El traspaso de seis universidades privadas –con todo su patrimonio– a manos del Estado es la última medida confiscatoria del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde que regresaron al poder en 2007. De forma encubierta, por medio de decretos de leyes y apelando al discurso de nacionalización, los mandatarios nicaragüenses han confiscado distribuidoras de energía eléctrica, empresas extranjeras, medios de comunicación, sedes diplomáticas, oenegés, casas particulares y fincas de opositores.
Las medidas confiscatorias se volvieron evidentes después de la rebelión de abril de 2018, cuando cientos de precaristas enviados por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se tomaron hasta 9,800 manzanas de tierras en ocho departamentos del país, según la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic). El 91% de las tierras tomadas pertenecía al sector agropecuario.
Los empresarios interpretaron las confiscaciones como represalias contra los líderes gremiales que se integraron a la opositora Alianza Cívica durante el diálogo de 2018. De hecho, los dos últimos presidentes de Upanic, Michael Healy y Álvaro Vargas, quienes también eran presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) respectivamente, fueron arrestados desde el 20 de octubre y se encuentran en “El Chipote”.
Las confiscaciones están prohibidas por la Constitución de Nicaragua. El segundo párrafo del artículo 44 señala que los bienes inmuebles sólo “por causa de utilidad pública o de interés social pueden ser objeto de expropiación de acuerdo a la Ley, previo pago en efectivo de justa indemnización”. En el párrafo cuarto del artículo se establece categóricamente que “se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”. Sin embargo, estos derechos han sido violentados, según abogados y propietarios de bienes confiscados por el régimen de Nicaragua.
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El mismo artículo 44 expresa que se “garantiza el derecho de la propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción”.
DIVERGENTES hizo un recuento de las confiscaciones que se han hecho públicas desde 2018, y que muestran un fantasma de una política ejecutada durante el primer mandato de los sandinistas en los años 80, cuando también Ortega gobernó. Ese capítulo oscuro en la historia de Nicaragua culminó con la confiscación de miles de propiedades que fue llamada “La Piñata”. Esto generó una deuda de 2,200 millones de dólares que los ciudadanos nicaragüenses todavía pagan con sus impuestos.
Los tomatierras
El 30 de diciembre de 2020 falleció Esperanza Lacayo, madre de Michael Healy, el que fuera presidente del Cosep hasta el momento de su captura hace cuatro meses. Esperanza murió sin que el régimen de Ortega y Murillo le regresara unas 200 manzanas que le fueron ilegalmente confiscadas por unos armados desde finales de 2018.
Las propiedades se encuentran en Buenos Aires, Rivas, al sur de Nicaragua, cuyas tierras se ocupaban para la siembra de caña de azúcar y plátano. Las fincas se llaman Santa Lucía, Zopilote y Chatilla, donde además se encuentra un cementerio de la familia Healy-Lacayo
Esperanza Lacayo contó que las fincas fueron tomadas mientras ella se hacía un chequeo médico en Estados Unidos. Saquearon su casa, con todas sus cosas personales. “Dos de mis hijas fueron, María Esperanza, la mayor, fue en su camioneta, y se bajó para tratar de hablar con ellos, pero la encañonaron tres sujetos enmascarados”, dijo Lacayo.
Hasta diciembre de 2018 se llegaron a contabilizar 70 casos como el de la familia Healy-Lacayo, en los que tomatierras tenían en sus manos propiedades privadas. Aunque en estos cuatro años han sido regresadas algunas, más de 4 mil manzanas de tierras siguen invadidas.
El caso Tomza
La firma Corporación Tomza, una trasnacional que se dedica a la venta de gas licuado en Centroamérica, quiso aterrizar en Nicaragua desde 2015. Obtuvo un permiso para construir instalaciones, pero cuando la construcción llevaba un 92% de avance, el permiso les fue retirado por el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales (Marena). Desde julio de 2016 no se permite el ingreso de ninguna persona de la empresa. Los trabajadores fueron expulsados por la Policía.
La propiedad quedó abandonada desde entonces. Pero en 2020 la expropiación se consumó, según Fernando Carreón, director de relaciones corporativas de Tomza Centroamérica. No hubo notificación a los dueños de Tomza, sino que en marzo de 2021 se enteraron que la estaban pintando con los colores de la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic). Los ejecutivos quisieron preguntar qué había pasado, pero en el Registro Público no quisieron entregar el expediente porque es “confidencial”.
El Ejecutivo dijo que los bienes de la inversión de la Empresa Tomza Guatemala, S. A., ascienden a los $4 millones y que la expropiación refleja la inseguridad jurídica para los inversionistas en Nicaragua. Los empresarios dijeron que recurrirán a instancias internacionales porque “se están violando los derechos de una empresa transnacional que cuenta con inversión extranjera”.
Los medios de comunicación y ONGs
El 23 de febrero de 2021 se consumó la confiscación de los edificios de los medios de comunicación 100% Noticias y Confidencial. El régimen traspasó las propiedades al Ministerio de Salud. En esos días ocurrió lo mismo con las instalaciones del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
En el último año varias organizaciones sin fines de lucro han denunciado confiscaciones. Por ejemplo, la Asociación de Mujeres contra la Violencia denunció que le fueron confiscadas dos propiedades donde funcionaba su oficina y un albergue. La organización ambientalista Fundación del Río, informó desde agosto de 2020 que seis áreas de ellos fueron confiscadas. Las áreas abarcan un total de 454 manzanas de bosques, dos terrenos y cuatro áreas de conservación de bosques.
Una de las primeras organizaciones en denunciar confiscación fue el Centro de Información y Servicios de Asesoría de Salud (CISAS), que dirigía la feminista Ana Quirós, quien fue despojada de la nacionalidad nicaragüense por formar parte de las protestas desde el 18 de abril de 2018. La Asamblea Nacional dictaminó que los bienes y acciones que pertenecen a la ONG “deberán ser entregados al Estado de Nicaragua” previa liquidación.
La “nacionalización” de TSK
El lunes 21 de diciembre de 2020, el 83% de las acciones del grupo español TSK Melfosur que tenía en la distribuidora de energía eléctrica Disnorte-Dissur pasó oficialmente a manos del Estado por medio de una aprobación “extraordinaria” de una Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de la Energía Eléctrica a la Población Nicaragüense.
El primer artículo de esta Ley consignó que “se declara de seguridad soberana y de interés nacional la totalidad de las acciones propiedad de la empresa TSK Melfosur Internacional, Sociedad Anónima (TMI, S.A.)”. Sin embargo, el escrito no dejó claro de qué manera el Estado adquirió esas acciones que tenían un valor de 57.8 millones de dólares.
Para expertos en temas de energía consultados, esta maniobra “es una señal brutal de expropiación porque ni siquiera se dijeron las causas por las cuales le quitaron las acciones a la empresa”.
Con esta, Ley el Estado pasó a controlar casi todo el modelo del mercado energético: transmisión, distribución y comercialización. Lo único que no está totalmente en manos del Estado es la generaciǿn, donde participa el sector privado.
La confiscación de los bienes de Taiwán
El 10 de diciembre de 2021, Daniel Ortega y Rosario Murillo cortaron relaciones con Taiwán, que llevaban más de 20 años, para restablecer relaciones con China. El 26 de diciembre se conocieron las intenciones de Taiwán de donar el edificio de la sede diplomática a la Arquidiócesis de Managua de la Iglesia Católica. Sin embargo, ese mismo día una nota de prensa de la Procuraduría General de la República señaló que el reconocimiento del estado de “una sola” China, “implica el inmediato registro de todos bienes inmuebles, muebles, equipos, a favor del estado reconocido, la República Popular China, con absoluta e irrestricta propiedad y dominio”.
Taiwán rechazó esto y lo calificó como “una ocupación ilegal de su propiedad y su transferencia ilegal”. El pequeño país asiático dijo que hizo una “venta simbólica” a la Iglesia Católica que firmaron el 22 de diciembre con abogados locales. “De conformidad con el derecho internacional relacionado y el artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, luego de la terminación de las relaciones diplomáticas entre Taiwán y Nicaragua el 10 de diciembre de 2021, el gobierno de Nicaragua está obligado a proteger las instalaciones de la Embajada de la República de China (Taiwán), junto con sus bienes y archivos”, señaló Taiwán en un comunicado.
Casas
Como el sandinismo en los años 80 hizo con las propiedades de somocistas, Ortega y Murillo han hecho confiscaciones a bienes de opositores. La misma casa de la pareja presidencial en el barrio El Carmen, de Managua, fue confiscada al empresario y excontra Jaime Morales Carazo. Sin embargo, cuando Ortega regresó al poder en 2007, Morales Carazo fue su compañero de fórmula en la vicepresidencia. El empresario dijo que “había llegado a un acuerdo muy satisfactorio, muy caballeroso, y todo finiquitado” por la casa. En cambio, los mandatarios nunca han hablado sobre el tema.
En agosto de 2021, la periodista Patricia Orozco denunció que el régimen confiscó su vivienda, ubicada en El Carmen, que el Estado le había otorgado hace 36 años. La periodista dijo que bajo presencia policial obligaron a su familia a desalojar la casa a altas horas de la noche y la madrugada para firmar bajo presión un documento de “entrega voluntaria”.
Orozco señaló que como ellas hay muchas familias que estaban siendo despojadas de sus propiedades. “Viven acosos, presiones y amenazas, pero el temor a las represalias les frenan hacer denuncias públicas y dar a conocer los hechos que violan sus derechos”, dijo Orozco.
Uno de los casos emblemáticos desde 2018 es la toma de una casa blanca de dos pisos ubicada en el barrio Monimbó que ahora ha sido convertida en una cuartel de policías. La propiedad en realidad es de Lucila Urrutia, una maestra retirada de más de ochenta años de edad que la heredó su esposo fallecido Rafael Solórzano. Según contó al diario La Prensa, por su buena ubicación estratégica, la casa primero fue pedida de forma coercitiva por los rebeldes de Masaya para ocupar como un puesto médico. Sin embargo, desde el 17 de julio de 2018, cuando la Policía ejecutó la “Operación Limpieza”, la propiedad está en manos de esta institución. Desde entonces, la señora ha intentando recuperar su casa por medio de escritos a la Alcaldía pero no le dan respuesta. “Es una cuestión política”, le dijeron en marzo de 2021.