La Asamblea Nacional controlada por Daniel Ortega canceló este miércoles los permisos de operación de cinco universidades y las personalidades jurídicas a otras 11 ONG nicaragüenses, entre ellas la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), cuna de la rebelión estudiantil de 2018.
Esta nueva tanda de cancelaciones suman 80 las organizaciones civiles sin fines de lucro ilegalizadas desde diciembre de 2018, a petición del régimen Ortega-Murillo. Las universidades que estaban registradas como ONG y fueron canceladas por el Parlamento son la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), y Universidad Paulo Freire (UPF). Anteriormente, los diputados sandinistas y sus aliados también ilegalizaron a las organizaciones propietarias de la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), la Asociación Pro-Universidad Agropecuaria de la Quinta Región, la Asociación Pro-Universidad de Jinotega, y la Fundación Universidad de Mobile Latinoamericana Campus (Fumlac).
Con la ilegalización de esas 16 ONG se elevó a 80 las entidades locales ilegalizadas desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de 2018, que dejó 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El cierre de las cinco universidades y las 11 ONG fue aplicado porque supuestamente las instituciones afectadas “han incumplido con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro” del Ministerio de Gobernación, o porque su “Junta Directiva se encuentra acéfala”, según la exposición de motivos del decreto.
Adrián Meza, Rector de la Universidad Pablo Freire, dijo al medio Nicaragua Investiga que el Ministerio de Gobernación “nunca quiso recibir sus estados financieros y que el cierre de la universidad es injusto”.
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Después de conocerse la decisión parlamentaria, el Consejo Nacional de Universidades dijo que se harán cargo de la continuidad académica y responsabilidades educativas pendientes de las universidades canceladas. |
También seis ONG católicas
Entre las ONG canceladas en la sesión parlamentaria de este miércoles se encuentran seis ligadas a la Diócesis de Estelí (norte), una de las más críticas del Gobierno de Ortega: la Ucatse, la Asociación Instituto Agropecuario de la Diócesis de Estelí, Asociación Cáritas Diocesana de Estelí, Asociación Comisiones de Justicia y Paz Diócesis de Estelí, Asociación Centro Cultural del Norte de la Diócesis de Estelí, y Asociación de Colegios Parroquiales de la Diócesis de Estelí. También fueron canceladas la Asociación de Ortodoncistas de Nicaragua, Familia Padre Fabretto, Michelangelo Foundation, Asociación Pro Desarrollo de Estelí, Asociación de Fomento Creación de Empresas, y la Asociación de Cantautores Nicaragüenses, esta última fundada por el cantautor Luis Enrique Mejía Godoy, tío del salsero Luis Enrique, también autor de conocidas canciones de contenido revolucionario y un crítico de Ortega.
El decreto de cancelación de las personalidades jurídicas de las 16 ONG fue aprobado con trámite urgente con el voto de 85 diputados, ninguno en contra, y otros seis estuvieron presentes y no votaron, de los 91 legisladores que integran el Parlamento. En Nicaragua, el Ejecutivo de Ortega, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados que son mayoría absoluta en el Parlamento, ha ilegalizado al menos 80 ONG nicaragüenses desde diciembre de 2018.
El Ministerio de Gobernación también ha cancelado los registros y números perpetuos de tres ONG estadounidenses y tres europeas. Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.