Otro golpe a la lucha anticorrupción en Guatemala: destituyen al fiscal contra la impunidad

Los últimos bastiones que quedaron de la lucha contra la corrupción en Guatemala, liderada por CICIG entre los años 2015 y 2019, sufren un nuevo retroceso: Ante el anuncio de la Fiscal General por destituir al Fiscal general contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval, se desataron una serie de reacciones y protestas en contra de esa decisión. La salida del fiscal rumbo al exilio involucra a altos funcionarios del gobierno, en uno de los períodos más oscuros de la justicia en el país.

El Fiscal Especial Contra la Impunidad de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, habla durante una conferencia de prensa en la Ciudad de Guatemala, el 23 de julio de 2021. Foto de Oliver de Ros, NoFicción. Cortesía.

En Guatemala se libra una nueva batalla contra la corrupción. Los esfuerzos anticorrupción que quedaron tras la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) en 2019, recibieron un nuevo golpe el pasado viernes 23 de julio: Ese día, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, removió de su cargo a Juan Francisco Sandoval, como jefe de la Fiscalía especial contra la impunidad (FECI).

Juan Francisco Sandoval tiene 38 años y cuenta con una carrera de 18 años en el Ministerio Público; los últimos seis los fungió como Fiscal especial contra la impunidad. Ha sido reconocido internacionalmente por su lucha contra la corrupción. El pasado febrero recibió el premio “campeón anticorrupción” que el Departamento de Estado de los Estado Unidos entrega a 12 personas en el mundo. 

Desde su nombramiento como jefe de la FECI en 2015, Sandoval ha presentado casos sobre corrupción gubernamental que han resultado en funcionarios y exfuncionarios presos y ligados a procesos penales. Uno de ellos es el de expresidente (2012-2015) Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes renunciaron durante su mandato y se encuentran presos y ligados a juicios penales señalados de enriquecimiento ilícito, defraudación y lavado de dinero, entre otros.  

El exfiscal es considerado una pieza clave en los últimos años de la lucha contra la corrupción en Guatemala, mientras formaba parte del equipo de la exfiscal general (2014-2018) Thelma Aldana y el excomisionado de CICIG, Iván Velásquez, reconocido abogado colombiano.

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El equipo de fiscales dirigido por Sandoval era uno de los últimos bastiones que quedaron de la extinta CICIG, un organismo internacional de las Naciones Unidas instalado en Guatemala para combatir la impunidad y corrupción, y para fortalecer al Ministerio Público. La FECI de Sandoval era la personificación de ese fortalecimiento, y su salida podría afectar el curso de al menos 200 expedientes. 

Según declaraciones en conferencia de prensa brindada por el mismo Juan Francisco Sandoval, el día de su salida del Ministerio Público y de Guatemala hacia El Salvador, país en el que se exilió, los casos que su fiscalía investigaba involucran a allegados al partido de gobierno, Vamos, a diputados del Congreso y a magistrados de las cortes de justicia. 

Un fiscal incómodo para el gobierno

Según el comunicado público del viernes 23 de julio, la fiscal general, Consuelo Porras, tomó la decisión de nombrar a Carla Isidra Valenzuela Elías como nueva jefa de la FECI. La destitución de Sandoval se justifica por supuestos “abusos y frecuentes atropellos” a la institucionalidad de la entidad y “vejámenes” de los que asegura Porras fue víctima. Así como una “inminente falta de confianza” entre ambos.

Sin embargo, dentro del despido de Juan Francisco Sandoval se han señalado anomalías. Debido a que el exfiscal llegó al cargo de jefe de la FECI por su carrera profesional dentro del Ministerio Público, la Ley Orgánica de la institución establece que los fiscales de carrera no pueden ser destituidos sin un proceso disciplinario, luego de que se compruebe una falta grave. Por lo que la “confianza” no sería un motivo válido, y Sandoval asegura que nunca se le comunicó sobre algún procedimiento en su contra, ni se le escuchó antes de removerle del cargo.

En entrevista con El Faro, el exjefe de la FECI reveló que Consuelo Porras no se comunicó personalmente con él para despedirlo. Hasta las 6pm del domingo, 25 de julio, la Fiscal General no ha justificado su decisión de sacar a uno de sus mejores fiscales, y de los más respaldados por los socios internacionales del Ministerio Público

Existen posturas, como las de extrabajadores de CICIG y la exfiscal general, Claudia Paz y Paz, que califican la acción de Porras como ilegal. Juan Francisco Sandoval confirmó a su salida que él impugnará esta decisión de removerlo de su cargo sin el debido proceso.

Dentro de los verdaderos motivos para sacarlo del Ministerio Público, Sandoval expuso en su última rueda de prensa que, desde la llegada de Consuelo Porras a la jefatura de la fiscalía, la independencia de la FECI fue disminuyendo. Además de que su trabajo se convirtió en incómodo para funcionarios del actual Gobierno encabezado por Alejandro Giammattei.

De acuerdo con el exfuncionario anticorrupción, la Fiscal General detuvo investigaciones de alto impacto sobre jueces, diputados y otras autoridades mediante traslados de expedientes, remoción de fiscales, prohibiciones para operativos, “retraso” de procesos y “agilizar lo que le conviene”. 

Sandoval incluso reveló que no considera que esas investigaciones prosperen, porque la jefa del Ministerio Público mantiene una “amistad” con el presidente Giammattei y varios funcionarios bajo investigación de la FECI. Y señaló a ambos de posible obstrucción de la justicia, siendo su despido una consecuencia de esta complicidad.

Rumbo al exilio

Otro golpe a la lucha anticorrupción en Guatemala: destituyen al fiscal contra la impunidad
Galardonado en febrero como campeón anticorrupción por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, advierte que el país está en riesgo de una “dictadura” por el irrespeto a las resoluciones judiciales. EFE | Esteban Biba.

Juan Francisco Sandoval abandonó el país la madrugada del sábado 24 de julio –inmediatamente después de brindar la conferencia de prensa– por la frontera terrestre Las Chinamas, entre Guatemala y El Salvador, con destino final desconocido. Sandoval es el quinto operador de justicia en menos de tres años que ha abandonado el país a causa de las investigaciones que realizó.

La Procuraduría de la Derechos Humanos (PDH), bajo el liderazgo de Jordán Rodas Andrade, acompañó al exjefe de la FECI desde su salida del MP hasta la frontera con el país vecino. El último acto público de Sandoval se realizó desde las instalaciones de la PDH.

Jordán Rodas Andrade declaró que la decisión de sacar al exfiscal se tomó como medida para “resguardar” su vida integridad, ante posible persecución judicial y criminalización en su contra como represalia por sus declaraciones y su trabajo anticorrupción.

Ante los señalamientos de Sandoval sobre posible complicidad entre Porras y Giammattei, tanto el MP como el Gobierno de Guatemala se pronunciaron el sábado 24 de julio. 

La fiscalía no emitió un comunicado, pero respondió a medios de comunicación que la institución es “respetuosa de la opinión de las personas”. Si (Juan Francisco Sandoval) tiene alguna inconformidad puede hacerlo a través de la vía legal correspondiente, ante los órganos jurisdiccionales competentes”.

Por su parte, el Gobierno de Guatemala compartió un pronunciamiento con el que “rechaza categóricamente” lo declarado por Sandoval sobre “supuestos hechos penales, haciendo mención directa o indirecta hacia el Presidente”.  Y solicitó una “indagación de mérito” para demostrar si lo que dijo el exfiscal es verdad. Además aseguraron que Alejandro Giammattei es “respetuoso de la independencia que la ley le otorga al Ministerio Público”.

Reacciones de diferentes sectores ante el despido de Sandoval no se han hecho esperar y ya se registran pronunciamientos de la comunidad internacional, sociedad civil, movimientos estudiantiles, el sector empresarial y religioso como: congregaciones católica de diferentes partes del país, el Consejo Nacional Empresarial, autoridades indígenas y de diferentes pueblos mayas, organizaciones internacionales como Impunity Watch, Abogados Sin Fronteras-Canadá y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y asociaciones estudiantiles de la Universidad Rafael Landívar (URL).

También hubo pronunciamientos de bloque legislativos de Guatemala y de representantes nacionales y estadounidenses, así como de funcionarios como Samantha Power directora de USAID (por sus siglas en inglés) y Juan González asistente especial del presidente John Biden.

La mayoría de las reacciones y pronunciamientos coinciden en el reconocimiento a la labor de Juan Francisco Sandoval al frente de la FECI, en las anomalías alrededor del despido en el MP y en el retroceso de la lucha contra la corrupción e impunidad en Guatemala.

Y la consecuencia social más tangible ante la noticia de la salida de Sandoval, fue una serie de convocatorias ciudadanas para protestar frente a las instalaciones del Ministerio Público en contra de la fiscal Consuelo Porras y frente a la PDH, a favor de Juan Franciso Sandoval el viernes 23 de julio. Y un seguimiento el 24 de julio, de nuevo frente al MP y una movilización posterior a la Plaza Central para manifestarse también en contra del Gobierno de Guatemala.

Detonan protestas

Otro golpe a la lucha anticorrupción en Guatemala: destituyen al fiscal contra la impunidad
Varios manifestantes sostienen un retrato del destituido fiscal de la FECI, Juan Francisco Sandoval, durante una protesta para exigir la renuncia del presidente guatemalteco Alejandro Giammattei y la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, frente a la sede del Ministerio Público en Ciudad de Guatemala el 24 de julio de 2021. Alejandro Ros. NoFicción. Cortesía.

En las manifestaciones del fin de semana, se pudo observar un malestar generalizado ante la destitución de Juan Francisco Sandoval, sus declaraciones que señalan a funcionarios de corrupción y el manejo de la pandemia por el coronavirus. Y se identificó una petición casi universal: la renuncia de Alejandro Giammattei y de Consuelo Porras. 

Aunque no fue una manifestación multitudinaria –con aproximadamente 2 mil personas presentes en su punto más alto– como las registradas en 2015 y 2016, ha sido la convocatoria más grande del año en contra de la corrupción y el actuar de funcionarios públicos. Y se espera que continúen las acciones de rechazo y descontento en los próximos días con un llamado de autoridades indígenas como los 48 Cantones de Totonicapán y el Parlamento Xinca llamando a un paro nacional la próxima semana. Con el objetivo de continuar exigiendo la renuncia de los dos funcionarios: Porras y Giammattei.

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