El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha arreciado la persecución contra el gremio médico, esta vez amenazando a los especialistas Carlos Quant (infectólogo) y José Luis Borgen (urólogo) con la Especial Ley de Ciberdelitos, mejor conocida como “Ley Mordaza”, en una nueva fase represiva orquestada por la Dirección de Regulación Sanitaria y Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Salud (Minsa).
Ambos especialistas recibieron una citación de carácter “obligatorio” para presentarse este jueves a la sede del Minsa, en el edificio Conchita Palacios. Los médicos asistieron y, al salir, aseguraron que la autoridad sanitaria los amenazó con aplicarles la ley de Ciberdelitos si siguen informando a la población sobre la pandemia de COVID-19 que, en este momento, azota duramente a Nicaragua con un rebrote.
Tanto Quant como Borgen forman parte de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN) y del Comité Científico Multidisciplinario de Nicaragua respectivamente, dos organizaciones médicas independientes que han tomado un papel preponderante durante la pandemia en el país, ante la actitud negacionista y negligente del gobierno sandinista.
Las citas de ambos doctores ocurren en medio de un incremento de casos de COVID-19 en Nicaragua. Solo en la última semana se registraron 341 casos positivos, según el último reporte semanal del Minsa. Los médicos alertan de un rebrote de casos y de hospitales otra vez repletos, más allá de lo que admite el Minsa. Una realidad que la vicepresidenta Murillo niega en sus alocuciones, descalificando las opiniones de estos médicos. “A las chachalacas que disfrutan hacer daño sobre los temas de salud les decimos, ni pudieron ni podrán, cálmense, esos chachalacos que disfrutan alarmando a la gente”, amenazó la también primera dama hace dos semanas.
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El doctor Borgen considera que los citatorios son parte de la instrumentalización política del gobierno de Ortega para intentar callar al gremio médico que brinda entrevistas a medios independientes sobre la pandemia y otros temas de salud pública.
El urólogo interpreta la citatoria como una amenaza para cerrar sus clínicas, ya que el Minsa tiene esa potestad. “Ellos pueden cerrar tu fuente de trabajo e incluso quitarte el permiso de que podás ejercer como profesional de la salud”, alertó.
No obstante, Borgen sostiene que brindar declaraciones públicas y hacer proyección estadística sobre un problema de salud pública no es un delito. “El papel de los médicos es llamar la atención de la población, pero también de las autoridades del gobierno cuando se presenta un problema como la pandemia de la COVID-19. Nuestro papel es exhortar a las autoridades a que hagan algo para que las cosas mejoren”, expresó el doctor al salir de la sede del Minsa.
Esta no es la primera vez que Borgen comparece ante las autoridades nicaragüenses en el contexto represivo que vive el país, agravado desde el mes de junio con el apresamiento de 26 opositores, entre ellos seis precandidatos presidenciales. La semana pasada fue citado por el Ministerio Público para brindar información médica sobre la salud de la académica y abogada constitucionalista María Asunción Moreno, quien expresó su deseo de postularse a la presidencia en el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).
“Los médicos no queremos dar un golpe de Estado, sino corregir la política de salud y el mal manejo que se está dando no solo en la pandemia, sino en otras situaciones de salud que afectan a la población, porque ese es el quehacer médico”, dijo Borgen a DIVERGENTES.
Hasta ahora dos médicos han sido citados ante la sala de Regulación Sanitaria del Minsa. Previamente, el doctor Quant fue despedido en 2020 del hospital público Manolo Morales por informar sobre la gravedad del Coronavirus. Por su parte, Borgen no descarta que sean citados más de sus colegas. “Van a estar citando a los que ellos consideran que están dando declaraciones incómodas”, sostuvo.
El Minsa hasta ahora no reconoce un segundo brote de COVID-19 en el país, tampoco ha alertado a la población a tomar medidas preventivas. Al contrario, el fin de semana pasado promovió cinco mil actividades en todo el territorio nacional. Datos publicados en el reporte semanal del Minsa están por debajo de los publicados por el Observatorio Ciudadano COVID-19. De acuerdo a su más reciente informe, el monitoreo independiente registró 312 casos y reveló una tendencia superior de muertes sospechosas, entre el primero al 14 de julio se identificaron 138 decesos, mientras el Minsa solo registra una muerte semanal.
“Exponen a la ciudadanía en general”
Para la defensora de derechos humanos, la doctora Vilma Núñez, las citaciones del Minsa constituyen una profundización de la represión contra el gremio médico y la política de desinformación del gobierno de Ortega-Murillo. “El gobierno persiste con su política de ocultamiento de la verdad, porque son precisamente los médicos quienes, ante la falta de información oficial, están alertando del nuevo rebrote en el país”, sostuvo la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Núñez sostuvo que el rebrote no solo lo advierten los médicos, sino que lo dicen las investigaciones del Observatorio Ciudadano de COVID-19, las funerarias que reportan un aumento en la venta de ataúdes… “Lo dicen acontecimientos tan duros como el caso de Chinandega en el que familiares le quitaron el cadáver a miembros del Minsa”, afirmó la veterana abogada.
La presidenta del Cenidh resalta que “esto hay que verlo no solamente contra una agresión, una violación de derechos humanos contra el gremio médico, sino como una agresión de la población en general, porque están arriesgando el derecho a la salud”. “Prácticamente están exponiendo la vida de la población en general”, insistió.
“Represión orquestada por Murillo”
El doctor Borgen no descarta que la persecución contra los médicos obedece a una estrategia represiva vertical, orquestada desde la presidencia, específicamente por la vicepresidenta Murillo. “El mensaje de odio viene de la vicepresidenta en sus alocuciones de mediodía. Luego es externado por sus voceros radiales entre los cuales está Absalón Pastora, Adolfo Pastrán y William Grisgby. Luego le toca a los que tienen que ver más directamente con los médicos, en este caso serían las autoridades de salud y la Fiscalía”, apuntó el especialista.
El urólogo dijo que no fue tratado mal durante la cita en el Minsa. No obstante, teme por su seguridad y la de su familia, por lo que no descarta la opción que la policía realice “una redada o un allanamiento de casa”, así como el encarcelamiento de algunos médicos que el régimen considere que son muy críticos o incomoden mucho.
El gremio médico en Nicaragua ha sufrido diferentes fases de represión desde 2018. El personal de salud ha sido despedido por no comulgar con el partido de gobierno o por atender a los heridos de la represión durante las protestas que explotaron en abril. Otros doctores se han exiliado del país para salvaguardar sus vidas. También hay personal sanitario que ha fallecido producto de la negligencia ante la pandemia y de las políticas opresoras del régimen.
“Las etapas de represión han sido los despidos, golpes y encarcelamiento. Ya hemos tenido médicos muertos, inclusive asesinados. El que mató a la estudiante de medicina Rayneia Lima en 2018 (el paramilitar Pierson Solís), ya está libre”, recordó Borgen.
Actualmente, más de 20 médicos están exiliados, en su mayoría especialistas, a quienes se les ha dificultado homologar sus títulos en el extranjero porque la academia y el Minsa les niegan sus notas, cartas de servicio social y de internado.
Borgen recordó que “en las manos de todos los nicaragüenses está el detener la pandemia y en las manos del gobierno implementar un plan de vacunación que sea contínuo, intensivo y sin discriminación”.