La persecución política del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo incrementa a paso acelerado contra el gremio médico. La cancelación de 24 oenegés por la maquinaria sandinista en la Asamblea Nacional deja al garete a doctores de más de once especialidades médicas que trabajaban en pro de la actualización profesional continua y la implementación de proyectos de salud para el desarrollo local. Esta medida represiva contra los médicos independientes se da en un contexto en que el sistema de salud público opera al límite tras los más de 412 despidos realizados en los últimos tres años de crisis sociopolítica.
Organizaciones médicas con mayor trayectoria, como el Centro de Estudios y Promoción Social (CEPS) con más de 27 años de operaciones continuas, según cita su sitio web, realizó 423 proyectos de salud. Entre ellos destacan áreas como la Salud Materno Infantil, Salud Sexual Reproductiva, VIH/SIDA; Violencia Basada en Género y Generaciones; Desarrollo socio-económico; Gobernabilidad y participación ciudadana; Agua, saneamiento y medio ambiente; Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), Educación; Migración; Emprendedurismo; Emergencia ante desastres naturales y consultorías a instituciones y organizaciones en el territorio nacional hasta diciembre 2015.
La Asociación Nicaragüense de Diabetología –también cancelada por el régimen– promovió campañas educativas en la población sobre la diabetes, la segunda enfermedad crónica más frecuente en Nicaragua de acuerdo al Mapa de Salud de 2020. Otros proyectos impulsados por las organizaciones médicas estuvieron relacionados a campañas para la detección del cáncer de mama, cáncer cervicouterino y VIH/SIDA, entre otros.
Las asociaciones médicas-científicas clausuradas son “grupos de médicos que se reúnen y se afilian básicamente para dos fines fundamentales: mantener la educación continua y segundo, para impulsar la puesta en marcha del colegio médico nicaragüense”, explicó Juan, un especialista miembro de una de las organizaciones clausuradas y quien pidió anonimato por temor a su seguridad. “Ninguna asociación médica-científica estaba metida en cosas de política, no estaban organizando partidos ni hacían mítines políticos”, sostuvo.
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Según las asociaciones médicas clausuradas, el gobierno ha tomado represalias al rol que han tomado los doctores desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Los médicos han denunciado el mal manejo y negligencia de la pandemia por parte de las autoridades sanitarias y la pareja presidencial. Para llenar ese vacío ante el coronavirus, los doctores han brindado asistencia médica a la población de forma independiente ante el colapso del sistema de salud público.
Como parte de la escalada de persecución al gremio médico, la semana pasada los doctores José Luis Borgen (urólogo), Carlos Quant (infectólogo), Luz Indiana Talavera (oncóloga) y Jorge Miranda (neumólogo), algunos miembros de estas asociaciones médicas canceladas, comparecieron de carácter “obligatorio” ante la sede del Ministerio de Salud (MINSA) en el Complejo Nacional de Salud Conchita Palacios para ser cuestionados por sus pronunciamientos respecto al COVID-19 y amenazarlos con la Ley Especial de Ciberdelitos, mejor conocida como “Ley Mordaza”.
Para el especialista, el trasfondo real de quitarles la personería jurídica es “aplicarle la Ley de Agentes Extranjeros” y “acallar las voces” médicas que piden a las autoridades sanitarias una campaña de salud intensiva, continua y sin discriminación ante la pandemia del COVID-19. “Que las autoridades mismas reconozcan que estamos en una crisis de salud y adopten las medidas que realmente se necesitan”, demandó el especialista consultado.
COVID-19 golpea al personal sanitario
Las consecuencias de COVID-19 en Nicaragua “están haciendo mella en el gremio de trabajadores de la salud”, según estos médicos. De acuerdo al Observatorio Ciudadano, un monitoreo realizado por especialistas independientes, al 28 de julio han sido reportados 1,157 trabajadores sanitarios con sintomatología asociada a COVID-19 y 150 fallecidos. La comunidad médica aduce que la falta de materiales, medicamentos, insumos y, sobre todo, equipos de protección adecuados por parte del MINSA han cobrado la vida del personal de salud.
En 2020, en su intento de negar la pandemia y ocultar deliberadamente las consecuencias de la enfermedad, el MINSA canceló contrato sin explicación alguna a más de doce profesionales de la salud en represalia por expresar su preocupación ante la negligencia con la que era abordada la crisis de salud provocada por la COVID-19, según recogió Human Rights Watch. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) miró con preocupación el despido de médicos generales y especialistas en medicina interna, cirugía, anestesiología, oncología y pediatría que fueron removidos de al menos siete hospitales, “por no cumplir con sus responsabilidades”, según las cartas de despido extendidas por MINSA.
Durante la crisis sociopolítica de 2018 más de 400 médicos fueron despedidos de los hospitales por brindar atención a los heridos que no estaban siendo atendidos en los centros médicos por órdenes partidarias. “Había que darle una respuesta, pero se hizo desde el punto de vista altruista, no desde el punto de vista político; los médicos no están metidos en golpe de Estado ni en asuntos delincuenciales como fueron criminalizados muchos”, señaló a DIVERGENTES el galeno entrevistado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) contabilizó ese mismo año la existencia de 6,320 médicos en Nicaragua, es decir 9,7 por cada 10,000 personas. Es la media más baja de la región, donde el rango oscila en 23,3 por cada 10,000 pacientes.
El debilitamiento provocado por el cierre de las 24 oenegés médicas afecta las especialidades de: neumología, infectología, nefrología, urología, diabetología, ginecología, oncología, anestesiología, dermatología, sifología y psicología. El decreto estipula la cancelación de la personería jurídica del Centro de Estudios y Promoción Social (CEPS), la Asociación de Padres de Familia y Educadores del Colegio Calasanz de Managua, la Asociación Pro Ayuda a Enfermos con Insuficiencia Renal Crónica Las Segovias (Aseircse), la Asociación Nicaragüense de Nefrología (Aninef), la Asociación Acción Internacional por la Salud Nicaragua (AIS-Nicaragua).
También a la Asociación Nicaragüense de Diabetología (Anidiab), la Asociación Nicaragüense de Neumología (Anine), la Asociación Nicaragüense de Climaterio y Menopausia, Asociación Hogar de Esperanza, Asociación Urológica de Nicaragua, Fundación Piera y Antonio Ferrerio, Club Social de Juigalpa, Asociación de Pobladores del Residencial Lomas de Monteverde, Asociación Liga Nacional contra la Leucemia y el Cáncer en el Niño «Julio Cortázar».
Así como a la Asociación Sociedad Nicaragüense de Medicina General, Asociación Nicaragüense de Fomento Social (ANF), la Asociación Médica Nicaragüense, la Asociación Nicaragüense para el Estudio y Tratamiento del Dolor, Asociación Nicaragüense de Dermatología y Sifilología, Asociación Nicaragüense de Anestesiología y Reanimación, Asociación Nicaragüense de Infectología; Asociación Nicaragua para Todos, Todos para Nicaragua; Asociación Nicaragüense de Psicólogos, y la Fundación Siglo XXI.
Politización de la ciencia
La actualización médica continua implica uno de los grandes desafíos en Nicaragua por la politización política en el sector salud, según expertos. Ante esto, las asociaciones gestionan becas de estudio y entrenamiento de subespecialidades en el exterior, así como congresos internacionales para sus miembros. También abogan por la visita de médicos extranjeros para “dar clases o conferencias”. El único requisito que solicitaban estas organizaciones médicas era un “alto rendimiento académico”. Esta labor surgió ante la falta de capacitación especializada de parte del MINSA. “Por lo general no brinda talleres ni cursos de capacitación intensiva, no pasamos de cursos básicos que no funcionan para la medicina especializada”, reprochó el especialista entrevistado por DIVERGENTES.
El MINSA solo ofrece becas en países aliados como Cuba y Venezuela “donde para hacer los cursos no necesitas realizar competencia académica” sino un “aval político”, explican los doctores. “Entonces cada año se pierden muchas becas”, agrega el especialista consultado por DIVERGENTES. “Las autoridades sanitarias se aprovechan de brigadas de neurocirugía, cardiología o neumología que llegan a Nicaragua provenientes de otros países y se hace la propaganda que hay un intercambio científico, pero no es cierto, la mayoría de los nicaragüenses no tienen acceso, no participa, eso se utiliza como propaganda política”, agrega el médico.
La politización de la ciencia médica por parte del régimen Ortega-Murillo no goza de aceptación ni credibilidad en el gremio ni en la sociedad. “Estas asociaciones médicas-científicas son las que se mantienen como prestigiadas en la misma sociedad nicaragüense por encima de lo que actualmente se conoce como el Movimiento Médico Sandinista… Este sí es un movimiento político, ideológico”, señaló Juan, el especialista que accedió a brindar esta entrevista de forma anónima ante la constante persecución al gremio médico.
El especialista no juzga a quienes pertenecen a este espacio “porque tienen derecho”. Pero rescató la visión altruista con la que laboran muchos galenos. “Siempre hemos pregonado que los médicos como organización no militan en partidos políticos, ni en corriente ideológica, religiosa, ni de ningún tipo”, afirmó la fuente médica.
La comunidad médica organizada en todo el país ha trabajado en la actualización médica continua a lo largo de varias décadas. “Lo hicieron en la dictadura de Anastasio Somoza, lo hicieron en los años ochenta, en los años noventa, en la siguiente década, pero jamás habían sido atacadas de la forma en que los ha atacado ahora el gobierno de Daniel Ortega. Ha sido el único gobierno que se ha atrevido a cerrarlas”, advirtió el especialista.
Desde estos encuentros también se promovían proyectos de investigación científica en dependencia del perfil de las asociaciones. Parte de los trabajados realizados estuvieron dirigidos al estudio de la malaria, dengue, zika, chikungunya por ser las enfermedades tropicales que más diezman a la población. Incluso, muchos de los datos se extraían del MINSA. “El problema es que el MINSA no tiene una política de transparencia de la información. Eso les dificulta generalmente el trabajo porque precisamente creen que es para usos políticos”, señaló el doctor.
De acuerdo a su testimonio, la mayoría de asociaciones médicas-científicas subsisten de una “cuota mensual” que dan los afiliados para mantener su funcionamiento, “pero en muchos casos es una contribución pobre”. “Por ejemplo, la cuota en la asociación a la que pertenezco es prácticamente de 10 dólares mensuales”, señaló. El dinero recolectado se utiliza para el pago de local y refrigerio de las reuniones que sostienen los médicos “porque no tenemos una casa o auditorio propio”.
La mayoría de las asociaciones médicas-científicas tienen la misma dinámica de trabajo, según describió. Las asociaciones más grandes, como la de medicina interna, pediatría y ginecología, realizan sesiones por zonas departamentales ante la falta de recursos que impiden la movilización de todo el personal de médico especializado hasta Managua.