Ortega otorga control absoluto a Gobernación para seguir decapitando organizaciones en Nicaragua

A través de una reforma a la Ley 1115, la dictadura Ortega-Murillo facultó al Ministerio de Gobernación para autorizar o cancelar personerías jurídicas, sin pasar por la Asamblea Nacional. La nueva disposición, además de afectar a asociaciones religiosas, educativas y empresariales, consolida un control total del régimen sobre las organizaciones de cualquier índole

La sede de Ministerio de Gobernación en Managua, la principal entidad para desmontar a la sociedad civil y organizaciones de toda índole en Nicaragua. EFE. Archivo.

La reforma a la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin fines de lucro (Ley 1115), aprobada este jueves por la Asamblea Nacional, además de otorgar al Ministerio de Gobernación (Migob) la facultad de autorizar y cancelar las personerías jurídicas a través de acuerdos ministeriales, también garantiza al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo el control absoluto sobre cualquier organización que hasta la fecha no estaba bajo su poder o influencia, opinaron analistas y empresarios consultados por DIVERGENTES.

La nueva disposición amplía el concepto de organizaciones sin fines de lucro a las asociaciones religiosas, caritativas, sociales, culturales, de educación, deportivas y hasta las cámaras gremiales empresariales. Todas tendrán un periodo de noventa días para convalidar su personería jurídica ante el Migob y continuar con sus operaciones, a menos que esta institución de Gobierno decida lo contrario.

“El Gobierno otorgó la potestad de aprobación y cancelación de las personerías jurídicas a una institución que en la práctica garantiza la seguridad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La reforma le permite a la dictadura un mayor control de las organizaciones que hasta ahora se regían en otras oficinas de Gobierno”, explicó Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río.

Según Ruiz, otra de las motivaciones para centralizar todos los movimientos en Gobernación, tiene que ver con los pocos registros de organizaciones que llegaron después de la aprobación de la Ley 1115, en abril de este año, para validar sus operaciones. Las asociaciones deportivas y empresariales, antes de esta reforma, se inscribían y regulaban en el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (Conaderfi), y el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), respectivamente.

Un empresario vinculado a una de las cámaras empresariales del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) dijo a DIVERGENTES bajo condición de anonimato que algunos empresarios consideran que la dictadura utilizará el control de Gobernación para cancelar gremiales que no estén en la misma sintonía que la del Gobierno.

“No creemos en el argumento de la regulación. Nosotros como gremio siempre hemos tenido orden. Ahora dicen que si queremos seguir operando tendremos que ir a Gobernación. Esto es un chantaje de entrada”, expresó el empresario.

La fuente empresarial consideró que al Gobierno sandinista no le importa mantener independencia en los distintos sectores del país. Señaló que falta poco para que controlen Nicaragua y eliminen de raíz la libertad de asociación.  “No están dispuestos a ceder en nada, por mínimo que sea”, agregó.

Hasta la fecha el régimen, a través de la Asamblea Nacional, ha cancelado más de 1,300 organizaciones sin fines de lucro. El argumento de la dictadura es que estas organizaciones han incumplido con sus deberes y obligaciones establecidas en la legislación que les regula, obstaculizando el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organizaciones sin Fines de Lucro del Migob.

Los efectos de una reforma

El empresario consultado por DIVERGENTES no descarta que incluir a las cámaras gremiales empresariales como organizaciones sin fines de lucro, sea una forma de presión a una parte del sector privado que continúa resistiendo a revivir el modelo de diálogo y consenso que existía hasta abril de 2018, previo a la rebelión ciudadana en Nicaragua.

El modelo de diálogo y consenso fue el que estableció el régimen sandinista con la empresa privada para cogobernar entre 2008 y 2018. La dictadura generaba condiciones a los empresarios para que realizaran grandes negocios a cambio de que callaran mientras los Ortega-Murillo acababan con las instituciones democráticas.

“No puedo confirmar nada. No tengo información. Pero este régimen ha hecho tantas cosas en Nicaragua, que tampoco es descabellado intuir que vendrán más presiones para los gremios empresariales en Nicaragua”, expresó el empresario.

La fuente empresarial también dijo que la reforma no aporta en nada para la recuperación económica del país. En lugar de atraer a nuevos inversionistas, las decisiones políticas generan un mayor clima de incertidumbre para los nuevos empresarios.

Precisamente la Unidad de Análisis de The Economist señaló en su informe de junio que el crecimiento económico de Nicaragua se desacelerará notablemente este año, entre otras cosas, por el clima de inversión deficiente, y un débil crecimiento del crédito.

A nivel internacional la reforma aprobada por los diputados sandinistas fue rechazada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que expresó a través de su cuenta de Twitter que solo un tribunal independiente puede disolver una organización.

“Concentrar esta potestad en el poder ejecutivo erosiona aún más el espacio cívico y la libertad de asociación, esenciales en democracia”, señaló el organismo.