El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana (UCA) y de algunos de sus más altos directivos, según confió una fuente vinculada al Ministerio de Gobernación (Migob) a DIVERGENTES bajo condición de anonimato. La disposición fue trasladada a las autoridades universitarias este miércoles por la mañana, sin que hasta ahora se conozcan mayores detalles.
La fuente consultada por este medio de comunicación explicó que las autoridades del régimen sandinista no informaron a la UCA si existe o no una investigación por el origen de los fondos. Tampoco manifestaron “acercar posturas para una eventual negociación”. Hasta ahora el congelamiento se maneja con mucho hermetismo entre ambas partes. No obstante, otras fuentes allegadas a la universidad confirmaron a DIVERGENTES el congelamiento.
Por su parte la UCA, a través de un correo institucional a sus colaboradores y comunidad estudiantil, informó que “por inconvenientes en nuestros canales y medios de pago ajenos a nuestra voluntad” no estaban recibiendo pagos correspondientes a aranceles o servicios de ninguna de las instancias de la universidad. “Lamentamos los inconvenientes y les estaremos informando una vez que sea posible procesar pagos en nuestra caja central y canales alternos”, detalla el correo electrónico enviado a eso de las 9:15 de la mañana.
DIVERGENTES llamó al área de Comunicación Institucional de la UCA para preguntar sobre el supuesto congelamiento de cuentas. Sin embargo, la recepcionista explicó que “no tenían mayores detalles al respecto”. También enviamos un correo a relaciones públicas. No obstante, hasta la hora de publicación de este artículo no recibimos respuesta.
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Este medio de comunicación habló con colaboradores de la institución universitaria y señalaron que la única información que tenían era el correo que la UCA les envió en la mañana de este miércoles. En el recinto se reportaron movimientos internos, organizativos y financieros, “para reducir el impacto de una medida como este congelamiento de las cuentas”, según una fuente vinculada a la UCA.
Desde 2021, la UCA se encontraba en proceso de acreditación ante el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA). Una fuente confió a DIVERGENTES que esto ha impedido que se actualicen sus directivas formalmente ante las instituciones gubernamentales e instituciones financieras (bancos). Como esta actualización de información no ocurre, el régimen presiona, a través de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) para que cierren “por razones administrativas financieras”, según esta fuente. Una medida similar a la aplicada a las miles de oenegés clausuradas por el régimen.
Represalia contra la UCA paso a paso
Desde abril de 2018, la represión del régimen contra la UCA incrementó, como represalia después del papel que jugó la institución y sus estudiantes en la rebelión en Nicaragua. El régimen, primero intentó asfixiarla económicamente y luego la acosaba mediante auditorías del Consejo Nacional de Universidades (CNU). En marzo del año pasado, se ordenó quitarles el 6% constitucional, cuando fue separada del CNU y se aprobó una reforma a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior.
El exrector, José Idiáquez, y el vicerrector, Jorge Huete, fueron desterrados el año pasado, al negarles la entrada al país después de que realizaron viajes al extranjero. A la cabeza de la institución quedó el padre Rolando Enrique Alvarado López, quien es el actual rector de la UCA.
El padre Idiáquez denunció en 2018 que lo amenazaron de muerte y responsabilizó al gobierno de Ortega de lo que le pudiera pasar. “Ortega va a terminar como un asesino”, dijo Idiáquez el 15 de junio de 2018 al diario El País. Estas declaraciones se dieron después de que el 30 de mayo de 2018, el padre abrió las puertas de la UCA para refugiar a más de cinco mil personas durante el ataque a la marcha del Día de las Madres, una de las más grandes manifestaciones en la que miles de personas se solidarizaron con las madres y familiares de los asesinados en abril de ese año.
En los últimos cinco años, las autoridades de la UCA han sido acosadas por medio de dos vías: por parte del Consejo Nacional de Universidades (CNU), la organización rectora de la educación superior de Nicaragua, y la Dirección General de Impuestos (DGI).
El acoso del CNU eran revisiones exhaustivas y extraordinarias de las acreditaciones de las carreras y maestrías que eran engorrosas y generaban un trabajo descomunal para los encargados. “A la UCA le pedían con especial encono esas acreditaciones”, dijo la fuente.
Lo que siguió fue negarles el permiso anual por medio del Ministerio de Gobernación, otra de las acciones que el régimen ejecuta en contra de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para mantenerlas en la ilegalidad. A la par, le pedían información frecuente de sus registros, pero no le entregaban una constancia ni el permiso anual. A la UCA no le otorgan el permiso desde 2019. Esto provoca un limbo legal que les genera dudas a los bancos nacionales para aprobar transacciones o financiamientos.
La UCA fue cuna de los estudiantes que protestaron por el incendio de la reserva de biósfera Indio Maíz y luego por la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Varios de los estudiantes que encararon a la dictadura, como Lesther Alemán, eran de este recinto. Alemán fue declarado culpable por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, y permaneció en prisión durante más de año y medio, hasta que finalmente fue desterrado hace seis meses.
Una de las primeras medidas del régimen en contra de la UCA fue cortar la partida presupuestaria para intentar asfixiarla económicamente. Esto afectó a los estudiantes becados, quienes temían un cierre definitivo. Las autoridades de la UCA dijeron en su momento que estas medidas “afectan las posibilidades de la Universidad de continuar otorgando becas totales y parciales a estudiantes que por su condición socioeconómica se ven impedidos de hacerle frente a los costos de su formación universitaria”. Las autoridades del recinto agregaron que “hasta el momento la Universidad no ha afectado las becas activas, no obstante, se ha limitado significativamente el número de nuevas becas otorgadas para aspirantes de nuevo ingreso”.
Confiscación de universidades
Las cancelaciones y confiscaciones de universidades privadas iniciaron en 2021. Desde entonces, se registran al menos 26 centros eliminados, a través del Migob y del CNEA. Esta última institución argumenta, en la mayoría de casos, que las universidades incumplen “mínimos de calidad establecidos”. Las justificaciones para los cierres de las universidades van desde acusaciones por lavado de dinero a la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), “falsear información”, no reportar sus estados financieros y no inscribirse como agentes extranjeros. En los últimos meses, las justificaciones son que la oferta académica es inconsistente o que no tienen infraestructura adecuada.
Expertos en educación superior consideran que las cancelaciones son parte de un plan de control total del régimen sandinista en todas las escalas de la educación nicaragüense. Catedráticos, exrectores, estudiantes y politólogos consultados coinciden en que la pareja gobernante pretende eliminar la pluralidad universitaria y el pensamiento libre.
El medio Confidencial reveló que actualmente existen 13 universidades que están a la espera de la acreditación entre ellas, la Universidad Centroamericana (UCA), la Universidad American College (UAC); la American University (LAU); la Universidad Central de Nicaragua (UCN); y la Universidad de Administración, Comercio y Aduana (UNACAD), entre otras.
El control en las universidades es uno de los últimos blancos del Frente Sandinista. Las primeras medidas fueron expulsar a cientos de estudiantes y eliminar sus registros académicos. Además, aumentó la vigilancia en los recintos públicos, a través de la Unión Nacional de Estudiantes (UNEN), el brazo sandinista en las universidades públicas.
Por ahora, no se sabe si este congelamiento de las cuentas bancarias implica el final de la UCA que, a pesar de los embates sufridos por el régimen, ha resistido.
Sandinistas presionaron a la UCA en los 80
Uno de los principales problemas que enfrentó la UCA durante el primer gobierno sandinista fue precisamente económico. Como el Estado absorbió a todas las instituciones de educación superior, la UCA empezó a depender de los recursos del Estado y, por lo tanto, esto provocaba condicionamientos. Por ejemplo, se aceptó un representante del gobierno en la Junta de Directores de la universidad.
La relación de la UCA con el gobierno sandinista tuvo sus altibajos. Sin embargo, nunca se rompió porque varios de las autoridades de la UCA tenían buena relación con el gobierno. Además, rectores, como Amando López, intentaron apaciguar las tensiones accediendo a presiones de los sandinistas, aunque eso le trajera críticas. “Lo que tal vez no alcanzaba a entender la crítica era el nivel de presión y la situación de amenaza que pendía sobre la UCA, en un momento cuando el Frente Sandinista tenía capacidades ilimitadas para implementar su sistema”. Este período es calificado por la Junta de Directores de 1982 “como uno de los más difíciles de la historia de la UCA”.
La UCA fue fundada en 1961. Ofrecía las carreras de Ingeniería, Administración de Empresas y Derecho. Daniel Ortega fue estudiante de Derecho en sus primeros años, pero se retiró en 1963 para integrarse al Frente Sandinista. Incluso, en 1990 el rector César Jerez le entregó un doctorado Honoris Causa al caudillo sandinista. Juan Carlos Ortega se graduó de la carrera de Comunicación Social y Daniel Edmundo Ortega en Sociología, dos de los hijos de la pareja.
De la UCA se graduaron varios de sus dirigentes sandinistas, como Casimiro Sotelo, Julio Buitrago, Bayardo Arce y el diputado Wálmaro Gutiérrez, por mencionar algunos.
Durante los años noventa, la UCA fue uno de los lugares donde la UNEN protestaba por el 6% a las universidades públicas, cuando Daniel Ortega era oposición y provocaba asonadas a los gobiernos de turno.