El dictador Daniel Ortega aseguró en un acto público que la decisión de desterrar a 222 presos políticos que estaban hacinados en los distintos penales de Nicaragua fue un “asunto de honor, dignidad, patriotismo” y no una apertura a una negociación con el Gobierno de Estados Unidos. Según el mandatario sandinista no están pidiendo nada a cambio y tampoco solicitaron que se “levanten las sanciones” en contra de su régimen.
“Están retornando a un país que es el que los ha utilizado, sus gobernantes, no el pueblo norteamericano, para sembrar el terror, muerte, destrucción en Nicaragua. Y ahora que salieron los golpistas, bueno, respiramos más paz en Nicaragua”, dijo Ortega, quien informó que en total eran 228 reos de conciencia que iban a ser enviados a Estados Unidos pero que finalmente se redujo la lista porque cuatro fueron rechazados por EE. UU. y dos decidieron quedarse. Uno de estos fue monseñor Rolando Álvarez.
El mandatario sandinista confesó que la idea de desterrar a los opositores fue de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, al proponerle que planteara al embajador norteamericano Kevin Sullivan que se llevaran a todos los “terroristas” al país estadounidense.
“Yo no esperaba pues una respuesta positiva, no se me ocurría una respuesta positiva realmente, además que se habrán imaginado ellos: ‘¿qué nos irán a pedir?’ ‘¿nos irán a pedir que levantemos las sanciones?’ No, no estamos pidiendo que nos levanten las sanciones, no estamos pidiendo nada a cambio, es un asunto de honor, de dignidad, de patriotismo”, insistió el caudillo.
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Más temprano, el Gobierno del presidente Joe Biden afirmó que Ortega decidió de manera “unilateral” liberar a los 222 opositores y rechazó la idea de que esa decisión sea fruto de las presiones de Washington.
“Aunque EE.UU. ha pedido de manera constante, en público y en privado, la liberación de los individuos encarcelados por ejercer sus libertades fundamentales en Nicaragua, el Gobierno nicaragüense tomó su propia decisión de liberar esos individuos”, indicó Washington.
En su intento de mostrarse fortalecido ante sus bases, Ortega señaló que este destierro de opositores representa un mensaje “para la paz”, para que los nicaragüenses se convenzan de que todo lo que hace su régimen es con el objetivo de asegurar la estabilidad en el país.
“Gracias a Dios se produjo el milagro, porque este pueblo tiene la fortaleza de librar las más grandes batallas y alcanzar la paz, como la que hemos logrado reconquistar después de abril, y ahora que salieron los golpistas, bueno, respiramos más paz en Nicaragua”, manifestó Ortega.
Obispo Álvarez fue enviado a La Modelo
En su comparecencia pública, Ortega informó que el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, fue enviado a la cárcel del Sistema Penitenciario La Modelo, en Tipitapa, después de negarse a abordar el avión que lo enviaba al destierro en Estados Unidos. La “aclaración” ocurrió luego de que el religioso no apareciera en la lista de los 222 presos políticos desterrados.
En la mañana de este jueves, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, reveló que no fueron desterradas 38 personas, según un cotejo que realizó con la lista de las 222 personas expulsadas hacia Estados Unidos este jueves 9 de febrero y el registro de presos políticos actualizado que tiene el organismo. “El Mecanismo identifica a las siguientes personas que no aparecen en el listado y siguen detenidas arbitrariamente por quienes exigimos su libertad”, expresaron en su comunicado.
Entre los 38 presos políticos que no han sido liberados ni desterrados se encontraba el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, una de las voces más críticas de la Iglesia Católica en Nicaragua contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Fue detenido por la Policía el pasado 19 de agosto en la Curia de Matagalpa y trasladado a casa de sus familiares en Managua, sin que la justicia le imputara cargo alguno, más que el eufemismo de “resguardo domiciliario” bajo una supuesta “investigación”.
Daniel Ortega explicó que entregó una lista, a la embajada de Estados Unidos en Nicaragua, con 228 nombres de presos políticos, pero las autoridades norteamericanas rechazaron a cuatro presos: Eliseo de Jesús Castro Baltodano, Walner Antonio Cruz Rivera, José Manuel Urbina Lara y Jaime Enrique Navarrete Blandón. “No nos dieron razones por las cuales no aceptaron. No los quieren, no los quieren”, dijo Ortega.
Otras dos personas se negaron a ser desterradas, según Ortega. Uno fue Fanor Alejandro Ramos, de 51 años de edad, quien se encuentra en el penal de Tipitapa, condenado por almacenamiento de drogas y “había andado en el 2018, acompañando a los golpistas”. Ortega dijo que Ramos no aceptó porque “seguro tuvo temor que estando en Estados Unidos, con ese récord, le abrieran un proceso y lo investigaran, y terminara en cadena perpetua o en la silla eléctrica”.
En cuanto al obispo Álvarez, el dictador dijo que este se negó a ser desterrado cuando estaba apunto de abordar el avión. “Él está haciendo la fila y llega a las gradas y empieza a decir que él no se va. Que primero tendría que reunirse con los obispos y exigir una reunión”, contó Ortega. “Yo no sé qué piensa este señor. Que frente a una decisión del Estado nicaragüense dice que no acata. Una resolución de un tribunal de justicia que lo está mandando a irse del país. Dice que no acata”, agregó.
Según Ortega, el obispo Álvarez quería hablar con los sacerdotes que ya habían subido al avión. “Total, que no podíamos montar a la fuerza al que no quisiera irse”, dijo Ortega, quien añadió que por esa razón lo enviaron a la cárcel Modelo.
El mandatario dijo que a Rolando Álvarez, en su régimen de casa por cárcel, se le ha tratado “de manera increíble, como a ningún prisionero en la historia de este país”. Según Ortega, en la casa donde estaba Álvarez “le hacían comidas especiales todos los días, llegaban los médicos dos veces al día, las hermanas a cocinarles. Vivía en una mansión”.
DIVERGENTES conoció que antes de diciembre del año pasado, Álvarez fue removido de la casa de sus familiares ubicada en Managua y trasladado a una vivienda en la capital administrada por el Gobierno. Las fuentes judiciales y eclesiales confirmaron el movimiento de lugar de reclusión de facto del obispo de Matagalpa.
Ortega dijo que Álvarez actualmente se encuentra “irritado porque ahora sí está en la cárcel”. La explicación del caudillo sandinista es que el religioso tiene rabia por acatar “la decisión de las autoridades nicaragüenses”. Para Ortega, Álvarez tiene comportamientos de “soberbia” y se considera el jefe de la Iglesia. “Está desquiciado”, dijo Ortega, quien agregó que esto lo determinarán las autoridades judiciales y médicas que lo van a atender. “Llegó a la Modelo energúmeno (…) No acepta que lo metan a una celda donde hay centenares de presos”.
El pasado 13 de diciembre de 2022, el régimen hizo oficial el secuestro de monseñor Álvarez al presentarlo en los Juzgados de Managua vestido de civil, sin utilizar el uniforme azul con el que normalmente imponen a los presos políticos. En esta nueva presentación, el religioso también fue llevado con ropa particular, con un pantalón negro y una camisa de vestir blanca.
Con la admisión a juicio, monseñor Álvarez se convirtió en el primer obispo arrestado y acusado desde que Daniel Ortega retornó al poder en 2007. Las relaciones entre el catolicismo y el gobierno se tensionaron a raíz de las protestas de abril de 2018, cuando los principales líderes católicos decidieron tomar una postura en contra de Ortega.
Los sacerdotes que siguen en la cárcel
En la lista de 38 presos políticos que no han sido liberados se encuentran los sacerdotes Manuel Salvador García y Leonardo Urbina Rodríguez. El padre García, párroco de Nandaime, en junio de 2022 fue condenado a dos años de prisión y 200 días de multa, por el supuesto delito de amenaza con arma contra cinco personas. En el caso de Urbina, de la Diócesis de Granada, fue condenado a 49 años de cárcel por el supuesto delito de violación en perjuicio de una adolescente.
Ortega dijo que estos sacerdotes no fueron desterrados porque están siendo procesados por delitos comunes. En total, según Ortega, fueron 11 los religiosos que aceptaron el destierro.
Entre ellos se encuentran Óscar Danilo Benavidez, de Mulukukú, quien había sido sentenciado a diez años de cárcel; Reynaldo Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y uno de los acompañantes del obispo Álvarez en la Curia de Matagalpa cuando la Policía los retuvo en agosto del año pasado.
También fueron desterrados José Luis Díaz Cruz, vicario de la Catedral de Matagalpa, Sadiel Antonio Eugarrios Cano y Raúl Antonio Vega, todos condenados a diez años de prisión por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo y propagación de noticias falsas, en el caso contra el obispo Rolando Álvarez.
En el mismo caso, fueron desterrados el diácono Raúl Antonio Vega y los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno.
Otros sacerdotes desterrados son Benito Enrique Martínez Gamboa, párroco en Chinandega, detenido en Managua y acusado por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
Sandinistas desterrados
Entre los 222 presos desterrados están seis miembros del Frente Sandinista que fueron apresados el año pasado. Uno de ellos es Marlon Sáenz, conocido como el Chino Enoc, quien fue condenado a 12 años y 6 meses de cárcel en noviembre del año pasado, por los delitos de transporte ilegal de droga; fabricación, tráfico y tenencia ilegal de armas restringidas y artefactos explosivos y, portación, tenencia ilegal o municiones.
Fue desterrado Roberto Larios, quien durante diez años fue vocero del Poder Judicial, y fue acusado por el régimen Ortega-Murillo por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
Otros sandinistas que abordaron el vuelo chárter rumbo a Estados Unidos fueron María José Camacho Chévez, quien era asistente de la magistrada Alba Luz Ramos; Hans Camacho Chévez, responsable de informática del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones; y Moisés Astorga, asesor de la magistrada Ramos.
El régimen también desterró al exalcalde de Jalapa Humberto Alejandro Pérez Largaespada. El sandinista habría sido juzgado por expresar su inconformidad por la imposición de la candidatura a alcalde en ese municipio.
Sobre los sandinistas desterrados el dictador no dijo ni una sola palabra.