OEA demanda liberación de presos políticos y cese de la represión con 34 votos apabullantes

La resolución no tuvo votos en contra, solo las abstenciones de El Salvador, Honduras y San Vicente. Quedó patente el aislamiento que enfrenta el régimen Ortega-Murillo en el hemisferio. Las delegaciones insistieron en la importancia de garantizar la integridad física, mental y moral y el derecho a la vida de todas las personas que han sido arrestadas arbitrariamente en Nicaragua

Las delegaciones que aprobaron la resolución sobre la situación de Nicaragua expresaron su preocupación por el recrudecimiento de la represión en el país | EFE

Los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobaron este viernes una resolución en la que demandaron a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo la liberación de los presos políticos, el cese de la represión y persecución contra opositores y la Iglesia Católica. El organismo instó a las delegaciones para que conformen una Comisión de Alto Nivel que permita establecer un diálogo con el régimen sandinista.

Alejandra Solano, representante permanente de Costa Rica ante la OEA, brindó un contundente mensaje en el que reiteró su preocupación por el escalamiento de medidas de represión e intimidación ejercidas por el régimen sandinista y repudió el hostigamiento y detenciones contra opositores y líderes religiosos.

“Condenamos la represión ejercida contra los medios de prensa, menoscabando el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información de todos los ciudadanos nicaragüenses, todo eso en clara violación de derechos humanos y derecho internacional”, denunció Costa Rica.

El vecino país urgió a la dictadura respetar “de forma irrestricta” sus obligaciones nacionales e internacionales, en particular en materia de derechos humanos. “Debe de tomar medidas que no comprometan el espacio cívico y democrático y evitar la erosión de independencia de los poderes”.

“La situación en nuestra hermana Nicaragua ha provocado una grave crisis humanitaria, miles de nicaragüenses se han visto obligados a abandonar su país y miles de ellos encuentran hoy refugio en mi país”, añadió la delegación costarricense, que reiteró su compromiso de continuar atendiendo a los nicaragüenses que buscan asilo en su país.  

Aunque el régimen sandinista abandonó la OEA en noviembre de 2021, eso no fue impedimento para que la situación de Nicaragua se abordara en la Asamblea General de cancilleres. La resolución fue promovida por Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica y Estados Unidos. Las delegaciones insistieron en la importancia de que se garantice la integridad física, mental y moral y el derecho a la vida de todas las personas que han sido arrestadas arbitrariamente en Nicaragua.

Represión orteguista intolerable en la OEA

Cierre de la Asamblea General de la OEA en Lima, Perú. Foto: OEA.

La canciller chilena Antonia Urrejola señaló que hay que trabajar en la calidad de la democracia para solucionar “las más agudas crisis regionales” y mencionó el caso particular de Nicaragua donde las violaciones de derechos humanos aumentan progresivamente.

La diplomática indicó que en el país hay personas “arbitrariamente privadas de la libertad por sus ideas”, y denunció el cierre de medios, la cancelación de organizaciones civiles, la persecución a miembros de la Iglesia Católica, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos.

Chile junto a Canadá lideran el Grupo de Trabajo del Consejo Permanente sobre la situación de Nicaragua. Uno de sus mandatos es ofrecer al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la oportunidad de discutir todos “los asuntos pertinentes” para encontrar una “salida pacífica” a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua.

“Seguiremos desplegando esfuerzos”, dijo Urrejola durante su intervención en la tercera sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA.

“Hace solo unos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Gobierno nicaragüense la liberación de 45 presos políticos, es un imperativo básico para todos los Estados el cumplimiento de las resoluciones que manan del Sistema Interamericano”, enfatizó la canciller.

Sin embargo, hasta ahora, el régimen Ortega-Murillo se muestra cerrado al diálogo propuesto de forma bilateral por el Vaticano, el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro y Estados Unidos. En cambio, el gobierno sandinista ha recrudecido la represión: el nuevo blanco son los familiares de opositores en el exilio.

El jefe de la misión brasileña, el viceministro de Relaciones Exteriores, Fernando Magalhaes, manifestó durante su intervención que la erosión del Estado de derecho, las violaciones de los derechos humanos, la pérdida de libertades individuales, la censura, la represión y la persecución en Nicaragua son “expresiones intolerables para la OEA”.

“Es necesario que quede claro que no estamos tratando de tener injerencia en temas nacionales, sino más bien la búsqueda de principios y valores para el beneficio común en pro de la estabilidad, desarrollo y democracia en la región”, señaló el jefe de la misión.

Atención a Nicaragua

La canciller de Chile, Antonia Urrejola.

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, afirmó que el organismo continúa prestando “particular atención” a Nicaragua para monitorear la “grave crisis” que afronta desde 2018 debido al “continuo debilitamiento de las instituciones democráticas y la instalación de un estado de excepción de facto”.

La diplomática a su vez se comprometió a seguir observando la situación de las personas presas políticas, que según organismos civiles son más de 200, a fin de promover el cumplimiento de sus derechos y libertades fundamentales.

“La CIDH continuará siendo la voz de los que no tienen voz y acuden a ella como su última esperanza para acceder a la Justicia”, expresó Mantilla.

Por su parte, Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), también comunicó la “preocupación” de ese organismo por la situación de los derechos humanos en Nicaragua y recordó que ha declarado a ese país “en situación de desacato ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.