Tras la presentación del informe elaborado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren, por sus siglas en inglés) durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un grupo de países condenaron los crímenes de lesa humanidad determinados por los investigadores.
En la presentación, el presidente del Ghren, Jan Simon, aseguró que el régimen “instrumentalizó todos los poderes del Estado contra las personas opositoras, reales o percibidas como tales”. El demoledor informe fue divulgado el jueves dos de marzo. Con él se determinó que los mandatarios sandinistas cometieron “crímenes de lesa humanidad” contra un sector de la población nicaragüense.
Tras la lectura, los delegados de Chile, la Unión Europea, Ecuador, Suiza, un grupo de países nórdicos y del báltico, así como Estados Unidos apoyaron el trabajo de los expertos y demandaron al régimen de Ortega-Murillo el cumplimiento de sus obligaciones con la comunidad internacional.
La representación de Chile dijo en un comunicado en conjunto con Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú que todos suscriben “con beneplácito” el informe y las recomendaciones formuladas en él. “El informe no deja dudas sobre la absoluta gravedad de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, la que continúa deteriorándose. Tememos que esta tendencia pueda conducir a una crisis humanitaria aún mayor”, agregó la delegación chilena.
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Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo elaboraron también una declaración en conjunto en la que condenaron el despojo de nacionalidad de 317 nicaragüenses, medida que la dictadura de Ortega-Murillo aplicó entre el 9 y el 15 de febrero. “Nos oponemos categóricamente a la creación de apátridas, porque es una violación latente de la Constitución de Nicaragua y el derecho internacional. No debemos olvidar que las detenciones arbitrarias y trato inhumano de presos políticos no son los únicos instrumentos con los cuales el país persigue a la sociedad civil”, detallaron las delegaciones.
“La impunidad por las violaciones de derechos humanos debe terminar. Pedimos a Nicaragua que retire cualquier restricción del espacio civil y garantice los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación de toda persona”, dijo por su parte una delegación de países nórdicos de Europa, liderado por Islandia.
Dictadura rechaza el informe
El régimen Ortega-Murillo rechazó a través de su delegada Wendy Morales Urbina los resultados de este informe, empleando la usual carta de la “injerencia extranjera” con la que ha tratado de desacreditar los reportes de violaciones a los derechos humanos. “Estamos convencidos que dicho grupo no es más que una cortina para aparentar una legalidad inexistente en los reportes que preparan sobre Nicaragua, y por lo cual reiteramos que los insumos en estos son lineamientos de sectores y medios de la oposición en nuestro país; que difunden situaciones y hechos subjetivos, desvirtuados y falsos sobre nuestra realidad”, detalló la funcionaria de la dictadura.
“No aceptamos reporte alguno del unilateralmente llamado grupo de expertos por ser subjetivos y contrarios a los intereses supremos de nuestro país en la búsqueda del buen vivir en toda la dimensión de lo que ello implica”, agregó.
El Ghren divulgó que desde mediados de 2022 envió 12 cartas al Estado de Nicaragua para solicitar su colaboración con la investigación que el Consejo de Derechos Humanos designó por un periodo de un año al grupo de expertos. Sin embargo, el Grupo no obtuvo ninguna respuesta.
“En ellas solicitamos realizar una visita al país, así como abrir canales de cooperación y diálogo con diversas áreas del Estado. Igualmente, solicitamos datos oficiales, información sobre los casos que estamos investigando y también enviamos al Gobierno nuestro informe para sus comentarios antes de publicarlo”, mencionó Simon.