En uno de sus últimos discursos el ocho de marzo, a propósito del día internacional de la mujer, el comandante Daniel Ortega se volvió a quejar de las redes sociales. “Aquí cualquiera dice lo que quiere en las redes, en sus páginas… ¡Cualquier barbaridad dicen!”, dijo el mandatario sandinista quien, desde la crisis sociopolítica desatada en abril de 2018, se ha lanzado con una serie de leyes y reglamentos a la caza del control de las plataformas sociales y la internet, el último reducto de la libertad de expresión y prensa en Nicaragua.
Despotricar contra las redes sociales se ha tornado una constante en los discursos del mandatario sandinista, al igual que en las arengas diarias que la vicepresidenta Rosario Murillo ofrece a través de los medios de comunicación de corte oficial. El sentir anti redes sociales de la pareja presidencial se volvió ley a finales de 2020 con la aprobación de la Ley de “Ciberdelitos”, criticada ampliamente por imponer censura y espionaje cibernético. Y eso no es todo… La ley fue reforzada con la “normativa para la preservación de datos e información”, y la reforma a la ley del consumidor, que convierte a las telecomunicaciones en un “servicio básico”, haciendo propensas a las empresas prestadoras de servicios a recibir multas y acciones judiciales o penales cuando el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) lo considere.
La razón de fondo de estas medidas radica en que la revuelta cívica de 2018 “produjo el ascenso vertiginoso de las redes sociales”, según un ensayo de Guillermo Rothschuh, especialista en medios de comunicación.
“Las disputas por la imposición del discurso político-social tienen su centro de gravedad en las redes sociales. Son las más vistas por los nicaragüenses. Los gobernantes, al calor de las protestas de 2018, cancelaron el servicio gratuito que ofrecían en distintos parques del país. Cuando tomaron esta decisión, después fue rectificada, los jóvenes habían aprendido a utilizarlas para diversos menesteres: enviar mensajes a sus familias, novias y amigos. El salto cualitativo ocurrió en abril. Desde entonces las redes siguen siendo las principales poleas de transmisión del diferendo político que se libra en Nicaragua”, apunta Rothschuh. “¿Qué va a ocurrir con la imposición de sanciones que contempla la Ley Especial de Ciberdelitos? No hay duda que producirá un incremento del uso enmascarado de las redes”.
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Expertos en seguridad digital por su parte apuntan que el gobierno Ortega-Murillo no tiene la suficiente capacidad instalada para establecer un espionaje y control cibernético, pero no descartan la peligrosidad de las nuevas leyes aprobadas. Entonces, ¿cuál es el peligro real? Para ello es necesario entender el contexto.
Una tentación recurrente
El control de las redes sociales ha sido una tentación recurrente para el gobierno. En marzo de 2018, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, y el jefe de la Policía Nacional, el comisionado Francisco Díaz, sugirieron controlar el espacio digital para “combatir el ciberacoso y garantizar la seguridad ciudadana”. La propuesta no prosperó por la oposición ciudadana y la reticencia silenciosa de las empresas operadoras. Sin embargo, en ese momento no había explotado la crisis sociopolítica de abril, que convirtió a las redes sociales en herramientas protagónicas.
A través de las redes sociales se convocaron y organizaron protestas ciudadanas, pero en especial fueron mecanismos claves para documentar los crímenes de lesa humanidad denunciados por organismos internacionales de derechos humanos. El gobierno lo entendió y desde 2018 se ha dedicado no solo a anular la crítica en entornos analógicos, sino en espacios digitales. Aunque no ha sido tan efectivo en ese último menester. Las redes sociales han resultado una especie de coladero imposible de contener.
La internet, pero sobre todo las redes sociales como Facebook y Twitter, han sido el paraguas bajo el que ciudadanos, opositores y periodistas se han guarecido tras la implantación de un estado policial que machaca toda expresión en las calles, la confiscación redacciones, el control total de los medios de comunicación, y un acallamiento generalizado de toda voz disidente.
El altavoz de las redes sociales tiene tanta fuerza, que ha causado varios quebraderos de cabeza al gobierno sandinista, al punto de crear “granjas de troll” en instituciones públicas para contrarrestar la crítica desde 2018, tal como se desprende de un correo electrónico de la primera dama en poder de este medio de comunicación. En octubre de 2018, el diario israelí Haaretz reveló que el gobierno sandinista compró “a empresas tecnológicas privadas israelíes programas de espionaje y recolección de inteligencia”. Aunque se sospecha del uso del malware Pegasus, su uso no ha podido ser confirmado en el país.
“Herramientas para intimidar”
Bajo esas presunciones de espionaje digital, los usuarios comenzaron a tomar medidas de protección, sobre todo el anonimato en redes sociales. Pero, irónicamente, para expertos en seguridad digital y abogados, lo más peligroso en Nicaragua sigue siendo la forma análoga en cómo el gobierno pretende controlar la internet y las redes sociales, plataformas en las que, por ejemplo, han surgido al menos 14 nuevos medios de comunicación digitales desde 2018 para sortear la censura.
Uno de los puntos más controvertidos de la ley de ‘Ciberdelitos’ –la madre de estas normativas– es que el gobierno se arroga la facultad de decidir qué es una noticia falsa en internet o en redes sociales, dando paso a multas hasta penas de cárcel que oscilan entre uno a seis años. Otro artículo polémico, el 39, dice que el régimen podrá obligar a los proveedores de servicios de Internet en Nicaragua a “recolectar, extraer o grabar los datos relativos a un usuario, así como el tráfico de datos en tiempo real, a través de la aplicación de medidas tecnológicas”.
La normativa para la ley de ‘Ciberdelitos’, publicada en el diario oficial La Gaceta, el 26 de enero de 2021, va más allá y refuerza la disposición que los operadores de telecomunicaciones en Nicaragua, tanto de telefonía e Internet, están obligados a preservar por un año los datos de los usuarios.
Esto incluye el número de teléfono que origina una llamada; su nombre completo; número de documento de identidad, la dirección del Protocolo Internet (IP), que deberán estar actualizados y a disposición Telcor, de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Ni las personas que utilizan servicios de telefonía e Internet móvil bajo la modalidad prepago escapan a este control. Las compañías también están forzadas a tener un registro actualizado de cada usuario, que incluye nombre completo, nacionalidad, dirección, número y tipo de documento de identidad y código o número de la línea asignada.
El abogado y consultor independiente, Uriel Pineda, explicó a DIVERGENTES que a nivel internacional se encuentran normativas parecidas a las aprobadas por el gobierno Ortega-Murillo. “Pero tratando de leer el contexto, siento que hay una intención de intimidar o generar esta idea de que espían y controlan”, dice.
“Hay algo parecido en España y Colombia. Es para efectos de investigación y la lógica de protección para ciberdelitos. Sin embargo, todo lo que hace el régimen tiene un segundo sentido. Indudablemente esto se tiene que percibir como un acto de intimidación, de espionaje por parte del Estado… pero creo que es más de fondo un tema político que una preocupación real por los los ataques cibernéticos o proteger a la población de ciberdelitos. Una herramienta para intimidar y censurar a las personas”, insiste Pineda.
¿Tiene el régimen capacidad técnica?
Como se ha mencionado anteriormente, expertos digitales sostienen que es muy difícil que el gobierno posea la capacidad técnica instalada para un espionaje o control masivo de internet o las redes sociales. Manuel Díaz, consultor en marketing digital, asegura que ni Telcor u otra dependencia tienen la capacidad para revisar comunicaciones cifradas que contengan información de carácter político, porque abundan en redes sociales.
“Ahora las comunicaciones están cifradas de punto a punto. Si vos mandas algo por Twitter, el gobierno no está en la capacidad de intervenir esa información y verla”, ejemplifica Díaz. “En todo caso tendría que ir a Twitter y preguntar por el mensaje, pero Twitter le diría ‘¿quiénes son ustedes?’ A lo sumo el gobierno puede usar una publicación de Facebook y Twitter con tu nombre y procesarte. Otra cosa es que en la calle, a punta de culatazos, te quiten el celular y lo abran y vean que estás hablando mal del comandante”. Una situación que ya han vivido ciudadanos y periodistas en Nicaragua.
Díaz sostiene que esta lógica está más pensada para generar autocensura en generadores de opinión en redes sociales, como opositores, defensores de derechos humanos o periodistas con gran alcance. Estas personas usualmente no usan el anonimato para emitir opiniones o informar.
“Si bien la ley de ‘Ciberdelitos’ no tiene ese carácter tecnológico de persecución que la gente fantasiosamente le asigna, creyendo que la van a ocupar como una forma de intervenir y de hackear, en realidad es una muy buena herramienta para la Fiscalía, la policía y las autoridades de solicitar medios tecnológicos al convertirse cualquier expresión en estos medios sociales en un delito. Ahora tienen la excusa perfecta para, si te detienen en la calle, pedirte el teléfono y ustedes lo tienen que dar porque puede ser que cometiste un delito. No sólo para los que andan a pie o marchando, sino también contra las empresas”, alerta Díaz.
Por su parte, el especialista en periodismo digital Néstor Arce señala que el gobierno sí podría ordenar a las proveedoras de servicio de internet la restricción de acceso a sitios web y redes sociales, colocando en una “lista negra” las URL de sitios no deseados por el oficialismo, como sucede en Venezuela o Cuba, por ejemplo.
“En todo caso, el régimen seguirá realizando su control y monitoreo a pequeña escala como lo ha hecho, y aumentado, desde 2018 a través de sus estructuras territoriales y vecinales, de forma muy análoga”, sostiene Arce.
El periodista resaltó la amplitud de la ley les otorga la disposición de intervenir y solicitar información a las personas naturales y jurídicas, y estas tendrán que entregar sus dispositivos informáticos y acceso a las cuentas que el régimen considera bajo investigación.
Arce recomienda que una de las formas para sortear la inminente solicitud de las autoridades a tus datos es usar VPN (red privada virtual) para navegar. “En todo caso lo que la operadora puede brindarle a los majes es un registro de los sitios que visitaste, donde te registraste, etc. Y realizar llamadas en servicios cifrados como WhatsApp u otras apps similares. La operadora puede brindar un registro de llamadas entrantes y salientes. Además de los datos registrados como propietaria de la línea”, detalla el periodista.
Por ahora, el gobierno persiste su ataque de forma más análoga, pero nada asegura que no pueda sotifiscarse. Una de las formas que han encontrado las televisoras y los bots afines al gobierno es denunciar los canales de Youtube de los medios de comunicación por infringir derechos de autor, cuando usan imágenes generadas por el equipo de comunicación de la presidencia de la república. Pero las formas de atacar la libertad de expresión y prensa a diario se diversifica en Nicaragua.
“Una de las razones para emitir una ley tan drástica, obedece a que el gobierno ha perdido la batalla que se libra a través de las redes. Están más que conscientes de ello. Los troles emitidos por los partidarios del comandante Ortega, no son suficientemente efectivos. No es lo mismo emplantillar a un equipo para que trabaje de tiempo completo, orientado a contradecir, neutralizar e imponer la visión gubernamental, que contar con millares de jóvenes dispuestos a denunciar el acoso, la represión y pedir la liberación de los presos políticos”, plantea Guillermo Rothschuh en su ensayo.