La confiscación ha barrido con todo. Ya ni el ladrido de los perros ni el grito de los niños ni el sonido del televisor de la caseta de seguridad se escucha a la entrada de los apartamentos Amazonia, en el centro de Managua. Desde hace un mes, en el complejo habitacional reina el silencio y un ambiente hostil. La mayoría de las casas están deshabitadas y las plantas marchitas por la falta de agua. El régimen ha presionado a los propietarios a que se impongan un plazo para que abandonen el lugar o, por el contrario, se queden pero tengan que aceptar un contrato con reglas muy estrictas, como las del control de acceso con cédula a cada persona que entre al condominio, la prohibición de algunos servicios y la aceptación de poder ser desalojados en cualquier momento que lo disponga el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“El último día que estuve en el apartamento sentí una gran tristeza. Lloré de la impotencia y eso que no era mi propiedad. No es fácil que de la noche a la mañana te empujen a salir del lugar donde tenías paz y tranquilidad”, dice Carlos, un inquilino que abandonó el complejo a inicios de marzo, después de que el dueño del apartamento en el que vivía recibiera una segunda citatoria.
Carlos relató a DIVERGENTES, bajo condición de anonimato, esa rutina de los últimos momentos dentro de Amazonia. “Yo regresaba del trabajo y el ambiente era tenso, como si hubiera un velorio ahí adentro”, compara. En una ocasión, le tocó ver a un dueño de apartamento sacar sus muebles y electrodomésticos. Ambos se quedaron mirándose a los ojos mutuamente. Fue una mirada que denotaba, según él, mucha tristeza.
La confiscación de los 16 apartamentos en Amazonia ocurrió el 17 de febrero de este año. Ese día, la Intendencia de la Propiedad entregó las notificaciones a los residentes para revisar sus casos por supuesta “ocupación de las viviendas”. Las autoridades dijeron que los documentos de compraventa que tenían los propietarios quedaban anulados porque eran “irregulares” y, por lo tanto, pasaba a su propietario anterior, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA).
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“Fue un balde de agua fría, ansiedad, temor de que hicieran lo mismo que con los medios de comunicación, es decir, que no me dejaran sacar mis cosas. Es terrible vivir eso, me quedo corto tratando de explicarlo”, expresa Carlos.
En uno de los apartamentos vivían la periodista Sofía Montenegro y la abogada Azahálea Solís, ambas despojadas de sus nacionalidades y sus bienes. También cinco personas simpatizantes del Gobierno sandinista y otros propietarios que adquirieron las propiedades a mediados de los 2000. No hubo excepciones, fue una confiscación general.
“Todos los viernes, hasta antes que me fuera, llegaba a los apartamentos gente de la PGR. Medían, anotaban en una libreta, y luego se retiraban. Entiendo que, después de la primera notificación, llegaron dos más. En esa tercera citatoria les preguntaron a los dueños cuándo podían abandonar el complejo o si querían firmar un nuevo contrato y arreglarse con el Estado”, compartió el inquilino.
La mayoría de los inquilinos decidió que lo mejor era marcharse de Amazonia. Un grupo de dueños se quedó con la esperanza de recuperar su casa y están ejerciendo su derecho a la posesión.
La “oferta” del régimen
En la primera reunión, un día antes de la confiscación, que sostuvieron los dueños de los apartamentos Amazonia con las autoridades del régimen en las oficinas de la Procuraduría General de la República, les informaron que si querían seguir viviendo en el complejo tenían que pagar un canon de arrendamiento de 500 dólares al Estado. Sin embargo, con el paso de los días, a esa propuesta se añadieron una lista de condiciones que pusieron sobre la mesa los funcionarios sandinistas.
“Primero, dijeron que podían bajar el canon de arrendamiento pero no dijeron cuánto. Pero después, se olvidaron de esa idea y nos dieron un montón de requisitos que teníamos que cumplir si queríamos quedarnos a vivir. Cosas absurdas que lo único que hicieron fue que no aceptáramos su propuesta”, explicó Graciela, responsable de uno de los apartamentos.
Las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) explicaron a varios propietarios que, si alguno quería alquilar el apartamento al Estado, tendría que reportarse con cédula en mano, al entrar y salir de los apartamentos. Asimismo, cualquier visita tendría que anunciarse antes de ingresar a las viviendas. La misma norma aplicaría a los vehículos propios o de amigos.
“¿Dónde se ha visto que para entrar a mi casa voy a enseñar a cada rato mi cédula? También dijeron que no iban a permitir el ingreso de motorizados de Hugo o Pedidos Ya. Y que íbamos a estar sujetos a la orden de desalojo cuando el Gobierno lo requiriese. Prácticamente te están diciendo que te vayás”, continuó Graciela.
La PGR emitió un comunicado la semana pasada informando a los habitantes de las casas que pertenecían a las demás personas desterradas que debían acudir a las oficinas de esta institución de Gobierno para formalizar su estatus ocupacional.
Graciela manifestó que el sentimiento de impotencia no solo está en los dueños o inquilinos que no simpatizaban con el Gobierno. Los que sentían afinidad por el régimen sandinista también expresaron su rechazo a la confiscación y al poco tacto que tuvieron las autoridades con ellos.
“Uno de ellos me dijo que se sentía traicionado. Que de nada valieron años de fidelidad al partido y que hasta ahora se da cuenta de cómo actúa este Gobierno. Están dolidos porque salieron de las casas donde vieron crecer a hijos y nietos”, afirmó la responsable de uno de los apartamentos.
Una de las últimas propuestas fue rebajar el canon de arrendamiento impuesto de 500 dólares a 400 dólares. Sin embargo, la mayoría de propietarios de los apartamentos se negaron a aceptar ese trato por una sencilla razón: “hacerlo es reconocer la confiscación de facto de los inmuebles que está prohibida en la Constitución Política de Nicaragua”. Algunos pidieron a la PGR un documento en el que se explique cuál es la situación de la intervención estatal, en el sentido que si es una expropiación, deberían recibir una indemnización. Pero hasta ahora no se conocen mayores detalles, porque la confiscación de bienes sólo estaba dictada para Montenegro y Solís. “Por último nos dijeron que pagáramos lo que pudiéramos”, dijo uno de los afectados.
Un condominio con pocas personas
Actualmente, cuatro policías (todos hombres) se encargan de la vigilancia de los apartamentos Amazonia. Una pareja se encarga del cuido, 24 horas continuas y, al día siguiente, otra pareja los releva en el puesto. No están dentro de ningún apartamento. Pasan sentados en la acera que está frente a la casa de Sofía Montenegro.
Carlos, el inquilino que abandonó el complejo a inicios de marzo, dijo que los policías llevan su desayuno, su almuerzo y la cena. Beben agua en un recipiente de un galón que llenan en una llave que está dentro del jardín de la casa de la periodista.
“Los policías son jóvenes. Si acaso tienen unos 20 o 24 años. Ellos no tienen culpa, cumplen órdenes, pero cuando estuve ahí me inspiraban miedo, eso hacía que el clima se pusiera tenso”, recuerda Carlos.
DIVERGENTES realizó un recorrido por la calle donde están ubicados los apartamentos Amazonia y pudo constatar que los dos oficiales de turno (de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional) estaban frente a la casa de la periodista. No obstante, cuando el sol pega directamente en ese sitio, se mueven hasta la caseta donde todavía permanecen los antiguos encargados de la seguridad del complejo.
El espacio destinado para el parqueo de vehículos está vacío y las hojas de los árboles no se han recogido durante varias semanas. El único ruido que se escucha con fuerza es el de las bocinas de las discotecas que están ubicadas en la Zona Rosa, al otro lado del complejo de apartamentos.
“Ahora estoy alquilando en el centro de Managua. No es como Amazonia porque allá tenía privacidad, mi familia estaba más segura y el apoyo vecinal era notable. Pero hay que asumir y seguir. Ojalá que aquí donde estoy no vengan a confiscar”, dijo Carlos.
Hasta la publicación de este artículo DIVERGENTES conoció que algunos residentes de los apartamentos han ejercido el derecho a la posesión de su propiedad y se resisten a regularizar su estadía en las casas o abandonar definitivamente el sitio.