90

Bolaños asumió un país con alta dependencia del petróleo: cerca del 70% de la energía se generaba con plantas térmicas que funcionaban con búnker y diésel, señala el Decreto Ejecutivo 42-2006. Ese modelo volvió al sistema eléctrico especialmente vulnerable cuando, en 2006, el precio internacional del petróleo se disparó y encareció la generación.

El resultado fueron apagones de cuatro hasta doce y catorce horas diarias, racionamientos del servicio eléctrico, altos costos de la energía y un creciente malestar social y empresarial. Aunque la crisis venía gestándose años atrás y “se debe de ver como la culminación de un proceso relativamente extendido que se originó en una reforma hacia finales de los años 90 que no logró la totalidad de sus objetivos”, dice la nota de política energética del Banco Mundial, lo que provocó que en 1992 se autorizó la inversión privada en centrales de generación y en 1999, la privatización de la distribución y la venta de varias plantas a inversionista privados. 

El punto de quiebre ocurrió en 2006. La capacidad nominal de generación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) era de 751.2 megavatios (MW), la capacidad efectiva apenas alcanzaba los 553.5 megavatios. Esa cifra resultaba insuficiente frente a una demanda máxima de 500.8 megavatios en 2006. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) confirmó estos datos y calificó el sistema eléctrico nicaragüense como precario, indica el informe ¿Es el sector eléctrico una restricción activa al crecimiento económico de Nicaragua?, del Banco Interamericano de Desarrollo.

Detrás de esta precariedad técnica también hubo factores políticos. Desde la década de los noventa, el sistema energético estuvo marcado por disputas de poder: el FSLN controlaba instituciones estratégicas, bloqueando o condicionando las reformas que el Gobierno de Bolaños buscaba implementar para evitar el colapso.

El bloqueo político detrás de los apagones de 2006

En 2004 y 2005, la Asamblea Nacional aprobó reformas que le quitaron a Bolaños el control del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), el ente regulador del sector. Con esos cambios, el Ejecutivo perdió la facultad de decidir sobre tarifas, imponer sanciones a las empresas distribuidoras o exigir la agilización de contratos de emergencia sin autorización del Legislativo.

Otro de los bloqueos del FSLN a Bolaños fue cuando intentó contratar barcazas generadoras de energía de corto plazo a la empresa Corporación Eléctrica Nicaragüense, S.A. Los diputados liberales y sandinistas se negaron a ratificar decretos de emergencia que permitían contrataciones directas, argumentando que había “falta de transparencia”. Además, introdujeron una reforma que obligaba a que todo contrato de generación mayor a un año debía ser aprobado por la Asamblea Nacional, situación que provocó que las empresas internacionales se retiraran por falta de seguridad jurídica.

Bolaños también propuso leyes para castigar el robo de energía, que desfinanciaban el sistema, pero una vez más la Asamblea Nacional, liderada por sandinistas, fomentaron la morosidad, pues promovieron cláusulas que impedían el corte de energía en algunos sectores del país, bajo el argumento de “derechos sociales”. Sin dinero para comprar combustible, las plantas térmicas dejaron de funcionar y se produjeron los apagones.

Una de las medidas desesperadas de Bolaños fue decretar el Estado de Emergencia Económica (Decreto Ejecutivo 43-2006) para poder mover fondos del presupuesto general hacia el sector eléctrico sin pasar por la Asamblea Nacional, sin embargo, esta cuestionó la legalidad del decreto. 

Acercándose las elecciones presidenciales en la que resultó ganador Ortega,  la decisión de los diputados provocó que usaran la crisis energética como distracción política, promoviendo movilizaciones de protestas en el sector estudiantil y transportistas. 

Todo este complot contra Bolaños por parte del FSLN, provocó que la narrativa electoral del sandinismo se inclinara a convencer a la población de que el “modelo neoliberal” había fracasado. Cuando Ortega ganó la Presidencia, los diputados que le negaron el respaldo a Bolaños, aprobaron acuerdo petroleros con Venezuela y permitieron la instalación de plantas que antes cuestionaban.

La afirmación de Daniel Ortega es falsa. La crisis energética de 2006 no fue consecuencia de promesas incumplidas de Estados Unidos, ni de factores externos fuera del control del Estado nicaragüense. Aunque existían problemas estructurales y un contexto internacional adverso, el colapso del sistema eléctrico se profundizó por decisiones políticas internas. 

Las reformas aprobadas en la Asamblea Nacional —controlada por el FSLN y el PLC— limitaron al Ejecutivo la regulación de tarifas, la imposición de sanciones a las distribuidoras y la contratación de soluciones de emergencia. Estados Unidos no tenía control sobre la Asamblea Nacional ni sobre el marco legal que impidió al Gobierno de Enrique Bolaños responder a la crisis.