La política exterior de Costa Rica dio un giro de 180 grados. Históricamente reconocido como un santuario para refugiados y un faro de derechos humanos en Centroamérica, el país ha decidido alinear su agenda migratoria con la doctrina de “fronteras cerradas” de la administración del presidente estadounidense Donald Trump.
El mandatario Rodrigo Chaves firmó un acuerdo que convierte a Costa Rica en un receptor directo de migrantes deportados por Estados Unidos, una concesión que redefine el papel del país en el corredor migratorio regional.
Este alineamiento se inscribe en una estrategia más amplia de la administración Chaves para consolidarse como el principal aliado de Washington en la región, en un momento donde otras potencias latinoamericanas como Brasil y México mantienen distancia de las políticas de la Casa Blanca.
Giro geopolítico hacia el norte
El acuerdo con Estados Unidos permitirá a la potencia norteamericana deportar hasta 25 personas por semana a suelo costarricense, según registró el diario La Nación. Se trata de un memorando de entendimiento bilateral sobre flujos migratorios, mediante el cual se trasladará a personas extranjeras que no son estadounidenses y que están ilegales en EE. UU. Sin embargo, el costo de este blindaje diplomático se pagará en las fronteras y en las instituciones sociales costarricenses.
En febrero de 2025, 200 migrantes de 16 países que Estados Unidos envió a Costa Rica, sufrieron meses de incertidumbre durante su encierro en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), muchos con miedo de volver a sus países de origen.
Un día antes del aterrizaje del avión con los deportados, el presidente Chaves trató de contrarrestar las críticas por convertir a Costa Rica en un país puente. “Estados Unidos nos está tratando muy bien y nosotros a ellos también, porque somos colaboradores cercanos (…) Estamos ayudándole al hermano económicamente poderoso del norte, a quien si nos ponen un impuesto en zona franca nos friegan, –que no creo que lo vayan a hacer– y además amor con amor se paga. 200 (migrantes) vienen, los tratamos bien y se van”, dijo el mandatario en esa ocasión.
El acuerdo consolida lo que analistas internacionales ya catalogan como una adopción de facto del modelo de “Tercer País Seguro”, una figura que Estados Unidos ha utilizado en el pasado para externalizar sus fronteras hacia Centroamérica.
Para Chaves, aceptar los vuelos de deportación estadounidenses representa una moneda de cambio político que le garantiza el favor de Trump, en un contexto regional marcado por la iniciativa estadounidense de castigar severamente la migración irregular.
La “letra pequeña” de las deportaciones
Sin embargo, para Costa Rica —un país que ya enfrenta una enorme presión demográfica y fiscal por la recepción histórica de cientos de miles de exiliados nicaragüenses y el tránsito de venezolanos—, sumar a los deportados de EE. UU. supone un desafío logístico y económico de dimensiones aún incalculables.
Más allá de la foto diplomática, los detalles operativos del texto suscrito generan interrogantes. Según los lineamientos filtrados y los reportes de medios como La Nación de Costa Rica y El País de España, el Gobierno estadounidense ha encontrado una vía legal y logística para redirigir hacia San José a aquellos migrantes que no logren justificar su estancia en territorio estadounidense.
El acuerdo plantea dudas operativas fundamentales como quién financiará la atención humanitaria, el albergue y el eventual retorno de estas personas a sus países de origen una vez que aterricen en suelo tico.
Si bien los vuelos son costeados por Washington, la carga de la integración temporal o el manejo de estas poblaciones recaerá sobre el Estado costarricense. En la práctica, el pacto transforma a Costa Rica en una “sala de espera” de deportaciones, asumiendo un rol de contención que históricamente correspondía a México o al Triángulo Norte.
“No queremos más sorpresas”: el choque institucional
La firma de este pacto no solo agita las aguas internacionales, sino que ha provocado una crisis de transparencia a nivel doméstico. Tras conocerse que las autoridades costarricenses firmaron un acuerdo para recibir semanalmente hasta 25 migrantes deportados por Estados Unidos, la Defensoría de los Habitantes llamó al Gobierno de Rodrigo Chaves a evitar repetir los hechos del año anterior.
La Defensoría de los Habitantes reaccionó con dureza ante la opacidad con la que el Poder Ejecutivo manejó las negociaciones, excluyendo a los entes garantes de derechos humanos del proceso. La entidad fue tajante en su reclamo al señalar que “no queremos más sorpresas del Gobierno” en materia migratoria. La preocupación central de esta organización radica en la falta de garantías sobre cómo se respetarán los derechos constitucionales y el debido proceso de las personas deportadas, además del impacto en las comunidades receptoras.
Mientras el Gobierno presenta la alianza con Trump como un triunfo diplomático, las instituciones de control interno advierten que Costa Rica se ha comprometido a ejecutar una política migratoria ajena sin haber preparado a su propio Estado para soportar el impacto.