OEA exige al régimen de Ortega liberar de inmediato a los candidatos presidenciales

El organismo expresó su “grave preocupación” por el hecho de que Nicaragua haya ignorado los esfuerzos del Consejo Permanente de la OEA para que se comprometa a la celebración de elecciones “libres y justas”. Además, tomó nota “con alarma” del deterioro de la situación de los derechos políticos y humanos y del empeño del régimen sandinista por minar el proceso electoral. La dictadura rechaza resolución aprobada con 26 votos


La Organización de Estados Americanos (OEA) pidió este miércoles a Nicaragua la liberación “inmediata” de los aspirantes a la Presidencia en las elecciones de noviembre próximo y de los “presos políticos”.

Con 26 votos a favor y 7 abstenciones, el Consejo Permanente del organismo interamericano aprobó una resolución presentada por Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay.

En el texto, expresó su “grave preocupación” por el hecho de que Nicaragua haya ignorado los esfuerzos del Consejo Permanente de la OEA para que se comprometa a la celebración de elecciones “libres y justas”. Además, el organismo con sede en Washington tomó nota “con alarma” del deterioro de la situación de los derechos políticos y humanos en Nicaragua y del empeño de su Gobierno de minar el proceso electoral.

En ese contexto, urgió con vehemencia al Ejecutivo nicaragüense a que ponga “en práctica sin demora” los principios de la Carta Democrática Interamericana y los estándares internacionalmente reconocidos, lo que incluye “las reformas electorales acordadas”.

Todo ello para celebrar comicios libres, justos y transparentes tan pronto como sea posible, bajo observación de la OEA y de otras organizaciones internacionales creíbles, dice la resolución. Asimismo, el Consejo Permanente no descartó adoptar otras acciones si fuera necesario, como llevar a la Asamblea General de la OEA el tema de los comicios del próximo 7 de noviembre en Nicaragua.

En la sesión de este miércoles del Consejo Permanente, celebrada de forma virtual, no participó la delegación nicaragüense. En una carta leída por un representante de Managua antes de que se iniciaran las deliberaciones, Nicaragua aseguró que no acepta ni aceptará “actos que degraden su libertad”.

Nicaragua vive una crisis sociopolítica que estalló en 2018, cuando hubo masivas protestas contra el presidente del país, Daniel Ortega, en el poder desde 2007 y quien buscará en los comicios generales de noviembre una nueva reelección.

En el marco de la crisis se registraron 328 muertos, al menos 103.000 exiliados y cientos de opositores presos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh). Entre los presos hay siete aspirantes a candidatos a la Presidencia, líderes opositores y profesionales independientes.

Ortega y Murillo rechazan resolución

Activistas de la Coalición por la Libertad de Nicaragua realizan un plantón frente a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA). EFE/ Lenin Nolly

El régimen Ortega-Murillo rechazó este miércoles la resolución de la OEA en la que le pide la liberación “inmediata” de los aspirantes a candidatos a la Presidencia de la oposición en los comicios de noviembre próximo, y garantice unas elecciones “libres y justas”.

“Nuestro país jamás ha aceptado, no acepta, ni aceptará, actos que degraden su libertad, como Estado independiente, que ostentamos desde nuestra independencia nacional desde ya más de 200 años”, señaló el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, en una declaración.

“Esta fija y constante posición de honor patrio lo hemos hecho en reiteradas ocasiones ante múltiples sesiones de la OEA, la ONU, el MNOAL, la CELAC, entre otros, por cuanto los alcances de nuestra democracia no permiten que Estado alguno, menos organismos como esta OEA, intervengan de forma grosera, inamistosa, ilegal y anticonstitucional en nuestros asuntos internos”, continuó.

Managua alegó que “nadie debe intervenir por el derrotero de nuestra vida institucional” y sostuvo que “nuestro Estado de Derecho es sólido, y ejerce su soberanía plena, en su defensa institucional, mediante leyes, debidamente aprobadas por los órganos legislativos competentes y procedimientos judiciales muy claros” Asimismo, afirmó que Nicaragua “no hay un solo candidato detenido, NI UNO, no hay un solo inocente procesado, NI UNO, los que están siendo objeto de procesos legales son agentes extranjeros identificados plenamente en nóminas de Gobiernos extranjeros, que usando las estructuras de instituciones privadas, internaron millones de dólares para destruir, matar, quebrar la economía y subvertir el orden constitucional”.

En el actual proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado y acusado a más de una treintena de dirigentes opositores, entre ellos a los aspirantes a candidatos a la Presidencia por la oposición Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.

Otros dos políticos de la oposición que habían anunciado sus intenciones de aspirar a la Presidencia, María Asunción Moreno y el exlíder de la “Contra” Luis Fley, abandonaron Nicaragua alegando razones de seguridad.

“No son palomas de basílicas las que hoy enfrentan el peso de las leyes, son instigadores, asesinos y destructores”, acusó el Gobierno sandinista, que aseguró que “por menos que eso, en muchos de sus Estados, sus leyes, les aplicarían penas muy graves”. Por otro lado, el Gobierno indicó que en las elecciones del 7 de noviembre próximo, en las que el presidente Ortega busca su tercera reelección consecutiva, “participan más de 12 partidos políticos” y que “todos participaron en la formulación de las reformas electorales, discutidas abiertamente en las etapas de proceso de formación de ley”.

“No hay razón por la que ningún Estado de nuestra América dude del patriotismo y espíritu democrático de nuestro pueblo”, continuó Managua, que dijo trabajar “en nuestro modelo de vida propio” y en “el espíritu democrático que debe regir la vida de nuestros pueblos”. El Gobierno de Ortega explicó que no participó en la sesión de la OEA, “pues una sola expresión de agravio a nuestra soberanía, no merece ser oída”.

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