La administración de Donald Trump ha aprovechado la conmoción provocada por el tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington para implementar la paralización administrativa más drástica del sistema migratorio en años recientes. Lo que se presentó inicialmente como una respuesta de seguridad ante un sospechoso de nacionalidad afgana, se ha transformado en una herramienta política masiva: un memorando interno de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ordena congelar todas las solicitudes de asilo a nivel mundial, sin importar la nacionalidad del solicitante.
Esta decisión trasciende la lista de 19 países catalogados como de “alto riesgo” y golpea de lleno a la migración centroamericana. Mientras la atención mediática se centra en las naciones vetadas, el bloqueo de los formularios I-589 (solicitud de asilo) deja en el limbo a miles de nicaragüenses, salvadoreños, hondureños y guatemaltecos que huyen de la persecución política y la violencia en sus países, y que ahora enfrentan un muro burocrático indefinido en Estados Unidos.
El detonante oficial de estas medidas fue el ataque ocurrido durante la semana de Acción de Gracias, donde un soldado murió y otro resultó herido, a manos de un ciudadano afgano que había ingresado a EE. UU. en septiembre de 2021 y recibió asilo recientemente, según reportó CBS News.
Bajo el argumento de “proteger al pueblo estadounidense”, USCIS emitió el memorando PM-602-0192 el martes 2 de diciembre. El documento instruye a los funcionarios a detener la adjudicación final de casos no solo para los ciudadanos de los países vetados, sino para cualquier solicitante de asilo pendiente de resolución.
Michael Valverde, ex alto funcionario de USCIS, calificó la medida como “sin precedentes” en declaraciones a CBS News. Valverde explicó que, si bien la agencia ha realizado pausas tácticas en el pasado, la diferencia actual radica en que esta suspensión afecta a “un gran grupo de individuos y en cada categoría de beneficio migratorio”. Por su parte, críticos consultados por la agencia AP señalan que estas acciones de la administración Trump equivalen a un “castigo colectivo” para la comunidad migrante.
La “lista negra” y el impacto regional
La orden ejecutiva se apoya en la Proclamación Presidencial 10949 de junio pasado, que restringe la entrada a ciudadanos de 19 países por preocupaciones de seguridad nacional. La lista incluye a naciones con fuertes vínculos en la región y grandes diásporas en EE. UU., como Venezuela, Cuba y Haití.
Para los nacionales de estos países, la medida va más allá de una pausa. El memorando oficial ordena una “revisión exhaustiva” de todos los beneficios migratorios aprobados —como tarjetas de residencia (Green Cards) o naturalizaciones— para quienes ingresaron a Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2021, fecha que coincide con el inicio de la administración de Joe Biden.
En un comunicado enviado a CBS News, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la postura asegurando que “la Administración Trump está haciendo todo lo posible para garantizar que las personas que se convierten en ciudadanos sean lo mejor de lo mejor” y confirmó que están revisando los beneficios otorgados por la administración anterior.
Esto implica que personas que ya residen legalmente en el país, y que han pasado filtros de seguridad previos, serán sometidas a nuevas rondas de entrevistas y escrutinio. El objetivo declarado en el memorando es crear una lista priorizada para “revisión y, si es necesario, remisión a las agencias de aplicación de la ley” como ICE, en un plazo de 90 días.
Incertidumbre para Centroamérica
Aunque Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala no figuran explícitamente en la lista de los 19 países de “alto riesgo” detallada en la proclamación, la suspensión general de los formularios I-589 es un golpe directo a sus ciudadanos. La mayoría de los migrantes de estos países dependen de la figura del asilo afirmativo para evitar la deportación.
Al congelar estos procesos “independientemente del país de nacionalidad”, como cita textualmente el memorando, la administración Trump cierra efectivamente la puerta a la regularización por esta vía hasta nuevo aviso. Esto deja a los solicitantes en un limbo legal: sin poder avanzar en sus casos, sin posibilidad de reunificación familiar inmediata y con el temor constante de que esta “pausa” sea el preludio de rechazos masivos o nuevas restricciones.
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