El Congreso de El Salvador, de mayoría oficialista, prohibió este miércoles las concentraciones públicas y privadas que no sean deportivas y culturales, mientras que el presidente de este órgano de Estado, Ernesto Castro, negó que la medida sea para impedir protestas contra el Gobierno de Nayib Bukele. La medida, aprobada solo tres días después de que miles de salvadoreños protestaron en las calles de la capital, incluye multas y la posibilidad de enfrentar un proceso penal.
El decreto legislativo suspende hasta el 8 de diciembre próximo las actividades que “impliquen concentraciones masivas, sin distanciamiento social, donde participen personas sin esquema completo de vacunación y donde no se respeten los protocolos de bioseguridad”.
La iniciativa, que contó con el apoyo de 63 de los 84 diputados, señala que la Fiscalía podrá investigar de oficio su incumplimiento y que las personas que convoquen o promuevan las concentraciones prohibidas serán multadas hasta con 36.000 dólares y podrían ser acusadas penalmente por desobediencia. Quedaron fuera de esta prohibición los eventos culturales y deportivos, a pesar de que expertos han señalado que los recientes partidos de la selección nacional de fútbol, jugados con más de 28.000 personas, han acelerado los contagios de la covid-19.
En los cuatro juegos que ha disputado El Salvador como local en la eliminatoria rumbo al mundial a Catar 2022, a pesar de la presencia de delegados del Ministerio de Salud para exigir el comprobante de vacunación, se han observado personas sin mascarillas y sin respetar la distancia física.
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El decreto faculta al Ministerio de Salud y a la Policía Nacional Civil (PNC) para suspender los eventos o prohibir la entrada a quienes no cumplan los requisitos. Pese a que la misma iniciativa indica que únicamente quedan fuera la prohibición los eventos culturales y deportivos, señala que en “casos excepcionales” podrá autorizar otro tipo de concentraciones que cumplan con las medidas de bioseguridad.
El decreto, aprobado sin discusión en una comisión ni mayor debate parlamentario, fue promovida por Castro, también exsecretario privado del presidente Bukele, y la diputada Suecy Callejas, ambos miembros del partido Nuevas Ideas (NI, oficialista). Castro negó que la prohibición sea para evitar las protestas contra el Gobierno. “En ningún momento se le está coartando la libertad de expresión, la libertad de manifestarse, pueden seguirlo haciendo. El único objetivo de lo que se está aprobando es se que simplemente se haga con las medidas necesarias”, señaló el líder de la Asamblea Legislativa.
“Suspensión del derecho a la protesta“
El abogado constitucionalista y crítico del Gobierno Enrique Anaya afirmó en redes sociales antes de la aprobación que el decreto implica “la suspensión del derecho a la protesta y manifestación, estableciendo de hecho un régimen de excepción o estado de sitio en el país”.
La activista de derechos humanos Verónica Reyna indicó en Twitter que el partido oficialista Nuevas Ideas “busca prohibir concentraciones y eventos públicos, facultando a la @FGR_SV (Fiscalía), también afín a los intereses del presidente, a actuar de oficio contra quien las convoque o promueva”. Añadió que esto se traduce, a su juicio, en una “criminalización de la protesta”.
Desde el 15 de septiembre pasado, miles de salvadoreños han protestado en las calles en tres ocasiones contra el Gobierno de Bukele por la adopción del bitcóin, la falta de transparencia y lo que diversos sectores consideran una deriva “autoritaria”. También han sido cuestionadas en las protestas decisiones del Congreso y la Corte Suprema, que son señalados de ser afines al Ejecutivo, como la destitución de jueces y la autorización de la reelección presidencial inmediata.
Vice de Buekele arremete contra medios
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, señaló en una entrevista trasmitida este miércoles por un medio internacional que en su país hay una “libertad absoluta de prensa”, pero que algunos medios “deberían ser procesados por calumnia” contra el presidente Nayib Bukele.
Ulloa fue cuestionado en una entrevista con la cadena alemana Deutsche Welle (DW) sobre la situación de la prensa en El Salvador y un informe preliminar de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que señala el supuesto aumento de abusos, hostilidad y amenazas contra los periodistas. “No hay un periodista preso, no hay un medio censurado, no hay ninguna disposición que atente contra la libertad de expresión”, dijo el vicemandatario. Añadió que “es entendible que la SIP, que es una gremial donde están los propietarios de los grandes medios de comunicación, sobre todo la prensa escrita, estén molestos porque los dos periódicos más importantes de El Salvador nunca pagaron impuestos y ahora se les ha impuesto la obligación de tributar y eso ha generado toda esta reacción virulenta”.
Esto en relación a una reforma legal aprobada en mayo en el Congreso que señala que las actividades de imprenta que no se encuentran en la Ley del Libro “no gozarán de exenciones arancelarias para importación de materias primas, maquinaria y de equipo de impresión” y de deducciones de impuestos.
Al ser preguntado sobre quién considera que la situación de la libertad de prensa en su país está bien sostuvo que “toda la ciudadanía, las personas que leen los medios en El Salvador y que han dejado de comprar la prensa escrita, la prensa tradicional”, a la que acusó de tener “una campaña sistemática contra el Gobierno”.
“La inmensa mayoría del pueblo salvadoreño puede demostrar que hay una libertad absoluta de prensa. No hay un medio sancionado, a pesar de que algunos deberían de ser procesados por calumnia, por difamación”, sostuvo Ulloa. Indicó, sin dar ejemplos, que “eso es lo que está sucediendo en muchos casos (calumnia y difamación)” y “creo que el presidente (Bukele) ha sido tolerante de aceptar los insultos, las mentiras y todo lo que dicen muchos medios y no haber llevado esto a la justicia”.
Ulloa se encuentra en Europa, donde se ha reunido con miembros de la Unión Europea para, según él, “dar la narrativa que corresponde a la realidad de El Salvador” ante los señalamientos de una supuesta deriva “autoritaria” de Bukele. Añadió que los reclamos de miles de salvadoreños que han salido a las calles a protestar desde el 15 de septiembre “son medias verdades” o “leyendas urbanas” y que realmente se originaron por la adopción del bitcóin como moneda de curso legal.
Los manifestantes, además de criticar la medida monetaria, reclamaron por la falta de transparencia, las cifras de desaparecidos y feminicidios. También han sido cuestionadas en las protestas decisiones del Congreso y la Corte Suprema, que varios sectores consideran afines al Ejecutivo, como la destitución de jueces y la autorización de la reelección presidencial inmediata.
El vicepresidente salvadoreño se reunió este miércoles con el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, y aseveró que “quedó satisfecho con las explicaciones que dimos y se cambiaron las narrativas que de manera perniciosa han difundido algunos sectores de la oposición política” y “medios que están descontentos”. “Todas las actuaciones que se han realizado han sido apegadas estrictamente a la ley”, agregó.
Borrell publicó el pasado 3 de mayo en Twitter que en El Salvador se está cuestionando “el funcionamiento del Estado de derecho”, después de la decisión de la Asamblea Legislativa destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general, Raúl Melara.