Ortega y Murillo se preparan para confiscar bienes de los presos políticos

Las medidas que cocina la Asamblea Nacional recrudecen las leyes represivas que aprobó el régimen en 2020 e impone confiscaciones de bienes a las personas condenadas por el delito de “traición a la patria” y “menoscabo a la soberanía nacional”. El régimen también amenaza con más persecución a la Iglesia Católica, al acusar a los religiosos de participar en un “intento de golpe de Estado” en un informe oficial

Daniel Ortega y Rosario Murillo en uno de sus actos públicos. EFE | Archivo.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se prepara para recrudecer las leyes represivas que se han aprobado contra los opositores y las voces críticas del país. Según un informe presentado por la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional que consta de cinco puntos y carece de argumentación legal, los bienes de las personas declaradas culpables del delito de “menoscabo a la integridad nacional” se les aplicará el mecanismo de “extinción de dominio”, un recurso legal utilizado por varios países de la región, pero que solo aplica cuando los bienes de los acusados fueron adquiridos de forma ilícita. 

“En el caso nuestro no estamos hablando de delitos que involucren el enriquecimiento ilícito del autor del mismo, como narcotráfico, trata de personas, etc. El delito de menoscabo no tiene motivación económica. Es una figura eminentemente confiscatoria”, explicó el abogado Juan Diego Barberena, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). 

Con esta medida, se estaría violando el artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua que establece el derecho a la propiedad privada y prohíbe la confiscación. Con ello, el régimen estaría recrudeciendo el trato a los reos de conciencia quienes no solo se enfrentan a juicios espurias, según los expertos en derecho, ahora también pueden perder sus bienes. 

“De forma taxativa está extinguiendo y privando a una persona de su derecho a la propiedad sin justa causa. El Estado, además de que confisca, está adquiriendo un enriquecimiento”, reiteró Barberena.

La Asamblea Nacional ha sido la encargada de dar legalidad a los atropellos del régimen Ortega-Murillo. EFE.

El informe ha sido presentado por los diputados sandinistas el pasado miércoles como un análisis de las normas represivas como la Ley de ciberdelitos y la Ley de defensa a los derechos del pueblo, ambas aprobadas a finales de 2020 y utilizadas contra la oposición organizada y candidatos presidenciales. Según los legisladores, el texto fue consultado con los representantes que conforman el sistema de justicia (Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial y Procuraduría de los Derechos Humanos), también con las universidades estatales y las alcaldías de Diriamba, Jinotepe y Granada, así como con supuestas víctimas de “crímenes de odio”. La dictadura asegura en la redacción del documento que desde el 2018 se ha ejecutado un “intento de golpe de Estado en el país”. 

Los tres principales puntos consisten en reformas al Código Penal, en el artículo 409, para adicionar el mecanismo de “extinción de dominio” a los condenados que “utilizaron o adquirieron bienes en la comisión de delito de traición a la patria, delitos que comprometen la paz, delitos contra la Constitución y conexos”. 

El segundo punto también es una reforma al Código Penal, con el fin de aumentar las penas para el delito de menoscabo. Es decir, las sentencias pasarían de 15 a 20 años de prisión. El tercer punto propone reformar el artículo 147 para establecer una “obligación a guardar reserva al citado o entrevistado por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional durante una investigación en curso”. 

Barberena agregó que con este último punto también se está violando el derecho a la libertad de expresión y al de la defensa, debido a que le impone una mordaza a las personas que sean citadas a la Fiscalía o detenidas por la Policía Nacional.

Contra la iglesia católica 

El cardenal Leopoldo Brenes (c-i) y el obispo Silvio Báez (d) caminan frente a la basílica de San Sebastián para liberar a un grupo de paramédicos y misioneros franciscanos sitiados por parapolicías en 2018. EFE/Jorge Torres

El texto también involucra a los religiosos de la Iglesia como impulsores del supuesto golpe de Estado. “Sectores de la oligarquía, con conjunto con algunos líderes religiosos y determinadas oenegés impulsaron un intento de golpe financiado, dirigido y organizado principalmente desde el exterior cometiendo delitos que violan los derechos humanos de los nicaragüenses”, sigue el documento.

Ortega y Murillo han atacado en reiteradas ocasiones a los obispos que durante las protestas de abril de 2018 prestaron ayuda humanitaria, lo que desató una persecución contra ellos. Muchos tuvieron que exiliarse, incluidos monseñor Silvio Báez y el padre Edwin Román, dos críticos al régimen. 

Hasta el momento, el régimen no ha presentado de forma oficial las reformas ante el pleno de la Asamblea Nacional, lo que significa que este informe es un preámbulo de las siguientes disposiciones.

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