El régimen Daniel Ortega y Rosario Murillo sella el camino a la ilegitimidad y la anulación de las elecciones con la cancelación de la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) este seis de agosto, debido a una supuesta denuncia “por violaciones a la Ley Electoral” ejecutada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Horas después de la acusación, el Consejo Supremo Electoral (CSE) aceptó el recurso y también le quitó la nacionalidad nicaragüense a Kitty Monterrey, presidenta de esta plataforma política. Con este paso, la dictadura podría no ser reconocida a nivel internacional al proclamarse ganadora en las elecciones del siete de noviembre con un escenario controlado, opaco y sin transparencia garantizado por la represión y el control absoluto.
Con este último acto, analistas consultados aseguraron a DIVERGENTES que el camino que queda es el de la ilegitimidad. Es decir, se espera que la “victoria” del sandinismo no sea validada, pues su resultado será producto de “unas elecciones fraudulentas y sin condiciones”, con una oposición perseguida y encarcelada. “A nivel internacional es un aislamiento absoluto”, aseguró un especialista en derecho internacional que por motivos de seguridad pidió anonimato.
También se reafirma el control que ejerce el régimen en el Poder Electoral que, para expertos electorales, ha actuado bajo las ordenanzas de Ortega y Murillo.
La denuncia del PLC contra CxL fue aceptada de manera inmediata por el CSE, cuyo fallo fue emitido por los medios de comunicación oficialistas. Un miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) que también pidió anonimato tacha estas acciones como ilegales. “Se están reviviendo actos que ya están precluidos y prescritos de conformidad con el calendario electoral, en cuanto a la ilegalidad de las representaciones legales de las alianzas electorales constituidas”, argumentó.
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“Desde la perspectiva jurídica observamos que parte de los argumentos del CSE es que hay una persona con doble nacionalidad… Sin embargo, ese período para autorizar la constitución de las alianzas electorales ya prescribió de conformidad con el calendario electoral, porque eso fue en el plazo del 12 al 15 de mayo”, opinó el integrante de la UNAB .
Otro experto electoral consultado por DIVERGENTES explicó que la decisión del CSE de cancelar a CxL es “política y no jurídica”, ya que no existe ninguna causal de suspensión y menos de cancelación comprobada. “El CSE se basa en su discrecionalidad para aplicar la ley a unos sí y a otros no”, dijo el experto. A su vez, ratificó que la doble nacionalidad de Kitty Monterrey no es causa de suspensión de derechos. “Nunca ha sido un problema ni para firmar partidos, o ejercer derechos y obligaciones”, sostuvo.
El miembro de la UNAB por su parte señaló que no está dentro de las atribuciones y competencias de un partido político “impugnar o solicitar la cancelación de la personalidad jurídica de otro partido político”.
Además, se ha violentado el derecho a la defensa de CxL. La fuente explica que el CSE debió realizar un proceso administrativo y jurídico, llamar a la representante de dicho partido para que respondiera ante los señalamientos, y luego de eso emitir una valoración al respecto para que la resolución “fuera justa”.
“Fue algo preparado y en un país sin estado de derecho, sin independencia de poderes, con todas las instituciones subordinadas al partido en el poder y sus satélites, la solicitud del PLC era una sentencia condenatoria anunciada”, dijo el experto electoral. El PLC de María Haydee Osuna está siendo un instrumento” agregó el miembro de la UNAB.
El politólogo Pedro Fonseca dijo que la decisión del CSE es la muestra de que “no es capaz de desarrollar su función constitucional de regir un proceso electoral democrático y libre como el que Nicaragua necesita”.
“El CSE no está desarrollando su trabajo, su rol de árbitro, de poder del Estado independiente y autónomo, por lo tanto está incumpliendo su función constitucional y legislativa. Básicamente lo que se ha demostrado, por supuesto en los últimos meses, sobre todo en los últimos días, es que el CSE es un órgano más, un aparato de la dictadura”, reiteró.
La cancelación de la personería jurídica del partido CxL ocurre el mismo día que el Senado de Estados Unidos aprobó la iniciativa de Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (RENACER, por sus siglas en inglés). Un proyecto de ley que implica, entre otras cosas, una revisión formal del Ejecutivo para determinar la continuidad de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-CAFTA); la investigación de inteligencia sobre las actividades rusas en Nicaragua, y la coordinación con Canadá y la Unión Europea para decretar más sanciones al círculo del régimen sandinista.
“Afortunadamente ha sido aprobada la Ley RENACER, al menos por el Senado de EE.UU., que precisamente lo que pretende es desmantelar la dictadura nicaragüense, en sintonía con la Unión Europea y demás organismos internacionales”, analizó Fonseca.
Un régimen más aislado
En las áreas que más afectarían el posible ostracismo de Nicaragua son aquellas relacionadas con los desembolsos internacionales destinados al Estado. Esto es de mayor preocupación para los expertos, debido a que algunas de las obras que se atribuye el régimen provienen de la cooperación internacional. Con unas medidas de este tipo, la Organización de Estados Americanos (OEA) estaría “a las puertas de aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, uno de los instrumentos que tiene dicho organismo para suspender a un Estado miembro por alteración del orden democrático”, dijo el especialista en derecho internacional.
Un aislamiento no solo diplomático, sino económico, que implica una suerte de ruptura de las relaciones internacionales de algunos Estados con el régimen Ortega-Murillo.
Si antes esto podría ser una opción, a pesar de la participación de CxL antes de su cancelación, esta medida está a las puertas de consolidarse debido al control del proceso electoral y el descabezamiento de la oposición. Desde junio de 2021 han sido encarcelados siete precandidatos opositores, dejando en la boleta a los rostros más cómodos para el régimen. No obstante, la acción contra CxL sorprende a los analistas debido a que su fórmula no representaba ningún “peligro” para la permanencia de Ortega y Murillo en el poder.
La ruta hacia la ilegitimidad
El especialista en derecho internacional aseguró que hay pocas probabilidades de que la OEA declare la ilegitimidad previo al siete de noviembre. En casos como estos se dejan “correr los hechos”, lo que no significa que el organismo deje de pronunciarse.
“En general estarán en vigilancia permanente, y cómo se va a desarrollar el inicio de la campaña electoral. Pero la presión más fuerte vendrá una vez que se evidencie que esos resultados son ilegítimos y que todo el proceso jugó a favor del régimen. Un aspecto muy importante es que la Asamblea General de la OEA de este año será el 10 de noviembre en Guatemala. Tres días después de las elecciones”, aseveró.
No solo la OEA podría desconocer las elecciones de Ortega y Murillo, también el Parlamento Europeo anunció en una resolución aprobada el siete de julio que para reconocer “las elecciones y el Gobierno resultante de ellas, deben aplicarse los cambios solicitados por la OEA y las organizaciones internacionales, en particular el restablecimiento de los derechos y las libertades que permiten un proceso electoral libre, creíble y equitativo”.
Para Fonseca, el desconocimiento de un gobierno es “una posición contundente que no admite debilidades. Por eso es que ha llevado mucho tiempo”. Ortega y Murillo han desoído incluso a sus antiguos aliados. A mediados de junio se supo que México y Argentina intentaron abrir un puente con Nicaragua ante la escalada represiva ocurrida en dicho mes. De hecho, ambos países llamaron a consulta a sus embajadores, en un gesto “severo” en el lenguaje diplomático.
“Han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios nicaragüenses”, señalaron ambos países en un comunicado en conjunto.
El aislamiento internacional ha sido más contundente desde la escalada represiva de la dictadura. Algunos de sus aliados de izquierda le dieron la espalda al FSLN, en cuyos discursos tacharon a los Estados Unidos de crear las condiciones para “un nuevo golpe de Estado”. La hipótesis de la conspiración internacional contra Ortega y Murillo ha dejado de convencer a los movimientos progresistas que defendían a la dictadura. Una de las últimas voces de protesta fue la del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores.
“Si pudiera darle un consejo a Daniel Ortega, se lo daría a él y a cualquier otro presidente. No abandone la democracia. No abandone defender la libertad de expresión, la libertad de comunicación, la libertad de los medios de comunicación, porque eso es lo que fortalece a la democracia”, aseguró el exmandatario en una reciente entrevista.
Con la crisis sociopolítica todavía en ciernes, analistas como Enrique Sáenz advierten que la permanencia de los mandatarios impone “un costo inmenso al país”. “Mientras Ortega esté en el poder, los nicaragüenses no van a tener oportunidad de superarse. Los costos de la vida se elevan, según cifras oficiales. No habrá esperanza frente a la dictadura y eso se traduce en sufrimiento”, agregó.
Lo que le queda a la oposición y a la ciudadanía
Para Fonseca la oposición “debería apostar por hacer un llamado a la ciudadanía, a los órganos y a los actores internacionales para ejercer presión sobre la dictadura”. DIVERGENTES intentó comunicarse con representantes del partido, incluidos al excandidato presidencial Óscar Sobalvarro, con el fin de obtener reacciones ante la cancelación del partido, pero hasta la publicación de este artículo no respondió a los mensajes ni a las llamadas realizadas.
CxL publicó en sus redes sociales un escueto mensaje: “¡Nos tuvieron miedo! ¡Ánimo Nicaragua! La lucha por la libertad continúa”. Mientras que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, aliado del partido, se solidarizó con la agrupación política y con Monterrey a quien se le canceló su nacionalidad nicaragüense.
Un miembro del Consejo Político de la UNAB dijo a este medio que los próximos pasos de la oposición deberían ser desconocer el proceso a la medida de la dictadura. “La no participación en ese proceso electoral, el desconocimiento del proceso electoral, la solicitud de legitimidad absoluta del proceso electoral es el camino al derrocamiento de la dictadura, es el camino a la libertad, a la justicia sin impunidad y a la democracia”, manifestó.