En el año 2000, Daniel Ortega decía que el problema de Nicaragua era el exceso de poder concentrado en la Presidencia de la República. 

En una entrevista concedida un año antes de las elecciones generales, defendía un sistema parlamentario inspirado en las democracias europeas y hablaba de la necesidad de “decapitar” el presidencialismo. Veintiséis años después, el presidencialismo ha sido, efectivamente, decapitado. 

Pero no para distribuir el poder, sino para concentrarlo por completo en una pareja que ya no necesita falsas elecciones para mantenerse en el poder.

Ortega, de 80 años, aprovechó el aniversario de la Revolución Sandinista  –la misma que hace 47 años puso fin a cuatro décadas de dictadura somocista– para anunciar que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”. Con esa declaración ha dejado en evidencia que ya no le importa preservar la apariencia de un sistema democrático.

El régimen ha renunciado, en todo caso, a fingir que aspira a ser una democracia, aún en los términos con los que el propio Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, intentaron justificar su permanencia en el poder durante los últimos años.

Para quienes no conocen la realidad nicaragüense, conviene recordar que Ortega y su esposa Murillo reformaron la Constitución Política  para instaurar la figura de los copresidentes y gobernar conjuntamente. No existe otro país que contemple una jefatura de Estado compartida entre un matrimonio. En Nicaragua, esa reforma sirvió para institucionalizar la concentración del poder en una misma familia, que ya ocurría de facto. 

A lo largo de la historia, las dictaduras han tendido a conservar ciertos gestos democráticos, incluso después de haber destruido cualquier vestigio de institucionalidad. 

Convocan elecciones sin competencia real, mantienen parlamentos sin oposición y reforman constituciones para adaptarlas a sus caprichos. 

Todo eso ha ocurrido en Nicaragua desde 2007.

Ortega, sin embargo, ha concluido que no necesita más fachadas. Si durante años utilizó las elecciones como un mecanismo para dotar de una apariencia de legitimidad a un poder asegurado por  la represión a través  de la Policía y el Ejército, y el control absoluto de las instituciones, ahora no ve utilidad en mantener ese simulacro, esa farsa.

De modo que la abolición de las elecciones no convierte a Nicaragua en una dictadura. Lo que hace es reconocer oficialmente una realidad que lleva años consolidándose y que la comunidad internacional ha sido incapaz de atender. 

Ese retroceso democrático comenzó cuando Ortega llegó al poder en 2007. En casi dos décadas, sometió a los poderes Judicial, Electoral y Legislativo; cerró miles de organizaciones de la sociedad civil; expulsó a decenas de periodistas independientes; encarceló a líderes opositores y convirtió el exilio y la apatridia en una política de Estado.

Durante años, el régimen sostuvo que las elecciones eran una expresión de la voluntad popular, pese a que los observadores internacionales documentaban irregularidades y la oposición denunciaba fraudes. 

Hasta 2016, Ortega le permitió a algunos partidos políticos opositores participar de su juego.

En 2021, últimas elecciones, todo cambió. Los principales aspirantes presidenciales fueron detenidos antes de las votaciones y el resultado estaba decidido mucho antes de que las  mesas electorales abrieran sus puertas. A partir de entonces, las elecciones dejaron de ser una competencia para convertirse en un simple acto de ratificación del poder de los Ortega Murillo.

Ni la Unión Europea ni Estados Unidos reconocieron aquellos resultados, al sopesar que el proceso carecía de garantías democráticas.

Si ya no habrá elecciones, tampoco habrá necesidad de fingir pluralismo, competencia o alternancia. Ortega deja de buscar legitimidad democrática y apuesta únicamente por el control. La pregunta que me hago es cómo será entonces la sucesión del poder cuando muera.

En la línea de sucesión está Murillo. ¿Después quién? Muchos creen que Laureano Ortega. Si ya no habrá elecciones, ¿quién decidirá el relevo?, ¿bajo qué mecanismo? ¿Nicaragua qué es: monarquía, sultanato?

La comunidad internacional no puede interpretar este anuncio de Ortega como un episodio más dentro de la prolongada crisis que arrastramos los nicaragüenses desde 2018. Es un nuevo escalón en la consolidación de un modelo autoritario que ya no escatima en ocultar su naturaleza. 

Por tanto, la respuesta de los países democráticos de América  Latina, Estados Unidos y la Unión Europea no puede limitarse a expresar preocupación. 

Cada concesión frente al autoritarismo de Ortega allana el camino para la siguiente. Primero fueron los asesinatos de 2018; después, el destierro de opositores, la eliminación de la competencia electoral y la reforma de la Constitución.

Con este anuncio, Nicaragua deja atrás el último vestigio institucional que permitía al régimen invocar, aunque fuera de manera inverosímil, una legitimidad electoral. Aquí ya no cabe la pregunta de si el país atraviesa una deriva autoritaria. Esa discusión terminó hace tiempo. Hace mucho tiempo.

La única pregunta relevante es cuánto tiempo más la comunidad internacional seguirá tratando como una crisis política lo que hace años se convirtió en una dictadura sin el mínimo reparo. 

Frente a este régimen que ya ni siquiera apuesta por simular elecciones, las declaraciones de preocupación son insuficientes. 

Y aunque es cierto que los nicaragüenses somos quienes, en última instancia, tendremos que resolver esta crisis – ya que nadie lo hará por nosotros- la comunidad internacional  no está eximida de su responsabilidad.

La Unión Europea y Estados Unidos, principalmente, deben asumir una posición mucho más firme frente al régimen de Ortega y Murillo. Ya no bastan las resoluciones, las condenas diplomáticas ni los comunicados de preocupación. Cuando un autoritario anuncia que sus ciudadanos no volverán a elegir a sus representantes, la respuesta no debe seguir siendo la misma de siempre.

Defender la democracia exige algo más que declaraciones. Exige consecuencias para quienes deciden abolirla.

No podemos permitir que Nicaragua se convierta en la Corea del Norte de las Américas. Aceptar que Ortega elimine el derecho de la ciudadanía a elegir a quienes los gobiernan sería normalizar una forma de poder incompatible con los principios democráticos que el hemisferio dice defender.

De ahí que el llamado sea a que actúen ya. Y con contundencia.