Estados Unidos ya ha trazado la ruta con la que presionará al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo: golpear al círculo de poder y a los cómplices de abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos. Después de que los caudillos sandinistas se aseguraron un cuarto mandato consecutivo por medio de unas elecciones sin competencia, la administración del presidente norteamericano, Joe Biden, ha calificado al régimen nicaragüense como “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”.
Para Manuel Orozco, analista del Diálogo Interamericano, un centro de pensamiento de Estados Unidos sobre relaciones internacionales, las sanciones impuestas en los últimos nueve días significan la definición de la agenda de política exterior del país norteamericano con respecto al régimen Ortega-Murillo, en la que lo definen “como un sistema dictatorial y no democrático”. Orozco considera que la administración Biden busca lograr impactos políticos y económicos “con precisión hacia el Estado” de Nicaragua.
El pasado 10 de noviembre, tres días después de que la pareja Ortega-Murillo se adjudicó las elecciones, el presidente Joe Biden firmó la Ley Renacer, una medida de presión que podría tener consecuencias económicas graves para Nicaragua. Una semana después, el Departamento de Estado sancionó al Ministerio Público y nueve funcionarios sandinistas. Además, este martes, proclamó restricción migratoria a miembros del régimen, incluyendo al comandante Daniel Ortega. Esta medida emula a la impuso en 1988 el presidente Ronald Reagan, durante la guerra de los años 80 entre los sandinistas y la contrarrevolución. De forma simultánea, Biden extendió la declaración de emergencia que implementó la administración de Donald Trump en noviembre de 2018, tras las violaciones perpetradas por los sandinistas en las protestas de ese año. Este es el manifiesto que califica al régimen nicaragüense como una amenaza para Estados Unidos.
La administración norteamericana también buscará impedir que el régimen de Ortega y Murillo obtenga fondos o préstamos de instituciones financieras internacionales, según dijo este martes Brian Nichols, el principal funcionario del Departamento de Estados para América Latina.
“Las sanciones son parte del efecto de entrada en rigor de la Ley Renacer”, dijo el politólogo Orozco. “El propósito es cambiar el balance de poder en manos del régimen, para equilibrar la desigualdad existente entre el poder económico y político de una dictadura y su población”, agregó. “La Ley Renacer lo que hace es contribuir a restaurar la soberanía del nicaragüense”.
El analista político y exdiputado, Eliseo Núñez, dijo que estas sanciones muestran el “aislamiento total” de las instituciones estatales de Nicaragua con el mundo. “Lo que esto va a provocar es la inmovilidad del Estado, porque un Estado debe tener capacidad de mover a sus funcionarios para hacer gestiones, y ya no lo podrán hacer”, agregó.
Impactos políticos y económicos
En la parte política, Manuel Orozco considera que el esfuerzo planteado por la administración de Biden es multilateral, “basado en los compromisos internacionales frente a violaciones de derechos humanos y estado democrático, sobre corrupción como instrumento que altera el orden constitucional”. En este sentido, hace cuatro días, 25 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) votaron a favor de una resolución para desconocer la legitimidad de las elecciones del siete de noviembre. Además, se instruyó a realizar una evaluación que se entregará a finales de este mes para que se tomen acciones con base a la Carta Democrática Interamericana.
Ante esta presión diplomática, la Asamblea Nacional, controlada por la pareja en el poder, aprobó una declaración “instando” a Ortega denunciar la Carta de la OEA y que retire a Nicaragua de ese organismo interamericano, al que tildaron de “ministerio de las colonias” estadounidense. Los legisladores también solicitaron a los demás poderes del Estado de Nicaragua, todos bajo control sandinista, «pronunciarse ante este reprochable acto injerencista, para que juntos continuemos defendiendo la soberanía y dignidad de nuestra patria». El diputado sandinista Walmaro Gutiérrez, sancionado por el Departamento del Tesoro, dijo que la decisión de salirse de la OEA “le corresponderá decidir al presidente de la república (Daniel Ortega”.
En el aspecto económico, Orozco considera que el impacto tiene “la precisión de ajustar cuentas” con las actividades económicas del régimen que afectan la integridad humana y el bien común de los nicaragüenses. Según el politólogo, la revisión y evaluación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos tiene varias discrecionalidades, como restringir importaciones de productos nicaragüenses que provienen de actividades corruptas del régimen, como por ejemplo, los negocios de exportación de madera.
La Ley Renacer también obliga a Estados Unidos a realizar un escrutinio a los organismos financieros internacionales, para asegurarse de que haya un debido rendimiento de cuentas de los desembolsos que le otorgan a Nicaragua.
Afectaciones a lo interno
Otro de los impactos importantes que valoran los analistas es el debilitamiento interno de las bases sandinistas. “Va a profundizar la erosión acelerada de sus ya escuálidas bases de apoyo. El funcionario de nivel intermedio es uno de los más afectados, así como sus ‘operadores’ económicos”, expresó la socióloga Elvira Cuadra.
Eliseo Núñez considera que el sandinista promedio, de base, se dará cuenta de que el atornillamiento de la pareja presidencial en el poder tiene consecuencias. “Esto habría que ver qué impacto tiene en la lealtad de sus fanáticos o militantes con el régimen”, enfatizó.
Manuel Orozco dijo que las medidas afectarán al círculo de poder del Frente Sandinista y esto tendrá “un efecto derrame que puede ejercer presión en la complicidad directa que tengan estos operadores con la pareja presidencial”. Para el analista, las medidas de Estados Unidos tienen la precisión de ir directo a quienes están afectando a los nicaragüenses en la privación de las libertades de expresión y de movimiento, de participación política y pleno ejercicio de derechos constitucionales.
Para Núñez, las sanciones provocarán que el régimen de Ortega y Murillo busque vengarse de los opositores que todavía están en Nicaragua. “Esa es la tónica de cómo se comporta el régimen después que lo sancionan”, y agregó: “Esta espiral de aislamiento lo que va a hacer es empeorar la situación de los opositores dentro de Nicaragua”.