Con la elección de los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) que ejecutó la aplanadora del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional este martes, Daniel Ortega cierra las puertas a un proceso electoral creíble y competitivo para noviembre próximo en Nicaragua. El régimen Ortega-Murillo reafirmó el control partidario sobre el poder electoral con hombres y mujeres leales, quienes garantizarían un nuevo proceso fraudulento.
Los 10 magistrados, siete titulares y tres suplentes, son afines a Ortega. Lumberto Campbell Hooker, quien había sido sancionado por el departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2019 por su papel precisamente como vicepresidente y presidente en el CSE, fue reelecto, al igual que Mayra Antonia Salinas Uriarte, quien está en el cargo desde 2016.
Los otros elegidos son Brenda Isabel Rocha Chacón, Alba Nubia Baltodano Marcenaro, Devoney Johaira Mcdavis Álvarez, Cairo Melvin Amador y Leonzo Knight. Los magistrados suplentes son Adriana Molina Fajardo, Maura Lizeth Álvarez Ortiz y Alberto Julián Blandón Baldizón. Todos afines al FSLN, que tiene mayoría absoluta en el parlamento desde el fraude electoral de 2016, y sus partidos colaboracionistas en la Asamblea Nacional.
La elección de los magistrados era uno de los puntos que estaba esperando la oposición nicaragüense para valorar su participación en las elecciones de noviembre de este año. Sin embargo, hasta ahora, con la elección de estos magistrados, los principales precandidatos opositores no tienen una postura clara al respecto. Hablan de “unidad de todos”, pero lo que persiste hasta ahora en los dos principales bloques son las desavenencias.
Recibe nuestro boletín semanal
“Con unidad se podría demostrar el fraude”
El doctor Carlos Tünnermann, miembro de la Comisión de Buena Voluntad, un grupo de ciudadanos que trabajan en pro de la unidad de las fuerzas opositoras, considera que son los partidos políticos los que valorarán asistir o no a las elecciones. “Yo creo que si se logra la unidad, una unidad fuerte de los opositores y se logra un candidato único, que cuente con el respaldo popular, aún con ese CSE, se demostraría, con la avalancha de votos que se podría conseguir, que el fraude fue notorio”.
Para Tünnermann, más que el cambio de los magistrados en el CSE, para participar en las elecciones es importante que se cumplan otras condiciones, como la observación electoral internacional y nacional; la liberación de los presos políticos, la suspensión del estado de sitio policial y parapolicial que impera en el país, y la recuperación de todas las garantías ciudadanas para hacer campañas y manifestaciones. “Si ninguna de estas condiciones existe, no vale la pena ir a elecciones”, agregó Tünnermann.
“No puede haber elecciones con la represión hacia los mismos precandidatos, que no pueden movilizarse o salir de su casa, y otros opositores con la casa por cárcel de hecho”, sostuvo Tünnermann.
Para el politólogo y exdiputado Eliseo Núñez, la decisión de ir o no a las elecciones depende de varios aspectos, como la capacidad de incidencia en la comunidad internacional. “Se puede deslegitimar el proceso desde hoy, o si la comunidad internacional cree que se necesita esperar al proceso para ver qué tan legítimo es”, afirmó Núñez.
“Hacérselas difícil a la dictadura”
El precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, de la opositora Alianza Ciudadana, que aglutina a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el partido político Ciudadanos por la Libertad (CxL), considera que ante esto “lo que corresponde es que vayamos con nuestras energías unidas a luchar por el sagrado derecho al voto”. Sobre el sentir de no votar en las elecciones, Chamorro señaló que precisamente lo aprobado hoy en la Asamblea “está diseñado para desanimar el voto opositor”.
“Es necesario hacérselas lo más difícil posible a la dictadura y defender el voto que es lo más sagrado, en una democracia que no tenemos”, insistió Chamorro. “Con mucha más razón: con el voto popular y masivo podemos hacerle frente a este intento descarado de fraude”.
Otro de los precandidatos de la Alianza Ciudadana, Arturo Cruz, dijo que “estas son horas difíciles para la patria”, y agregó que “si hay algo que el pueblo nicaragüense ha demostrado es que puede hacer posible lo que parece imposible”.
Cruz dijo que “todavía falta que hable la mayoría” y llamó a que “sigamos juntos y firmes”. Mientras que la otra precandidata a la presidencia, Cristiana Chamorro, dijo que “solo en unidad derrotaremos Ortega”.
La Alianza Ciudadana mediante un escueto comunicado dijo que los magistrados electos responden a los intereses del régimen y calificó de grave lo ocurrido este cuatro de mayo en la Asamblea Nacional. Sin embargo, no se refirió a la futura participación en las elecciones.
El otro bloque opositor, la Unidad Nacional Azul y Blanco, en un comunicado hizo un llamado a todas las fuerzas opositoras y la población nicaragüense para rechazar a los magistrados electos y “unirnos de una vez para encarar, en esta adversa coyuntura, a la dictadura Ortega Murillo”.
El doctor Carlos Tünnermann considera que esta elección revela que de parte de Ortega no existe voluntad política para que el pueblo de Nicaragua ejerza su derecho legítimo de ir a elecciones con garantías de que los votos serán contados con transparencia. “Esta elección contradice totalmente las resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) de octubre de 2020, en la cual se estableció que debían haber cambios en el CSE para que estuviera integrado por personas que garanticen que el voto será respetado”, dijo Tünnermann.
Lea también: Las artimañas de la reforma electoral Ortega-Murillo
La sorpresa: el voto de Rivera
El diputado Brooklyn Rivera, del partido político Yatama, aliado a la Coalición Nacional, que aglutina a algunas organizaciones opositoras, votó a favor del magistrado sandinista Lumberto Campbell para su reelección. Preguntado por esto, respondió que “un voto (su voto) no va a influir y contribuir a un cambio en este proceso” de elección de magistrados. “Quisiera tener los votos para contribuir al cambio, pero mi voto no cuenta, porque estas decisiones ya están tomadas por el partido de Gobierno”.
El magistrado electo, Leonzo Knight, fue propuesto por la diputada del Partido Conservador (PC) Wendy Guido. Sin embargo, Alfredo César, presidente de ese partido no lo atribuye a un logro y lo desconoció.
“No tenemos idea de quién es. Por eso hay resolución formal de la junta directiva, descalificando totalmente y anulando esa nominación. Obviamente si fuera del partido tendría derecho. No genera ningún tipo de confianza”, expresó César.
Este texto está publicado bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.