Daniel Ortega y Rosario Murillo han impuesto país por cárcel no solo a opositores a su régimen, sino a sus propios “aliados sandinistas”: desde hace unas semanas, las autoridades migratorias del Aeropuerto Internacional de Managua han impedido la salida de Nicaragua a allegados del gobierno, como Álvaro Baltodano Monroy, hijo del general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, Delegado Presidencial para Fomento de las Inversiones. Según fuentes del Ministerio de Gobernación y del partido de gobierno, la decisión se basa en que la pareja presidencial “no va a permitir que ninguna persona que tenga información oficial salga del territorio”.
Baltodano Monroy protestó ante migración del Aeropuerto por la decisión, pero fue enviado de regreso a su casa. Él es apoderado del Grupo Integra, una empresa dedicada a la adquisición y desarrollo de empresas en Centroamérica y México. Aunque es un empresario de poca exposición pública, lo han afectado estas nuevas restricciones migratorias de salida. El hijo del general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, también es sobrino del empresario y gerente general de Café Soluble, Gerardo José Baltodano Cantarero, quien es buscado por la policía de la dictadura, bajo el argumento que, como exdirectivo de La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), es sospechoso por supuestas operaciones ilícitas.
Otro de los allegados al gobierno imposibilitados de salir ha sido Leonardo Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme). Torres es un aliado clave del gobierno tras la ruptura con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). Tampoco lo dejaron abordar su vuelo. Torres también es directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN) y sustituyó al expresidente del Cosep, José Adán Aguerri, en ese puesto.
Las fuentes migratorias también informan que le impidieron la salida a una hija del general en retiro Javier Carrión quien, desde que salió del Ejército, se ha mantenido al margen de la política. La información fue corroborado por un allegado a la familia Carrión.
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Nuevas órdenes para los suyos
Según uno de los funcionarios de Gobernación que aceptó hablar bajo condición de anonimato con DIVERGENTES, las restricciones de salida eran aplicadas antes de forma selectiva contra opositores que cuestionan la administración sandinista. Sin embargo, a raíz de las últimas sanciones impuestas por Estados Unidos y otros gobiernos de la comunidad internacional, la orden es más radical. La señal que alertó al régimen con respecto a sus aliados y funcionarios fue la salida del comisionado mayor de Nueva Segovia, Javier Martínez, quien pidió asilo hace unas semanas en Estados Unidos.
Si bien Martínez no ha hecho ninguna declaración pública en Estados Unidos contraria al gobierno, la fuente de migración sostiene que a lo interno del régimen ya lo consideran como “traidor”. “Por eso hay más candados en las fronteras aéreas y terrestres. No van a repetir el mismo error”, sostuvo el funcionario.
Esta orden restrictiva de salida del régimen es ejecutada por el Ministerio de Migración y Extranjería y coordinada con el Ministerio de Gobernación. En el caso de los nicaragüenses que viajan por vía aérea, los empleados de migración solicitan las listas de pasajeros a las aerolíneas con 24 horas de anticipación. Esto les permite indagar sobre las personas que desean salir del país.
“Antes de 2018 y del Covid-19, Migración solicitaba las listas una hora antes del abordaje. Luego con la pandemia la pedían 24 horas antes, porque alegaban que en otros países debían conocer este tipo de información”, reveló otra fuente ligada a Gobernación, quien explicó que el régimen está utilizando un mecanismo “legal” para controlar quién entra y quién sale del país.
El diario La Prensa informó esta semana que el régimen Ortega Murillo había ampliado una lista de ciudadanos que no podían salir del país y a quienes, si lo intentan, les sería retenido su pasaporte. Según la nota periodística ahora serían incluidos campesinos, líderes del sector empresarial, activistas y periodistas independientes.
Una de las fuentes consultadas por DIVERGENTES confirmó que antes de la radicalización de esta medida, sí existía una lista en la que estaban incluidas figuras políticas y empresariales de mucha connotación, así como periodistas independientes críticos del gobierno y sacerdotes de la Iglesia Católica. Aunque estaban dentro de ese listado, no eran detenidos abruptamente y muchas veces dependía, si viajaba o no, de la disposición del oficial de migración que atendía.
Las fuentes insisten que este férreo control de salida impuesto a opositores y allegados sandinistas responde a las sanciones que la comunidad internacional ha aplicado tras desconocer los resultados de la “farsa electoral” del pasado siete de noviembre, cuando la pareja presidencial selló su permanencia en el poder. En los últimos nueve días, la administración de Joe Biden ha endurecido la presión contra los Ortega-Murillo, aprobando leyes, sanciones y decretos. Esta serie de medidas forman parte de la recién aprobada Ley Renacer, y busca tener impactos políticos y económicos que pueden provocar la inmovilidad de los funcionarios públicos.
El pasado martes, Biden proclamó restricción migratoria a miembros del régimen, incluyendo a Ortega y Murillo. Esta medida emula a la que impuso en 1988 el presidente Ronald Reagan, durante la guerra de los años 80 entre los sandinistas y la contrarrevolución. De forma simultánea, el presidente de Estados Unidos extendió la declaración de emergencia que implementó la administración de Donald Trump en noviembre de 2018, tras las violaciones cometidas por los sandinistas en las protestas de ese año.
“La única opción es salir por puntos ciegos, pero seguramente van a redoblar la presencia de Policías y militares. Terminaremos como Cuba”, aseguró una de las fuentes del partido oficial consultadas para este artículo. Cada vez más, agrega, hay más incertidumbre y descontento entre los funcionarios públicos de mediano rango.
“Te buscan en Google y no te dejan salir”
La salida por la vía terrestre también está vigilada por los oficiales de migración. Hasta hace unos meses solo quiénes estaban en lista eran detenidos y regresados a su ciudad de origen. En muchos casos los pasaportes son decomisados. También a algunos directivos de cámaras empresariales (que por temor no hablan) les han impuesto de facto restricción migratoria.
Recientemente, Alejandro Martínez Cuenca, quien dirige la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG), misma que fue allanada el pasado cuatro de noviembre, no pudo viajar. Martínez Cuenca no respondió a nuestras llamadas para saber más detalles de su caso. Las fuentes sostienen que la esposa del empresario Gerardo Baltodano, Maria Caridad Gonzalez Chamorro, tampoco pudo salir por el aeropuerto.
La medida restrictiva afecta, además, a familiares de presos políticos. A María Josefina Gurdián, mejor conocida como Pinita, no le permitieron su ingreso a Costa Rica para realizarse un examen médico. Ella es madre de Ana Margarita Vijil y abuela de Tamara Dávila, presas en la cárcel de El Chipote. Gurdián viajaba con una de sus hijas en un autobús y, al llegar al puesto de Peñas Blancas, un oficial de Migración con lista en mano leyó sus nombres, se acercó a ambas y les pidió que entregaran sus pasaportes.
Otro caso reciente es el de Monseñor Silvio Fonseca. Él viajaba el siete de noviembre rumbo a Estados Unidos, pero al llegar donde estaban los agentes de migración, uno de ellos le informó que no podía salir del país, porque su documentación presentaba problemas y que no podía ser leído por el sistema.
Una fuente aeroportuaria consultada para este artículo reveló que la “ampliación de la lista” que tenían para evitar que opositores o aliados salieran del país, ahora se nutre de la información que los oficiales de migración “pesquen” en las redes sociales como Facebook, Twitter o cualquier declaración ofrecida en medios de comunicación.
“Te buscan en Google, te encuentran y después no te dejan salir”, explicó la fuente. Otro funcionario consultado agregó que una de las excusas que usaban antes de que la orden fuera más estricta, era informar que el pasaporte estaba malo o que no había sistema, tal y como ocurrió con monseñor Silvio Fonseca.
Funcionarios de medio rango en el ojo
Aunque el régimen amplió “la lista” de opositores y empresarios que cuestionan la violación a los derechos humanos que ejercen en el país, a juicio del politólogo José Alcázar, la medida de restricción de salida y de vigilancia está dirgida a funcionarios de medio rango que participaron de la represión y violaciones a los derechos humanos a partir de 2018, pero que no están tan involucrados como los altos mandos.
“En Cuba funciona así. No hay ningún funcionario que esté a salvo. Y en Nicaragua será similar. La mayoría van a ser objeto de vigilancia. A medida que la paranoia siga expandiéndose y el régimen continúe deteriorándose, la presión será mucho mayor. Los altos mandos están claros que las ratas van a saltar del barco, entonces los van a enjaular”, opinó Alcázar.
Esos funcionarios de medio rango a los que se refiere Alcázar son fiscales, jueces, mayores o capitanes del Ejército Nacional. “La medida no es para Gustavo Porras, Edwin Castro o Ramón Avellán, que ya están bien manchados. Es para esa gente que está por debajo de ese nivel”, agregó.
El politólogo señaló que la restricción de salida para familiares de funcionarios es únicamente para chantajear al empleado de rango medio que decida irse a Estados Unidos u otro país, para informar a la comunidad internacional sobre la operación del régimen sandinista.
“El régimen está claro que si permite la salida de la esposa del funcionario, de sus hijos o de sus hermanos, y posteriormente la fuga de la persona que es de su interés, no va a poder frenar cualquier denuncia. Ellos son instrumentos que se pueden convertir en rehenes para tapar bocas”, manifestó el politólogo, quien agregó que es posible que algunos de los empleados de mediano rango que piensen en salir quizás ya tengan orden de restricción migratoria sin saberlo.
El análisis de Alcázar sobre el bloqueo de la salida de Nicaragua hacia otro país, tiene que ver con hacerle las cosas más complicadas a los ciudadanos que cuestionan al gobierno. Es decir, quitarles su pasaporte para que no tengan oportunidad de viajar desde otro país hacia el destino de su elección. Además de enviar un mensaje de que si salen del país no podrán entrar nuevamente.
“Hay algo muy importante que debemos señalar: La mayoría de gente opositora que quería salir del país y se le negó, pretendían viajar por cuestiones de salud o negocios. No necesariamente pensaba abandonar el país; puede ser que en algunos casos sí, pero el resto no”, amplió el politólogo. Alcázar considera que el régimen pretende “amargarles la vida” a estos ciudadanos e infundir el terror como contragolpe de las sanciones que impusieron distintos gobiernos. “Ellos dicen ‘ustedes nos sancionan, pues nosotros tenemos sancionados a los que tenemos presos y sancionados a los que tenemos confinados en el territorio nacional’. Esa es la lógica del régimen”, finalizó.