Luego de su cuestionada reelección sin competencia, Daniel Ortega presentó este jueves el proyecto de Ley anual de Presupuesto General de la República de 2022 que ronda los C$91,542.5 millones de córdobas. El mandatario sandinista ha ordenado aumentos presupuestarios a instituciones leales, como la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, las cuales durante 2021 ejercieron un rol represivo y de persecución política contra opositores que le sirvieron para perpetuarse en el poder junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
De lo destinado al Presupuesto 2022, el 13.5% que corresponde a 12,396.2 millones de córdobas es dirigido para “orden público, seguridad” y “defensa”. A ese rubro se le asigna 4,048.1 millones de córdobas a la Policía Nacional, 287 millones más que lo destinado para el 2021. La organización dirigida por el consuegro de Ortega, Francisco Díaz, sancionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos es señalada de cometer crímenes de lesa humanidad. La policía jugó un rol clave en el año electoral al capturar a los siete precandidatos presidenciales, más de 30 activistas y liderazgos opositores.
Incluso, en la previa electoral, la Policía arrestó a 29 opositores y el propio siete de noviembre capturó a seis. De ellos, solo nueve han sido liberados, el resto continúa detenido en los distritos policiales ubicados en el territorio nacional.
Al Ejército de Nicaragua le destinaron C$3,046.9 millones a través del Ministerio de Defensa, 335.1 más que el año anterior. La institución castrense, también es señalada de cometer violaciones de derechos humanos y su jefe, el general Julio César Avilés, también fue sancionado por Estados Unidos por estar “alineado políticamente con el presidente Ortega”, y por haberse negado “a ordenar el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o parapoliciales durante, y después de los levantamientos políticos que comenzaron el 18 de abril de 2018”.
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Presupuesto bajo secretismo
Pese a que el proyecto de ley fue entregado a la Primera Secretaría el 15 de octubre, la política de secretismo y ocultamiento permitió a la población nicaragüense conocer estos números casi un mes después. En el presupuesto, también se asigna 3,672.1 millones de córdobas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), C$410 millones más que 2021. Después de la Policía Nacional y la Fiscalía, esta es la institución encargada de ejecutar persecución judicial contra candidatos presidenciales, líderes empresarios y políticos, campesinos, periodistas y abogados a quienes acusó de “conspiración” contra el Estado de Nicaragua y “lavado de dinero”.
Otra institución que jugó un rol a favor del régimen Ortega-Murillo, previo a las elecciones “ilegítimas” fue el Ministerio de Gobernación. Este año recibirá 1,369.1 millones de córdobas, 44.6 millones más que en 2021. Dicha institución señaló a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, antes dirigida por Cristiana Chamorro, de incumplir “gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador y del análisis a los Estados Financieros”.
Al Consejo Supremo Electoral (CSE) le fueron asignados 1,823.1 millones de córdobas, 714.9 más que el año anterior. Durante este 2021, este órgano se encargó de eliminar la personería de tres partidos políticos opositores, inhibir a políticos contrarios a Ortega y orquestar lo que muchos políticos denominaron como “farsa electoral”, en unas elecciones que fueron rechazadas por la comunidad internacional.
“La comunidad internacional debe exigir la anulación de las elecciones del domingo 7 de noviembre, y hacer un llamado a la celebración de un nuevo proceso electoral”, sugirió la Organización de Estados Americanos (OEA).
El monto del CSE incluye un aproximado de 806,712.134 córdobas que se reembolsará en concepto de pago a partidos políticos comparsas, que participaron de las elecciones sin competencia del pasado siete de noviembre. Además, ya incluye “garantizar los gastos operativos de las Elecciones Municipales 2022”.
Mientras a la Asamblea Nacional, que durante 2021 aprobó un combo de leyes autoritarias, que socavan los derechos humanos, le asignaron 725.1 millones de córdobas, 42.5 millones más que en 2021. Para este 2022, el parlamento incluirá a cuatro nuevos diputados sandinistas engrosando así a 75 escaños el control oficialista.
El próximo año el Ministerio de Salud (Minsa) recibirá 19,748.5 millones de córdobas, un monto que se incrementa el 17.2% respecto a 2021. De este total, 3,048.7 millones son para inversión pública. Al Ministerio de Educación (Mined) se le asignó 15,127.6 millones de córdobas, de los que 1,014.3 millones son para inversiones, un monto ligeramente superior a los 14,613 millones destinados para este año.
El titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, aseguró que el régimen sandinista continuará priorizando el gasto social, es por ello que para este 2022 se destinaron C$52,138.8 millones de córdobas, equivalentes al 56.8% del gasto público.
Régimen “optimista”
El régimen sandinista se muestra “optimista” con los indicadores. De acuerdo a lo establecido, “el país ha recobrado la senda robusta de crecimiento económico” y está permitiendo recuperarse de los estragos provocados durante las protestas de 2018, la pandemia y los huracanes ETA e IOTA, estos últimos incidentes natural han generado un impacto cuantificado de $256.7 millones y $999.2 millones para el período 2020-2021, respectivamente.
El Presupuesto 2022, estima que los ingresos ascenderán a C$91,542.5 millones de córdobas y tiene como principal fuente los ingresos tributarios con C$84, 902.5 millones, es decir 92.7% de cobertura gracias a los impuestos. Del saldo fiscal, se otorgará el 4% a las alcaldías y no el 10% a como establecía antes la norma, de modo que lo correspondiente a la transferencia municipal será de C$3,396.1 millones.
El manejo “prudente y sostenible” de las finanzas públicas sigue siendo “prioridad”. Para 2022 el régimen sandinista espera una expansión económica de 3.2% con una tasa de inflación de 3.5%, luego de un incremento del 6%, este año. El PIB para este 2022 se presupuestó en C$19,485 millones, superior a los más de C$16 millones de este 2021. La PGR 2022 prevé C$1.542 millones en recursos “no reembolsables”.
La deuda del gobierno central se estima aproximadamente en $635.2 millones de los cuales $325.7 corresponden a deuda interna y $309.5 a deuda externa. Una deuda pública que se mantiene “dentro de los umbrales indicativos de sostenibilidad en el mediano y largo plazo”.