El Comité Brasileño de Solidaridad con el Pueblo de Nicaragua, junto a otras organizaciones de derechos humanos, solicitó este lunes al Gobierno del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, abogar por la liberación de los presos políticos en Nicaragua, y tome una postura “clara y coherente” frente a las violaciones de derecho humanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En la carta, enviada también al canciller de ese país, Mauro Vieira y al principal asesor del presidente, el embajador Celso Amorim, las organizaciones firmantes instan a la administración de Lula da Silva adopte una política exterior que fortalezca la defensa de los derechos humanos y la democracia en la región, sobre todo en Nicaragua que vive una “alarmante” crisis sociopolítica.
“En este momento, Brasil puede ser una voz activa en la búsqueda de caminos que permitan al país respetar los derechos humanos y recuperar la ruta democrática”, señala la misiva.
Los defensores de derechos humanos le recordaron al mandatario brasileño que, aunque los nicaragüenses deben ser los protagonistas del cambio en el país, como lo ha referido da Silva en entrevistas y debates, los líderes opositores que han intentado buscar la democratización, han sido encarcelados, amenazados y otros obligados al exilio.
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“Miles de nicaragüenses huyen de la crisis política, económica y social, embargados por el miedo y desesperanza; sin embargo, debido al carácter periférico del país en geopolítica, permanecen invisibles y silenciados. Por eso buscamos aliados que puedan al menos arrojar luz sobre los conflictos que enfrentan los nicaragüenses”, señala la carta.
Esta comunicación llega en momentos en que Lula da Silva participa en la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que comenzó este martes en Buenos Aires. Brasil había abandonado este espacio en el 2020, durante el mandato de Jair Bolsonaro, quien consideró que este mecanismo “daba protagonismo a regímenes no democráticos, como los de Venezuela, Cuba o Nicaragua”.
Las organizaciones por su parte insisten en la importancia de que Brasilia se sume a las denuncias y condenas que han hecho otros foros internacionales, como el Sistema de Naciones Unidas, y, de esta manera, “fomentar la creación de canales de mediación y negociación por la liberación de presos políticos y respeto a los derechos humanos en el país centroamericano”.
“Varias organizaciones nicaragüenses e internacionales que promueven los derechos humanos, gobiernos y organismos multilaterales vienen denunciando la escalada en la postura represiva y autoritaria del actual gobierno, y piden la libertad de más de 230 personas presos políticos, sin que se haya cumplido ninguna de las demandas”, exponen los firmantes.
Citando los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las organizaciones señalan que Nicaragua vive un “profundo retroceso democrático” y constantes violaciones a los derechos humanos, como herencia de la represión gubernamental de 2018 que dejó 328 personas asesinadas, sin investigación oficial hasta la fecha, y más de 100,000 nicaragüenses refugiados.
“La crisis se ha agravado aún más con las detenciones de más de sesenta personas, entre ellas precandidatas a presidente, activistas, feministas y periodistas durante las elecciones presidenciales de 2021 en las que Ortega y su esposa Rosario Murillo resultaron reelegidos por tercera vez en un proceso muy cuestionado por la comunidad internacional”, indican.
De hecho, el pasado 12 de enero, la organización Human Rights Watch (HRW) en su informe anual 2023 recogió que, desde que Ortega y Murillo asumieron el poder en el 2007, han “desmantelado” todos los controles institucionales al poder presidencial y profundizado la represión sistemática contra aquellos que se oponen a su régimen, abriendo procesos arbitrarios, coartando la libertad de expresión y religiosa, generando una grave crisis migratoria.
Presos políticos corren peligro
En la carta, el comité Brasileño también se mostró preocupado por las condiciones “inhumanas” a las que son sometidos los presos políticos en Nicaragua, que superan los 235, según cifras de organismos civiles.
Para los firmantes, las vidas de los reos de conciencia “corren peligro” y evocan el caso del excomandante guerrillero Hugo Torres, de 73 años, ícono de la Revolución Popular Sandinista, quien murió el año pasado en las cárceles del régimen.
“Creemos que la crisis de Nicaragua no se resolverá con soluciones simplistas en el campo ideológico. El pueblo de Nicaragua no quiere más violencia, no quiere más muertes, quiere vivir en paz y democracia”, reflexionan.
A este llamado se sumó este martes el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien pidió durante su intervención en la Cumbre de la Celac la liberación de los “opositores que aún se encuentran detenidos de forma indigna” en Nicaragua.
El mandatario chileno desde su llegada al poder ha criticado duramente los regímenes autoritarios de la región y por eso muchos analistas le consideran referente de la nueva izquierda latinoamericana.
La carta está firmada por 10 organizaciones en apoyo al Comité Brasileño de Solidaridad con el Pueblo de Nicaragua. Entre las entidades están la Asociación Brasileña de Organizaciones No Gubernamentales (ABONG); Human Rights Watch (HRW Brasil); Juventudes Obreras Católicas (JOC-Brasil) y algunos grupos de miembros amnistiados del Colectivo RJ-Memoria, Verdad, Justicia y Reparación y del Núcleo de Derechos Humanos-PUC Rio, entre otros.