La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializó el secuestro de monseñor Rolando Álvarez la noche de este 13 de diciembre, casi un mes después que lo removieron de la casa de sus familiares en Managua para trasladarlo a una vivienda en la capital administrada por el gobierno. Fuentes judiciales y eclesiales confirman a DIVERGENTES el movimiento de lugar de reclusión de facto del obispo de Matagalpa, a quien lo acusan por los delitos políticos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”.
Álvarez, voz profética de la Iglesia Católica y azote moral contra el régimen sandinista que viola derechos humanos, fue detenido por la policía el pasado 19 de agosto en la Curia de Matagalpa y trasladado a casa de sus familiares en Managua, sin que la justicia le imputara cargo alguno, más que el eufemismo de “resguardo domiciliario” bajo una supuesta “investigación”. Han sido 117 días en los que el jerarca religioso ha estado apartado de su apostolado en Matagalpa, silenciado, mientras su Diócesis y sus integrantes fueron perseguidos por la policía, al punto que este domingo fueron detenidos dos periodistas que le daban vida a las páginas de redes sociales de la jurisdicción católica del norte.
Las fuentes consultadas no saben el lugar exacto donde fue trasladado Álvarez, pero sí coinciden en que su traslado al juzgado ocurrió desde la vivienda administrada por el gobierno Ortega-Murillo. DIVERGENTES ha intentado contactar con los familiares de Álvarez, pero no ha sido posible. “Los familiares tienen miedo de hablar y no saben dónde se lo llevaron”, dice una de las fuentes eclesiásticas. Sin embargo, fuentes religiosas insisten que el prelado ha sido apartado de su núcleo familiar en una “vuelta más de tuercas del régimen” contra la Iglesia Católica, ante el silencio “ominoso” del Cardenal Leopoldo Brenes, quien este doce de diciembre recomendó orar por la Virgen de Guadalupe y no por su iglesia perseguida. Una actitud también acorde al mutismo del Papa Francisco en Roma.
A través de los medios de propaganda de la dictadura, se pudo observar a monseñor Álvarez vestido de civil, sin utilizar el típico uniforme azul con el que normalmente visten a los presos políticos. Tampoco lo llevaron esposado.
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En un comunicado emitido por el Complejo Judicial Managua, el régimen sandinista señaló que la acusación presentada por el Ministerio Público, fue admitida por la justicia por cumplir los requisitos procesales en contra del prelado. “Asimismo, la autoridad judicial le nombró defensor, le decretó arresto domiciliario y programó audiencia inicial para el 10 de enero de 2023”, dicta el documento político.
De esta manera monseñor Álvarez se convierte en el primer obispo arrestado y acusado desde que el dictador Ortega retornó al poder en 2007. Las relaciones entre el catolicismo y el gobierno se tensionaron a raíz de las protestas de abril de 2018, cuando los principales líderes católicos decidieron tomar una postura en contra de Ortega.
Álvarez fue sacado por la fuerza de la Curia Episcopal de Matagalpa el pasado 19 de agosto. El prelado estuvo retenido por 15 días junto a otros religiosos. Ese día la Policía informó que el obispo fue llevado a Managua bajo “resguardo domiciliario”, mientras que los sacerdotes y otros laicos que lo acompañaban fueron llevados a las celdas “El Chipote”.
Según dijo en ese entonces la Policía, Álvarez como cabeza de las altas autoridades de la Iglesia Católica y “prevaliéndose de su condición de líderes religiosos, utilizando medios de comunicación y redes sociales, intentó organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población… con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.
El exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, criticó en redes sociales la “cobarde” y “criminal” exhibición del líder religioso y reclamó que Álvarez haya sido presentado sin su categoría de obispo.
“Dictadura cobarde y criminal exhibe a monseñor Rolando Álvarez sin sotana, sin abogados y sin ley que lo ampare. Por casi 4 meses estuvo desaparecido y hasta ahora dicen que le darán casa por cárcel, que su audiencia judicial será en enero 10 de 2023”, escribió Mcfields.
Giran orden de captura contra padre Vallejos
En la misma causa, la dictadura sandinista acusó al padre Uriel Vallejos, párroco de la parroquia Divina Misericordia, en Sébaco, quien se vio obligado a huir al exilio después de permanecer encerrado por casi 72 horas en la casa cural de ese templo, en agosto pasado, cuando la Policía ingresó por la fuerza para apropiarse de los equipos de Radio Católica.
El régimen declaró a Vallejos como un “prófugo de la justicia” y giró oficio a la Interpol para su captura. Sin embargo, las personas que cuentan con protección internacional, como el sacerdote que es solicitante de refugio en Costa Rica, no puede ser circulado por Interpol.
Ataques a la Iglesia Católica
Este año, el Gobierno sandinista expulsó del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y a 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta.
También ha llevado a prisión a siete sacerdotes, cerrado diez estaciones de radio católicas y sacado de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos.
La Policía además ha ingresado por la fuerza y allanado una parroquia, impedido a los feligreses recibir la eucaristía dentro del templo y sitiado a otros sacerdotes en sus iglesias, entre otros.
Igualmente, prohibió a la Arquidiócesis de Managua la procesión con la imagen peregrina de la Virgen de Fátima, y otras procesiones religiosas.