Dictadura legaliza la cacería y confiscación de oenegés

La Asamblea Nacional, que baila al son de El Carmen, ha aprobado una nueva ley que limita la creación de organizaciones de la sociedad civil. La medida llega ligada al cierre masivo de oenegés de carácter social, político y humanitario que ha emprendido el régimen contra la libertad de asociación.

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La aplanadora oficialista en la Asamblea Nacional aprobó el 17 de marzo la cancelación de 25 personerías jurídicas de organizaciones y fundaciones. EFE/Jorge Torres

La Asamblea Nacional controlada por el Frente Sandinista aprobó este jueves una nueva ley que restringe la participación política y legaliza las confiscaciones a organizaciones no gubernamentales que operan en Nicaragua. Con la nueva legislación se deroga la “Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro”, aprobada en 1992. Los sandinistas alegan que la normativa ameritaba una actualización, tras 30 años de su entrada en vigencia. Sin embargo, al contrario de una mejora, un experto en el tema asegura que la principal intención es barrer de una vez a las ONG que no tengan vinculación con el régimen. 

“Esto parece ser una nueva estrategia del régimen: quitar de un plumazo a todas las organizaciones que considera riesgosa”, asegura Amaru Ruíz, presidente e investigador de la Fundación del Río, una de las primeras organizaciones clausuradas en 2018.

La nueva ley fue aprobada con el voto de 77 escaños a favor, y 12 abstenciones de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), afín también al régimen. Los sandinistas votaron la medida que se introdujo con carácter de urgencia por Gustavo Porras, presidente de la Asamblea. 

La nueva norma establece sanciones, e incluso intervención, a las ONG “cuando corresponda”. Con ello, el Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección General de Registro y Control de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), cuenta con la capacidad de solicitar la cancelación de las personerías jurídicas. En realidad, no es una práctica nueva. Desde las protestas de abril de 2018, las organizaciones de la sociedad civil fueron sometidas a fuertes presiones por parte del régimen para provocar, en la mayoría de las ocasiones, su cierre. Anterior a esta, la Ley de Agentes Extranjeros –conocida también como “Ley Guillotina”– obligaba a las oenegés y personas jurídicas que reciben fondos del exterior a registrarse ante el Ministerio de Gobernación como agentes extranjeros. 

Luz verde a más confiscaciones

Con ella también se legaliza la práctica de las confiscaciones que la dictadura ha realizado en los últimos años. Según la norma, en su artículo 32, se establece que “la liquidación de bienes y activos de las organizaciones sin fines de lucro de otra nacionalidad, que adquirieron durante el tiempo que operaron en Nicaragua, no podrá ser distribuido entre sus asociados o trabajadores, se hará conforme a lo que establecen los artículos 46 y 47 de la presente ley”.

El artículo 47 de la nueva norma expone nueve casos en los que se podría proceder a la cancelación de una personería jurídica. Uno de ellos es “cuando fuera utilizada para violentar el orden público”. El régimen sustenta el cierre de algunas de las oenegés con el alegato que fueron utilizadas como fachada para el lavado de dinero, y también para el financiamiento de supuestas acciones que buscaban la desestabilización de la dictadura. 

“Lo que contempla es que si ellos encuentran al menos siete tipos de incumplimientos a lo establecido en esa ley, todos los bienes van a pasar a nombre del Estado. Lo que en teoría se podría llamar como una confiscación a los bienes de las organizaciones de sociedad civil. Entonces es prácticamente una confiscación masiva de estos bienes”, agrega Ruíz. 

Más de mil ONG en la mira de Ortega

Tras haber cancelado la personería jurídica de 25 ONG más a mediados de marzo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tiene en la mira a más de 1.000 con un mayor o menor riesgo de ser las próximas canceladas. Todo indica que el cementerio creado por la dictadura está por agrandarse más, según se explica en una investigación titulada “La brutal demolición de la libertad de asociación en Nicaragua”, elaborada por Fundación del Río y Popol Nah. 

“El régimen está convirtiendo las cancelaciones en un patrón que muchos otros países de la región también repiten. Nicaragua ha sido el primero en instrumentalizar algunas de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a través de varias leyes, incluyendo la ‘Ley de lavado de dinero y lucha contra el terrorismo’”, recalca Ruíz.

Según el experto, el régimen estaría usando de excusa la octava recomendación que forma parte de los estándares del GAFI, en la que se establece que los Estados deben fiscalizar las organizaciones sin fines de lucro. “Los países deben revisar la idoneidad de las leyes y regulaciones relativas a las entidades sin fines de lucro que el país ha identificado como vulnerables para su abuso para el financiamiento del terrorismo. Los países deben establecer medidas focalizadas y proporcionales, en línea con el enfoque basado en riesgo, a tales organizaciones sin fines de lucro para protegerlas del abuso para el financiamiento del terrorismo”, dice el documento.

El régimen justifica, bajo argumentos similares, la criminalización de más de un centenar de oenegés que clausuró. En la cruzada contra la libertad de asociación se ha cepillado a decenas de organizaciones no políticas que más bien beneficiaban a la sociedad civil. Entre las nuevas ONG cerradas destacan Funides, Centro Humboldt, Operación Sonrisa, Ética y Transparencia y CEJUDHCAN. Quienes más sufren son el sector salud, educación y los indígenas de la Costa Caribe.

La aplanadora oficialista en la Asamblea Nacional aprobó el 17 de marzo la cancelación de 25 personerías jurídicas de organizaciones y fundaciones, entre las que destacan centros de pensamientos, educativos, de libertad de prensa, de defensa de los pueblos indígenas, de salud, feministas y una relacionada a las micro finanzas. El guillotinazo lo propuso el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, vicepresidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos del Parlamento. Aprobado con 74 votos favorables. La medida entierra decenas de programas cuyos principales beneficiarios eran pobladores de comunidades en las que la presencia de estos organismos era mayor que la del mismo Estado.

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