La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo remitió este martes, 10 de enero, a juicio oral y público a monseñor Rolando José Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, por los supuestos delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”. El religioso fue llevado en horas de la mañana a audiencia inicial en el Juzgado Décimo de Distrito Penal de Audiencia de Managua.
“La autoridad judicial revisó las medidas cautelares decretadas en la audiencia preliminar manteniendo el arresto domiciliario, asimismo, admitió el intercambio de información de pruebas y remitió la causa a juicio”, confirmó la dirección de prensa y relaciones públicas del Complejo Judicial Central Managua.
Según la causa judicial, filtrada por el abogado y extrabajador del Poder Judicial, Yader Morazán, el pasado 19 de diciembre Vilma Esperanza Álvarez Lagos, hermana del obispo, solicitó a la jueza Gloria Saavedra Corrales el nombramiento de una defensa técnica de confianza. Sin embargo, esta no aceptó la petición, y en su lugar impuso a la defensora pública Jennifer Hernández. Esta abogada fungió en meses anteriores como asistente del juez Edén Aguilar, quien condenó a monseñor Leonardo Urbina.
Álvarez es una de las voces proféticas de la Iglesia Católica en Nicaragua, y azote moral contra el régimen sandinista que viola los derechos humanos. El jerarca fue detenido por la Policía el pasado 19 de agosto en la Curia de Matagalpa y trasladado a casa de sus familiares en Managua, sin que la justicia le imputara cargo alguno, más que el eufemismo de “resguardo domiciliario” bajo una supuesta “investigación”.
DIVERGENTES conoció que hace más de un mes Álvarez fue removido de la casa de sus familiares ubicada en Managua y fue trasladado a una vivienda en la capital administrada por el gobierno. Las fuentes judiciales y eclesiales confirman el movimiento de lugar de reclusión de facto del obispo de Matagalpa.
El pasado 13 de diciembre de 2022, el régimen hizo oficial el secuestro de monseñor Álvarez al presentarlo en los Juzgados de Managua vestido de civil, sin utilizar el uniforme azul con el que normalmente imponen a los presos políticos. En esta nueva presentación, el religioso también fue llevado con ropa particular, con un pantalón negro y una camisa de vestir blanca.
Con la admisión a juicio, monseñor Álvarez se convierte en el primer obispo arrestado y acusado desde que Daniel Ortega retornó al poder en 2007. Las relaciones entre el catolicismo y el gobierno se tensionaron a raíz de las protestas de abril de 2018, cuando los principales líderes católicos decidieron tomar una postura en contra de Ortega.
Mantiene orden de captura contra Vallejos
En la misma causa también está siendo acusado el padre Uriel Vallejos, párroco de la parroquia Divina Misericordia, en Sébaco, quien se vio obligado a huir al exilio después de permanecer cercado por la Policía por casi 72 horas en la casa cural de ese templo, en agosto pasado.
La justicia sandinista recalcó en el comunicado que Vallejos está siendo acusado por los mismos delitos que Álvarez, y señaló que continuará vigente el oficio a Interpol para su captura. Sin embargo, las personas que cuentan con protección internacional, como el sacerdote que es solicitante de refugio en Costa Rica, no pueden ser circuladas internacionalmente.
2022 sombrío para la Iglesia Católica
En 2022, la administración sandinista expulsó del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y a 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta.
También ha llevado a prisión a siete sacerdotes, cerrado más de 10 estaciones de radio católicas y sacado de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos.
La Policía además ha ingresado por la fuerza y allanado una parroquia, impedido a los feligreses recibir la eucaristía dentro del templo y sitiado a otros sacerdotes en sus iglesias, entre otros.