El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) renovó este lunes el mandato del Grupo de Experto en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Group of Human Rights Experts on Nicaragua, Ghren por sus siglas en inglés). El proyecto –introducido por Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú y Ecuador– contó con 21 votos a favor, 21 abstenciones y cinco en contra. Demostró también el aislamiento que atraviesa el régimen de Ortega y Murillo en el plano internacional, debido a que solo dos países –Cuba y China– intervinieron en su defensa.
“Una gran sorpresa ha sido mayor apoyo regional, ya que dos países próximos al gobierno nicaragüense se habían opuesto a la resolución el año pasado, que habían sido Honduras y en particular Bolivia este año decidieron abstenerse, lo que es la señal política bastante clara”, remarcó Raphaël Viana, defensor de derechos humanos de la organización International Service for Human Rights (ISHR) en una conferencia de prensa realizada minutos después de la votación.
En síntesis, la resolución brinda dos puntos fundamentales. El primero de ellos es una renovación del mandato del Ghren, que en marzo presentó un demoledor informe en el que adjudicó responsabilidades a Daniel Ortega, Rosario Murillo, y otros funcionarios e instancias del régimen que cometieron crímenes de lesa humanidad. Por otra parte, también se renovó el papel de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para que actualice periódicamente la situación en Nicaragua.
“Esta resolución, además de poner la mirada internacional en la preocupante situación de Nicaragua, nos abre la oportunidad de seguir profundizando en la investigación de los hechos cometidos, los crímenes de lesa humanidad, sus perpetradores y las cadenas de mando, que es algo que el grupo de expertos hizo referencia que era necesario profundizar”, aseguró Alexandra Salazar, integrante de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ).
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Los defensores de derechos humanos esperan que con esta actualización se profundice en temas que, debido al reducido tiempo de un año del primer mandato, no se alcanzaron a profundizar; como las agresiones sexuales y los nuevos patrones represivos que consisten en el destierro de presos políticos y disidentes.
Menos países defienden al régimen
La votación de la resolución este lunes evidenció que menos países están dispuestos a defender al régimen de Ortega y Murillo en instancias internacionales. En comparación a la resolución 49/3, con la que se instauró el mandato del Ghren el 31 de marzo de 2022, dos países que votaron en esa ocasión en contra se abstuvieron este lunes. Marruecos, por su parte, votó a favor esta vez.
El grupo de países que impulsó la renovación del mandato aseguró en un pronunciamiento en conjunto llevado a cabo por la delegación de Ecuador, que la situación en materia de derechos humanos sigue deteriorándose en Nicaragua. “Preocupan en particular los últimos acontecimientos y decisiones del Gobierno de Nicaragua incluyendo el retiro arbitrario de la nacionalidad y las deportaciones, actos que se suman a otras graves violaciones de derechos humanos”, remarcó.
“A la luz de la evolución de la situación, en particular en lo relativo a los desplazados por la fuerza y privados arbitrariamente antes su nacionalidad, creemos que es necesario seguir dando un gran visibilidad a Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos y acoger las recomendaciones”, dijo la delegada de Finlandia, en representación de la Unión Europea, en conjunto con Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú.
La delegación del régimen rechazó la renovación del mandato, tildándolo de “ofensivo”. “Reportes como los que aquí se presentan pretenden que nuestra nación esté sumida a políticas intervencionistas de las grandes potencias imperiales. Por ello, manifestamos nuestra inadmisión y rechazo hacia resoluciones basadas en campañas mediáticas de desinformación y odio”, agregó.
A la defensa del régimen salieron únicamente dos países durante las intervenciones. Se trata de China y Cuba, que también cuentan con un modelo autoritario.
“China siempre ha preconizado que se traten las cuestiones de derechos humanos por la vía del diálogo. Con un ánimo constructivo se opone a la politización de los asuntos de derechos humanos, a la injerencia de otros bajo el pretexto de los derechos humanos y a la creación de mecanismos específicos. Pedimos que se respete la integridad política y territorial del país y que se le permita juzgar por sí mismo su destino”, aseveró la representación de la República Popular China, uno de los aliados diplomáticos más recientes de la dictadura.