El régimen de Daniel Ortega oficializó el proceso de salida de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA) este lunes, a través de una denuncia a la Carta Constitutiva y bajo alegatos de “injerencismo”. Sin embargo, la salida no es un camino corto. Aunque el canciller Denis Moncada asegurara en una misiva del Ministerio de Exteriores el “retiro”, primero tendrían que pasar dos años en los que el país tiene que saldar todos sus acuerdos y compromisos con el sistema. Incluso, la medida es tan compleja que la aplicación de la Carta Democrática es más fácil y viable, según expertos.
Según el exembajador de Nicaragua ante la OEA, Edgar Parrales, aunque Nicaragua deje de enviar a un delegado a las sesiones del Consejo Permanente, no significa que el país se deslinda de sus compromisos. “Después del transcurso de los dos años, el país tiene que cumplir con sus obligaciones sustantivas, como respeto a los derechos humanos, a la institucionalidad jurídica, al estado de derecho, a la libertades públicas y hasta el pago de sus cuotas anuales de membresías”, dijo el diplomático nicaragüense.
Es decir, Nicaragua deberá terminar todos sus deberes antes de celebrar su retiro definitivo, algo que nunca ha sucedido en la OEA, a excepción de Cuba, expulsada en 1962. El gobierno de Nicolás Maduro fue el único en intentarlo, tras denunciar la Carta el 27 de abril de 2017, luego de una resolución en la que se constató una “alteración del orden constitucional” en Venezuela.
Para el politólogo Pedro Fonseca este tipo de medidas tienen poca efectividad, debido a que el país y la propia Constitución fundamentan sus valores en el sistema interamericano. “El gobierno de Maduro no fue capaz de salir, porque se desconoció su mandato y se le dio legitimidad al de (Juan) Guaidó, así que no hubo como tal una salida. En la práctica no hemos llegado a eso. La única suspensión definitiva y total del sistema ha sido la de Cuba”, enfatizó Fonseca.
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Carta Democrática o gestiones diplomáticas
Siguiendo el patrón de Nicolás Maduro, Ortega denunció la Carta de la OEA tras la aprobación de una resolución que tacha de ilegítimas las votaciones cinco días después de que el Frente Sandinista se autoproclamara ganador en escenario a su favor, con un estado policial y el control del Poder Electoral. La medida también solicita al organismo una evaluación de la situación antes del 30 de noviembre con el fin de que se tomen “las acciones apropiadas”.
“La evaluación colectiva por parte del Consejo Permanente es el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que refiere en su primer paso la evaluación colectiva de la situación”, enfatizó Almagro en una rueda de prensa posterior a la sesión en la que se discutió la situación del país.
Esto implica que el Consejo Permanente de la OEA podrá decidir entre llevar a cabo “gestiones diplomáticas” para abordar la situación del país o hacer un llamamiento a la Asamblea General. Si llega a la conclusión de una “ruptura del orden democrático”, pueden convocar a una sesión para suspender al país de la OEA, con al menos 24 votos a favor. El tiempo para ambos escenarios es más breve que los dos años para el retiro del régimen, según estipula el artículo 143 de la Carta Constitutiva.
“Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y éste quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta”, señala la normativa.
Parrales asegura que el comunicado de Cancillería garantiza la voluntad del régimen, pero lo esencial para una salida es el cumplimiento de los requisitos que exige la Carta. “Aunque el país sea suspendido por medio de la Carta Democrática, todavía no puede salir, pues tienen que pasar dos años”, reiteró el diplomático.
Régimen desgasta relaciones diplomáticas
Ortega y Murillo cuentan con pocos aliados para garantizar un nuevo mandato sin presiones. Tras las elecciones sin competencia, funcionarios y familiares de los mandatarios sandinistas fueron castigados con sanciones y restricciones migratorias. En este momento, las relaciones con Estados se encuentran en un punto de tensión, pues la Casa Blanca aplicó una serie de medidas punitivas contra la élite del régimen.
Para Tiziano Breda, analista para Centroamérica de la organización Crisis Group, las acciones de las últimas semanas conducen a que Nicaragua sea considerado un “Estado paria”, es decir, aislado diplomáticamente y con un comportamiento fuera del orden jurídico. “Esto tendría repercusiones a nivel centroamericano, sobre todo en el tema de integración y comercio. También dejaría un precedente peligroso, si no se logran aplicar las herramientas diplomáticas que existen, ante un consolidamiento de tendencias autoritarias que no son únicas en Nicaragua”, sostuvo el experto.
Según Breda, también existe una escalada en las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Nicaragua, luego de las sanciones del Departamento del Tesoro y la proclama de la Casa Blanca. Se desconoce hasta qué niveles de estrés pueden llegar ambos países, pero se vislumbra “un punto de quiebre”.
Mientras tanto, el régimen ha estrechado lazos con Rusia y recibido las felicitaciones del dictador Kim Jong-Un, el líder supremo de Corea del Norte. Solo un puñado de países, la mayoría de ellos de escaso reconocimiento internacional o compuesto por regímenes autoritarios han reconocido los resultados de la reelección de Ortega y Murillo.
“Lo primordial para países como Corea del Norte, Bielorrusia o Irán, es el de alimentar un apoyo mutuo frente a una crítica internacional muy fuerte a sus países. Pero también hay un punto geopolítico, con la relación cada vez más estrecha con Rusia, que será como una piedra en el zapato en una región tan sensible para Estados Unidos”, analizó el experto.