La Policía de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecutó un operativo policial en los apartamentos Amazonia, ubicados en el reparto San Juan, al sureste de Managua, con el objetivo de presionar a los dueños e inquilinos que todavía permanecen en el complejo para que abandonen el lugar. Según una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR), que habló con DIVERGENTES bajo condición de anonimato, no existe carta de desalojo pero el fin es tener el complejo habitacional sin inquilinos en las próximas semanas.
“Es una orden que vino desde arriba. La orientación es ejecutar un operativo tranquilo, para nada violento, y que se desarrolle sin provocar un gran escándalo en la zona”, explicó la fuente de la PGR.
Según vecinos del reparto, los oficiales llegaron al complejo habitacional poco antes de las cuatro de la tarde. Al menos dos patrullas cargadas de agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP) permanecieron en el sitio aunque sin ejercer violencia sobre los inquilinos y los pocos dueños que estaban a esa hora.
Algunos inquilinos optaron por sacar sus cosas de los apartamentos y hasta la publicación de esta nota informativa estaban a la espera de trasladar sus bienes en un transporte a casas de familiares o amigos. Este medio de comunicación no pudo constatar si en los apartamentos quedaron otros habitantes o dueños.
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DIVERGENTES intentó comunicarse con algunos dueños de apartamentos que si bien no estaban en las casas, mantenían contacto con inquilinos y otros propietarios que en publicaciones anteriores manifestaron que tenían la esperanza de conservar sus casas. Sin embargo, ninguna de nuestras llamadas fue contestada.
La confiscación de los 16 apartamentos en Amazonia ocurrió el 17 de febrero de este año. Ese día, la Intendencia de la Propiedad entregó las notificaciones a los residentes para revisar sus casos por supuesta “ocupación de las viviendas”. Las autoridades dijeron que los documentos de compraventa que tenían los propietarios quedaban anulados porque eran “irregulares” y, por lo tanto, pasaba a su propietario anterior, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA).
La fuente de la PGR que habló con DIVERGENTES relató que, si bien no había una orden de desalojo formal, se iba a continuar ejerciendo presión con las autoridades policiales para que los inquilinos y últimos dueños abandonaran el sitio por su cuenta.
A eso de las siete de la noche DIVERGENTES pudo confirmar que las patrullas se retiraron del sitio, no obstante, la policía se quedó con el control del portón del complejo de apartamentos.
Los estaban “empujando” a marcharse
El mes pasado DIVERGENTES publicó un artículo en el que entrevistó a inquilinos y algunos propietarios de los apartamentos. De acuerdo a sus testimonios, el régimen los estaba presionando para que ellos mismos impusieran un plazo para abandonar el lugar o firmar un contrato de arriendo con el Gobierno.
Según los entrevistados la dictadura les propuso que se quedaran pero a cambio tenían que aceptar un contrato con reglas muy estrictas, como las del control de acceso con cédula a cada persona que entrara al condominio.
Una de las últimas propuestas fue rebajar el canon de arrendamiento impuesto de 500 dólares a 400. Sin embargo, la mayoría de propietarios de los apartamentos se negaron a aceptar ese trato por una sencilla razón: “hacerlo es reconocer la confiscación de facto de los inmuebles que está prohibida en la Constitución Política de Nicaragua”.
Algunos pidieron a la PGR un documento en el que se explique cuál es la situación de la intervención estatal, en el sentido que si es una expropiación, deberían recibir una indemnización. Pero hasta ahora no se conocen mayores detalles, porque la confiscación de bienes sólo estaba dictada para la periodista Sofía Montenegro y la abogada Azahálea Solís, quienes vivían en uno de los apartamentos y se exiliaron en Costa Rica.