La última vez que un sacerdote de la Iglesia Católica “bendijo” el aniversario del triunfo de la insurrección popular sandinista en Nicaragua fue el 19 de julio de 2019. En aquella ocasión Antonio Castro, párroco de la Iglesia La Merced, en Managua, fue designado por Daniel Ortega y Rosario Murillo para dirigir una oración. “Toñito”, como se le conoce popularmente, tomó la palabra para exigir el cese de sanciones al Gobierno del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alineándose con la narrativa oficial de culpar a los norteamericanos por las protestas sociales de 2018. Al concluir su servicio, el padre caminó hasta Ortega y lo abrazó. Esa también fue la última vez que el nuncio Waldemar Stanislaw Sommertag asistió como embajador del Vaticano en el país. Dos años después, fue expulsado de Nicaragua.
A pocos días del 43 aniversario de la revolución, que se conmemora el 19 de julio, y en un año marcado por la escalada represiva a religiosas y religiosos de órdenes, parroquias y de la jerarquía, es incierta la presencia de un sacerdote que bendiga o asista al aniversario de la insurrección sandinista, como solía hacerse en el pasado. Es el símbolo de una lejanía y tensión cada vez más insostenible entre las dos instituciones. En 2020 y 2021, el régimen no solo eliminó de su lista de invitados al representante del Papa en Nicaragua, sino también a los religiosos afines a su régimen hasta entonces: monseñor Eddy Montenegro, monseñor Bismarck Carballo y los párrocos Toño Castro y Neguib Eslaquit. Además, se optó por sacar del programa la habitual oración a Dios con la que se solía acompañar esta celebración. Los pastores evangélicos fueron ganando espacio en la tarima enflorada de Rosario Murillo.
La única certeza que existe hasta la fecha es que la ruptura entre la Iglesia y la dictadura Ortega Murillo se profundiza cada día más, explicó el politólogo José Alcázar, que también es especialista en asuntos religiosos. “Aquel proyecto populista de ‘reconciliación’, que empezó en el año 2007, fracasó en todos los aspectos, y el ámbito religioso no fue la excepción”.
El experto agrega que la rebelión cívica de 2018, además de marcar un antes y un después en la sociedad, consigue por primera vez una posición oficial monolítica de parte de la Conferencia Episcopal sin que desaparezcan algunas voces minoritarias discordantes en favor de Ortega.
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Para entender cómo ocurrió esta ruptura entre la Iglesia y el Gobierno, que ha desembocado en una intensa persecución a religiosas y religiosos, Alcázar retrocede hasta el año 2007, cuando el Gobierno sandinista regresó al poder después de ganar las elecciones presidenciales de 2006. El modelo populista que Ortega eligió le había resultado exitoso, hasta entonces, a su homólogo Hugo Chávez. El dictador incluso se jactó de haber logrado un gobierno de concertación nacional, es decir, que tomaba en cuenta a todos los sectores, incluido el religioso.
“El Gobierno pretendía absorber, cooptar, comprar, incorporar o asimilar a la mayor parte de las fuerzas políticas del país y, entre ellas, estaba la Iglesia, por su rol político. Tener bajo su control a estas organizaciones con distintas alianzas, era ideal para su modelo populista”, explica Alcázar.
Sin embargo, el plan del orteguismo con la Iglesia no fue del todo perfecto. Si bien tenían una muy buena relación con algunos obispos de la Conferencia Episcopal, entre ellos, el cardenal Miguel Obando. Además con varios sacerdotes, existía un grupo de obispos y párrocos que percibieron con recelo el perdón que públicamente expresó Daniel Ortega, previo a su triunfo en 2006.
Las disculpas que ofreció Ortega en ese entonces fue a monseñor Bismarck Carballo, quien fue desnudado y golpeado en público el 11 de agosto de 1982, cuando fue objeto de una manipulación –en la que el religioso supuestamente era el amante de una mujer–, que hizo en su contra la Dirección General de la Seguridad del Estado (DGSE), dirigida por Lenín Cerna.
Para Alcázar resulta curioso que figuras como el cardenal Miguel Obando y Bravo, que fue opositor al sandinismo en la época de los ochenta o el padre Bismarck Carballo, que también fue un incansable crítico de Daniel Ortega, y que sufrió un “montaje” perpetrado para manchar su imagen, aparecieran en las vísperas de las elecciones de aquel año, avalando el nuevo intento del comandante sandinista para alcanzar la presidencia.
La disculpa por el montaje a Carballo y el acercamiento con Obando fue parte del plan populista de Ortega. Ya desde la oposición, con el fin de congraciarse con la Iglesia, impulsó la penalización del aborto. Sin embargo, estas acciones no le alcanzaron al dictador para el control y la cercanía deseada con la Iglesia.
“Sí existió una alianza con la Iglesia. El régimen logró, durante una buena temporada, al menos tener en sus manos fichas importantes. El nuncio Fortunatus Nwachukwu (que representó al Vaticano desde 2012 a 2018) y el mismo Waldemar Stanislaw Sommertag (el último nuncio expulsado en 2022) tuvieron buenas relaciones con la dictadura hasta antes de 2018. Y el cardenal Leopoldo Brenes siempre tuvo un manejo bastante tibio de lo que ocurría en el país”, resalta Alcázar.
Señales de una ruptura
El hecho de contar con la bendición de Obando o el mismo nuncio, solo tapó las grandes contradicciones que tenían algunos obispos y sacerdotes dentro de la Iglesia respecto a la forma de gobernar del régimen orteguista.
Si bien hubo sacerdotes que siempre fueron críticos con el régimen, también había otros que recibían beneficios para sus parroquias a cambio de corresponder con la bendición y el acompañamiento de los actos oficiales y avalar simbólicamente a un Gobierno autoproclamado “cristiano, socialista y solidario”. Sin embargo, el equilibrio se rompió públicamente en 2014, cuando todo apuntaba a la instauración de una dictadura dinástica.
Ese año, la Conferencia Episcopal entregó al presidente Ortega un documento de 16 páginas durante una reunión que duró, según una publicación de El País, alrededor de cuatro horas. Los obispos demandaban en la misiva la organización de un diálogo nacional, el respeto a la institucionalidad y elecciones transparentes.
Ortega aceptó la reunión después de muchos años de insistencia de los obispos. El nombramiento del cardenal Leopoldo Brenes, ese mismo año, fue uno de los factores que motivaron la apertura del mandatario, quien impuso como condiciones para el encuentro la ausencia de periodistas y la presencia de Rosario Murillo, del cardenal Obando y del nuncio Fortunatus.
Ortega, molesto por la carta, no respondió de ningún modo a ninguno de los puntos que le propusieron los obispos. Decidió guardar silencio al respecto, dando por terminada la extensa reunión. Si bien aquel encuentro no tuvo efecto en la realidad nacional, Ortega tuvo claro el mensaje de unanimidad que la Conferencia Episcopal le había enviado.
El punto de quiebre: la rebelión de 2018
Cuatro años después de aquella reunión, la rebelión de abril en el 2018 representó la mayor crisis del régimen sandinista desde su regreso al poder en 2007. Las protestas quebraron a Nicaragua en dos grupos: los opositores a una dictadura sanguinaria y los que todavía, a pesar de la represión y asesinatos, continuaban apoyando al sandinismo.
La Iglesia jugó uno de los papeles más importantes durante la rebelión: proponer y abrir espacios de diálogo, llamamientos a la paz y cese de hostilidades, promoción de jornadas de oración, atención a heridos, compañía a familiares de ciudadanos asesinados, secuestrados y presos políticos.
La violenta represión estatal permitió que aquel mensaje unánime que la Conferencia Episcopal había enviado a Ortega en el 2014, dejara de ser solo una ocasión puntual, favoreciendo que las posturas dentro de la Iglesia se alinearan, y que las voces de religiosos que aún apoyaban al régimen optaron por mantenerse en la discreción y el silencio ante la magnitud de lo que estaba ocurriendo.
“Lo que hace el 2018 es lograr una posición oficial monolítica de parte de la Conferencia Episcopal”, analiza Alcázar, quien insiste en que la rebelión de abril convenció definitivamente al régimen Ortega-Murillo de que ese proyecto de tener a la Iglesia Católica controlada había fracasado.
En el discurso que Daniel Ortega pronunció en la Plaza de la Fe aquel 19 de julio de 2018, días después de que ejecutaran en el país la “Operación limpieza”, el mandatario dejó entrever que los obispos lo habían traicionado.
“Yo pensaba que eran mediadores, pero no, estaban comprometidos con los golpistas. Y me duele mucho decir esto porque les tengo aprecio a los obispos, les respeto, soy católico, pero ellos ahí tienen posiciones, unos, de mayor confrontación, otros, diría yo, más moderada, pero desgraciadamente siempre se impone la línea de la confrontación y no la línea de la mediación”, expresó Ortega.
La mediación de la Iglesia permitió el primer diálogo nacional, el único con la presencia de Ortega y Murillo, que se emitió en directo en los canales de televisión y donde, por primera y última vez, muchos jóvenes pudieron hablar sobre lo que pensaban acerca de la represión sufrida. Fue una catarsis colectiva que supuso una vergüenza para el propio Ortega, sentado en el extremo opuesto al de los mediadores religiosos. Una lección de la que salió con el convencimiento de que no volvería a permitir un diálogo como ese.
Para alguien como Ortega y como Murillo, la traición de los obispos, durante la rebelión de abril, no podía dejarse pasar por alto, opina Alcázar. El politólogo señala que esa postura monolítica de la Conferencia Episcopal, a partir de 2018, fue la pieza que acabó por establecer la ruptura entre la Iglesia y la dictadura, que marcó el inicio de varias agresiones.
La primera agresión a la Iglesia durante las protestas de 2018 ocurrió el 20 de abril, cuando la Catedral de Managua fue invadida por simpatizantes del Gobierno. Varias iglesias fueron saqueadas y muchos sacerdotes agredidos por turbas sandinistas. El nueve de julio de 2018, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, el nuncio Stanislaw Sommertag y el cardenal Leopoldo Brenes, fueron golpeados por paramilitares en la Basílica San Sebastián de Diriamba, cuando una comitiva de religiosos se trasladó hasta este lugar para mediar por una inminente masacre.
Las agresiones han forzado el exilio de varios sacerdotes, entre ellos monseñor Báez y el padre Edwing Román, párroco de la Iglesia San Miguel, ubicada en Masaya.
Crece el número de agresiones
Un estudio denominado “Nicaragua: ¿una iglesia perseguida?”, elaborado por la investigadora Martha Patricia Molina Montenegro, detalla que, desde la rebelión de abril hasta mayo de 2022, la institución religiosa y sus sacerdotes han sido víctimas de 190 agresiones.
El informe, por una cuestión de temporalidad, no recoge el hostigamiento policial que sufrió el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, en mayo de este año, ni tampoco la cancelación de las frecuencias de canales católicos realizadas por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), y la acusación y encarcelamiento de dos sacerdotes, uno por maltrato, y otro por una supuesta violación.
Tampoco señala la expulsión de las monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta, y que tenían en el país más de treinta años impulsando proyectos sociales como una guardería, un hogar para niñas víctimas de abusos y un asilo de ancianos.
Antes de esta última agresión, los jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA – El Salvador) publicaron un editorial en su página web, en el que expresaron su rechazo a las acciones del Gobierno contra las hermanas Misioneras de la Caridad.
“La eliminación de su personería e inmediata expulsión del país solo puede explicarse a partir del odio oficial a quienes, desde la sociedad civil, trabajan en favor de los más necesitados. Al Gobierno nicaragüense, el hambre, el abandono familiar, la carencia de medicinas y de otros servicios básicos no le importan. Ni siquiera el derecho religioso de dar pan al hambriento es permitido en esta ‘Nicaragua socialista, cristiana y solidaria’, como la nombra hipócritamente el oficialismo”, dice el editorial.
Para Alcázar, este tipo de acciones que ejecuta el Gobierno, es precisamente la respuesta a una traición. Según el experto, el régimen ahora ve a la Iglesia como un enemigo que, a pesar de los beneficios que le otorgó durante los años en que mantuvo una relación cordial, decidió darle la espalda.
“Esto que estamos viendo ahorita, desde el punto de vista religioso, es algo que ellos están experimentando en todos los ámbitos. Lo que pasa es que este grupo confesional es más notorio, y no lo digo porque antes tuvieran el control, no. Sino porque al menos tenían algunas piezas que podían ayudarle a crear la percepción entre ciertos sectores de la ciudadanía católica de que tenían una buena voluntad y querían ayudar y tenían un proyecto conjunto”, explica.
Sin embargo, el politólogo considera que todas las acciones que han ejecutado hasta la fecha solo confirman que el régimen sandinista se resignó a la pérdida de un proyecto que nunca pudo dirigir desde que regresó al poder.
La última vez que un sacerdote bendijo al régimen Ortega-Murillo durante un acto del 19 de julio, fue hace tres años. Este 2022, ya sin la excusa de la pandemia, quizá repitan los religiosos de siempre: Eslaquit, Montenegro, Carballo y Castro. “Pero la jerarquía de la Iglesia, esa no va a estar”, finaliza Alcázar.