El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, presentó este miércoles un informe actualizado de su oficina en el que lamenta la intensificación del “clima de opresión” en Nicaragua, el aumento de detenciones arbitrarias, las condiciones de los presos políticos y los actos represivos durante la jornada de las elecciones municipales en noviembre pasado.
Esta actualización llega tres meses después de que 45 países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenaron ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo la brutal represión impuesta por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y las constantes violaciones a los derechos de asociación, expresión y religiosos de los nicaragüenses.
Durante una sesión especial del Consejo de la ONU sobre Nicaragua, el funcionario austriaco señaló este jueves que, desde el informe anterior presentado ante este organismo, la cifra de presos políticos ha aumentado de 195 a 225, “esto incluye a familiares de opositores políticos detenidos presuntamente para coaccionar a estos últimos a rendirse”.
“Los detenidos en El Chipote siguen sufriendo condiciones inhumanas de detención con acceso limitado a la atención médica, a una dieta equilibrada y al contacto periódico con sus familiares”, destacó Türk. Además, alertó que la salud mental de los presos no hace sino deteriorarse con cada día que transcurre. Asimismo, denunció el trato “humillante” y “degradante” al que son sometidos los familiares durante las visitas.
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Türk también documentó el alarmante número de organizaciones no gubernamentales canceladas en Nicaragua, que superan las tres mil, un 98% de ellas clausuradas durante 2022, “dejando a innumerables personas sin acceso a sus servicios o asistencia”, señaló el Alto Comisionado.
A su vez condenó el cierre de 26 medios de comunicación nacionales y tres centros de comunicación internacionales con el objetivo de “callar” a la prensa independiente. Türk también criticó la nueva ley adoptada por Managua en octubre pasado en la que impone una autorización gubernamental para poder filmar y exhibir material audiovisual en Nicaragua.
“Defensores de derechos humanos, periodistas, el clero o los que se consideran opositores políticos son detenidos, acosados, intimidados. A algunos se les juzga por el delito de conspiración, por socavar la integridad nacional o por distribuir noticias falsas. Todo es parte de un esfuerzo sistematizado de ponerle un bozal a la oposición y a los disidentes”, resaltó el funcionario austriaco.
El caso más reciente de persecución judicial, y en el que usan estas figuras, es el de monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y una de las voces religiosas más críticas y respetadas en Nicaragua, quien el pasado 13 de diciembre fue acusado por la justicia sandinista después de casi cuatro meses de secuestro.
En el informe, el Alto Comisionado también mostró su preocupación por el alto porcentaje de nicaragüenses que se han visto obligados a salir del país en el último año, motivados por el clima de represión, desempleo y crisis económica.
“Entre enero y octubre del 2022, Costa Rica recibió 70 mil nuevas solicitudes de asilo de nicaragüenses. Más de 147,000 nicaragüenses terminaron a las puertas de los Estados Unidos de América y el país ha seguido aislándose de la comunidad internacional”, lamentó el funcionario.
Violencia electoral
El Alto Comisionado consideró “autocráticas” las actuaciones del régimen sandinista durante las elecciones municipales de noviembre pasado, en las que el régimen Ortega-Murillo se aseguró el 100% de las alcaldías a nivel nacional. El funcionario señaló que durante ese período electoral se vieron oleadas de detenciones y de rechazo de opositores.
“En los meses anteriores a las elecciones, los partidos políticos, cuya condición jurídica se canceló en el 2021, se vieron excluidos de participar y el día de las elecciones estuvo lleno de intimidación, con centros de control fijados alrededor de los centros de votación para poder rastrear y tomar nota de los votantes”, indicó Türk.
Añadió que las personas que se percibían como opositores al régimen se les denegó el acceso a los centros de votaciones y después de las elecciones la Policía antidisturbios reprimió a los defensores del partido político de indígenas Yatama que decían haber ganado en la municipalidad de Waspam. Según organismos civiles se reportaron al menos 19 jóvenes detenidos, quienes fueron puestos en libertad días después.
Régimen rechaza informe
Durante la sesión especial, la delegación de Nicaragua, representada por la procuradora general sandinista, Wendy Morales, expresó su “rechazo total” al informe presentado por Türk y lo consideró un “instrumento de presión e injerencia que esgrime argumentos alejados de la realidad, con la única finalidad de mantener a Nicaragua en el subdesarrollo y desvirtuar sus logros”.
La funcionaria del régimen señaló que la Oficina de Naciones Unidas “sigue mostrándose infame hacia Nicaragua, descalificando y denigrando a las autoridades e instituciones del país”.
“Mientras sigan existiendo informes como este, seguiremos denunciando la posición manipuladora y parcializada de la oficina…, que no se pronuncia sobre las arbitrarias sanciones agresivas e ilegales que algunos países nos han impuesto”, reaccionó Morales.
La moción de Managua fue respaldada por las delegaciones de Venezuela, Rusia, Cuba, Siria, Irán, Corea y China, quienes señalaron que la agenda de Naciones Unidas pretende “manipular” la situación en Nicaragua, “dañar su imagen internacional y desplegar continuas acciones hostiles contra este país”.
“La ONU debería de exigir enérgicamente al Gobierno de los Estados Unidos y sus aliados la eliminación inmediata de las medidas coercitivas unilaterales contra Nicaragua, que tienen una incidencia negativa directa en la población y afecta el progreso económico y social de este país en desarrollo”, dijo la representación del régimen cubano.
La mayoría de los países latinoamericanos y la Unión Europea respaldaron el informe del Alto Comisionado y condenaron las sistemáticas violaciones de derechos humanos ocurridas en Nicaragua.
En el caso de Costa Rica, la representación de ese país lamentó la “mofa” que hace Nicaragua de lo que dicen los órganos de derechos humanos internacionales, e instó al régimen a que asista a su próximo examen en febrero “y renueve su cooperación con el Alto Comisionado”.
Por su parte, las organizaciones civiles que intervinieron pidieron la renovación por dos años del mandato del grupo de expertos en derechos humanos de la ONU sobre Nicaragua y que continúe el monitoreo de la oficina en el país centroamericano.
Llama a un diálogo
El Alto Comisionado instó al régimen sandinista liberar “inmediatamente” a todos los detenidos arbitrariamente, respetar enteramente las libertades fundamentales de expresión, asociación y asamblea y reconstruir el contrato social y restaurar la esperanza “y entablar un diálogo inclusivo nacional anclado en los derechos humanos”. A su vez, lamentó que Managua se haya negado a cooperar con las distintas instancias de Naciones Unidas en materia de derechos humanos durante este año.
Por último, Türk se comprometió a que su oficina continuará apoyando los esfuerzos para la rendición de cuentas y por la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua.
“Me gustaría expresar mi solidaridad con las víctimas y sus familias, y con todos los defensores de derechos humanos en Nicaragua y en el exilio”, finalizó.