El secretario adjunto principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, dijo este martes nueve de noviembre, que además de la aplicación de la Ley Renacer—una normativa que establece una serie de medidas para presionar al régimen Ortega-Murillo por perpetuarse en el poder con base a la coerción—, la administración del presidente Joe Biden seguirá estudiando la aplicación de sanciones diplomáticas y económicas en conjunto con la Unión Europea, Canadá y los más de 20 países que han votado a favor de resoluciones que han condenado la deriva autoritaria del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Lo que hay en Nicaragua es una dictadura que carece de cualquier mandato democrático”, dijo Zúñiga en una conferencia de prensa esta mañana. “Las votaciones del siete de noviembre no tienen credibilidad. Queda claro que Ortega y Murillo han impuesto una dictadura basada en el personalismo y el poder familiar”, agregó. “Nadie se deja engañar con la farsa electoral del siete de noviembre”.
Este lunes el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que la elección antidemocrática de Nicaragua “no les proporciona ni puede proporcionarles ningún mandato democrático para gobernar”. Informó que trabajarán con otros gobiernos y la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre el 10 y el 12 de noviembre, “para presionar por el retorno a la democracia, a través de elecciones libres y justas, y el pleno respeto de los derechos humanos en Nicaragua”. Mientras que Biden calificó las votaciones del domingo como una “pantomima”, y dijo que Estados Unidos, “en estrecha coordinación con otros miembros de la comunidad internacional, utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición, para apoyar al pueblo de Nicaragua y responsabilizar al Gobierno de Ortega-Murillo”.
Zúñiga dijo, que el objetivo del régimen nicaragüense es instaurar una dictadura para mantener el poder. Por lo tanto, las medidas que tiene que tomar la comunidad internacional deben corresponder a esa intención. El funcionario estadounidense no quiso adelantarse a quiénes serán los próximos sancionados cuando se le preguntó si el comandante Ortega, puede ser objeto de sanción ahora que es considerado ilegítimo.
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Las sanciones estarán enfocadas en personas o entidades involucradas en minar la democracia y perpetradores de abusos de derechos humanos. La semana pasada, una fuente le dijo a la agencia Reuters que los objetivos iniciales probablemente serían individuos, miembros de las fuerzas de seguridad y empresas controladas por el gobierno. “Nosotros sabemos que hay que tratar, por lo menos, de limitar los recursos que tienen por parte del gobierno para reprimir a la población”, dijo Zúñiga.
Temor de que suceda en otros países
El enviado especial de Estados Unidos para Centroamérica dijo que la atención en Nicaragua seguirá siendo importante, porque el régimen Ortega-Murillo utilizó métodos para controlar las instituciones y aprobar leyes que destruyeron la democracia. “Tenemos el temor de que si no hay un costo en el caso de Nicaragua, de que si no hay un esfuerzo regional, para responder a estos acontecimientos, esto puede suceder en otros países”, agregó Zúñiga. “No es una cuestión de ideología, aquí es, simplemente, una cuestión de cumplir o no cumplir con las leyes del país y con el marco de democrático que forman base de los valores de los países de las américas”.
Entre el 10 y 12 de noviembre se realizará la Asamblea General de la OEA, donde se debatirá sobre la situación de Nicaragua y la respuesta ante la farsa electoral. Este martes, la secretaría general de este organismo sugirió a la comunidad internacional la anulación de las elecciones del siete de noviembre y hacer un llamado a la celebración de un nuevo proceso electoral, con garantías. “Es importante que en esta reunión de la OEA, los países reconozcan lo que está sucediendo en Nicaragua y, a partir de ahí, que se tomen medidas”, dijo Zúñiga, y agregó: “la región debe promover la rendición de cuentas y promover acciones en virtud de la Carta Democrática”.
El funcionario dijo que las sanciones persiguen dos objetivos: responder e impulsar la rendición de cuentas de los nicaragüenses que han desmantelado la democracia, pero también crear condiciones para que Nicaragua pueda tener un proceso de votación justo. “El gobierno de Ortega es una amenaza para el pueblo de Nicaragua y cualquier retroceso en el marco democrático es un asunto que nos afecta a todos, porque debilita el consenso a favor de la democracia”, dijo Zúñiga.
Zúñiga, agregó que el régimen de Nicaragua consolidó su control autocrático con la farsa electoral y que este régimen ha convertido al país centroamericano en “una república donde reina el miedo”.