Régimen suspende plácet al embajador de la Unión Europea por recordar la masacre de abril 

La decisión de la dictadura Ortega-Murillo se da en respuesta al comunicado emitido este martes por el bloque europeo en el que denuncia la “sistemática” represión que se vive en Nicaragua desde 2018 y se compromete a seguir ayudando en la democratización de Nicaragua

empleados públicos
Embajador de la Unión Europea, Fernando Ponz. Foto tomada de internet

Horas después que la Unión Europea (UE) emitió un comunicado resaltando el quinto aniversario de la rebelión de abril, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo suspendió el plácet concedido a Fernando Ponz como nuevo embajador en Nicaragua. La decisión aísla aún más a la pareja presidencial, después que “suspendieron” las relaciones con el Vaticano. La decisión de Managua está a tono con el empeño de la pareja presidencial de borrar de la memoria la masacre de 2018, perpetrada por policías y paramilitares. 

A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el régimen sandinista rechazó el “injerencista, atrevido e insolente” comunicado emitido por la Unión Europa, en el que se condenó la represión ejercida por el Ejecutivo durante estos últimos cinco años en contra de opositores.

“Reiteramos a los señores neocolonialistas de la Unión Europea nuestra condena a todo su genocidio histórico, y exigimos justicia y reparación frente a esos crímenes de lesa humanidad y a su virulento, codicioso y rapaz saqueo de nuestras riquezas y culturas propias”, expuso la Cancillería dirigida por Denis Moncada.

El régimen añadió que, ante estas circunstancias, y frente al permanente “asedio al derecho de la soberanía nacional”, de parte de la Unión Europea, no recibía a su representante.

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El pasado 16 de abril, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó una iniciativa de Ley que declara el 19 de abril como Día Nacional de la Paz, una fecha simbólica para la oposición que conmemora las manifestaciones que estallaron en 2018 contra la dictadura sandinista. 

La UE recordó en el comunicado que después de cinco años de la rebelión cívica, en la que la ciudadanía manifestó su reclamo por el respeto de los derechos humanos, en lugar de que sus demandas fueran escuchadas, el régimen ha ejecutado desde entonces una represión sistemática.

“La Unión Europea ha condenado sistemáticamente esta represión, pidiendo reiteradamente la liberación de todos los presos políticos, el pleno retorno al Estado de derecho y el regreso de las organizaciones internacionales de derechos humanos al país”, señalaron los europeos.

La UE, recuerda, ha alentado regularmente al régimen de los Ortega-Murillo “a entablar un diálogo genuino e inclusivo con el pueblo nicaragüense sobre sus demandas legítimas”. “En este triste aniversario, la UE confirma su disposición a apoyar todos los esfuerzos encaminados a una solución democrática, pacífica y negociada a la prolongada crisis política en Nicaragua”, afirma la diplomacia del Viejo Continente.

Sanciones al régimen

Régimen suspende plácet al embajador de la Unión Europea por recordar la masacre de abril 
Embajador de la Unión Europea, Fernando Ponz. Foto tomada de internet

La Unión Europea ha sancionado a familiares y allegados del dictador Daniel Ortega, entre ellos a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y a varios de sus hijos, bajo señalamientos de atentar contra los derechos humanos y la democracia.

De hecho, en octubre de 2022 la UE prolongó por un año más las sanciones a 21 funcionarios y tres entidades del régimen sandinista, en respuesta a la expulsión de su embajadora en Nicaragua, Bettina Muscheidt, y cortar las relaciones con el Reino de los Países Bajos a finales de septiembre. Una arremetida que se sumó al rechazo del régimen al embajador de Estados Unidos, ratificado por el Senado de los Estados Unidos. 

Estas sanciones que se prorrogaron las impuso la UE en octubre de 2019 contra personas y entidades “responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos o por la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua”, así como contra quienes llevaran a cabo “políticas o actividades que socavaran la democracia y el Estado de derecho”.

Las personas designadas están sujetas a una congelación de activos y se prohíbe a los ciudadanos y empresas de la UE poner fondos a su disposición. Las personas físicas están además sujetas a una prohibición de viajar, que les impide entrar o transitar por los territorios de la UE.


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