Una hora después de la captura del presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy, también fue arrestado Álvaro Vargas, vicepresidente de la misma patronal. Vargas había sido citado para comparecer ante la Fiscalía a la una de la tarde. Según confirmó la Policía en una nota de prensa, ambos son acusados por los supuestos delitos de “lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense”. Además, por incitar a la injerencia extranjera, gestionar bloqueos económicos, comerciales y operaciones financieras en contra del país y aplaudir imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua, de conformidad a la Ley 1055.
Tras la captura de sus directivos, el Cosep expresó que “estas acciones represivas del gobierno evidencian un ataque directo al Consejo Superior de la Empresa Privada y sus dirigentes” y manifestó que dicho ataque “no contribuye a la paz y la seguridad nacional”. Además exigió la “inmediata liberación” de su expresidente José Adán Aguerri arrestado desde el pasado ocho de junio.
Healy fue arrestado minutos después de acudir a una cita que fue reprogramada en la Fiscalía del régimen Ortega-Murillo. A su salida, Healy dijo que no temía ser arrestado por la Policía al mando de Ortega. “Yo no he hecho nada malo”, dijo antes de ingresar a la Fiscalía. El líder empresarial acudió a la entrevista sin saber los motivos exactos de su comparecencia, mientras la noche de este miércoles su casa estuvo rodeada por policías.
Para este jueves 21 de octubre también está citada a comparecer sin motivo alguno Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur). Valenti dio declaraciones este miércoles en un medio nacional de televisión abierta y aseguró que su sector no solo ha sido golpeado por la pandemia de la Covid-19, sino también por las restricciones a las aerolíneas internacionales que mantienen inconvenientes para volar al país.
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Agentes de tránsito de la policía de Ortega impidieron a medios de comunicación independientes grabar la captura de Healy. Tras la salida del dirigente empresarial de la Fiscalía, el equipo periodístico de Canal 10 fue retenido durante 20 minutos en las inmediaciones de un centro comercial, cercano al sitio donde arrestaron al presidente del Cosep. Luego, unos 10 agentes de la policía allanaron la vivienda del empresario ubicada en la capital.
Desde redes sociales, perfiles afines al régimen sandinista celebran la captura del presidente del Cosep y le acusan de “pedir sanciones contra el pueblo nicaragüense” y violar la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, misma que ha sido utilizada para acusar a la mayoría de opositores presos en los últimos meses.
El Cosep también reporta la detención de su conductor Wilber Alberto Alvarado Molina y exigió la libertad de su presidente mediante otro comunicado escueto. Asimismo señaló que “estas acciones violentan los derechos individuales establecidos en la Constitución Política de Nicaragua y los derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales suscritos por Nicaragua”.
Healy cuenta con medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el ocho de agosto de 2018. Fue electo presidente del Cosep en septiembre de 2020 y es actual miembro de la agrupación opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia quienes expresaron su solidaridad y exige “se le respete su integridad física y demandamos su inmediata liberación”.
Antes de liderar el conglomerado privado, Healy fungió como presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) y durante el primer diálogo entre la oposición y Ortega amenazó al régimen sandinista con parar el país. “Si no vemos avances la próxima semana, los productores vamos a usar nuestros tractores y maquinaria agrícola para parar este país y enseñarle a él, (Ortega) que está solo, acorralado”, dijo en una entrevista en el programa televisivo Esta Noche.
La citatoria a los máximos representantes del sector empresarial ocurre una semana después que el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, anunció un supuesto diálogo nacional programado para después de las elecciones sin competencia del próximo siete de noviembre. El legislador sandinista hizo un guiño a los empresarios para participar en la posible negociación, pero hasta ahora el Cosep ni otros empresarios manifestaron anuencia alguna.
La citatoria contra los directivos del Cosep y la presidenta de la Cámara de Turismo se realizó horas después que la Organización de Estados Americanos (OEA) lanzara una advertencia a la pareja presidencial con la aprobación de la resolución “La situación en Nicaragua”, a tan sólo dos semanas de los comicios generales del próximo siete de noviembre. Con 26 votos a favor, siete abstenciones, una autoexclusión –la de Nicaragua– y cero votos en contra, el Consejo Permanente aprobó una resolución que, además, demanda la liberación de los presos políticos y advierte que la situación de Nicaragua podría ser discutido nuevamente tres días después de que los mandatarios sandinistas se proclamen ganadores de la contienda, en unos comicios simulados.
Para el analista Óscar René Vargas, estas citatorias para los empresarios son una medida para generar “presión, provocar miedo y obligarlos al silencio”. “El régimen sandinista está concentrado en conservar el poder por cualquier medio y para ello necesita mantener acuerdos y relaciones con el gremio empresarial, así sea a costa de intimidación, la amenaza, la violencia en contra de la población y el pacto de silencio con el gran capital”, sostuvo.
El sector privado fue uno de los principales sostenes del régimen Ortega-Murillo hasta 2018, cuando la crisis sociopolítica (reprimida con suma violencia) obligó a la patronal a quebrar su relación corporativista con la dictadura. La relación bautizada como de “diálogo y consenso” no ha podido ser restablecida, ya que algunos sectores empresariales rechazan la política represiva de la pareja presidencial, que ha golpeado duramente la economía del país.
El analista político apunta que el encarcelamiento de los líderes empresariales demuestra que el régimen Ortega-Murillo “sigue en la lógica de ‘el poder o la muerte’ sin dejar ninguna otra oportunidad de una salida negociada”. Vargas asegura que el régimen sandinista “ha acumulado reservas internacionales” proveniente de diferentes organismos, principalmente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que es un “cómplice del régimen”.
El analista visiona que si la OEA condena al régimen Ortega-Murillo durante la Asamblea General del próximo 10 de noviembre, “todo indica que la represión va arreciar, en lugar de amainar, ya que se cambia el escenario político de manera desfavorable para Ortega”, apuntó. Además, plantea dudas sobre la posición del conglomerado empresarial privado. “¿El encarcelamiento de Healy indicaría que el Cosep no quiere participar en el diálogo? Lo que no sería conveniente para la dictadura en el escenario post siete de noviembre. ¿Ortega busca descabezar el Cosep y poner algún empresario afín a ellos y de esa forma hacer otra farsa de diálogo?”, planteó.
Este jueves la Iglesia católica llamó a actuar “desde la dignidad de la conciencia, libremente, para hacer lo que considere más justo y conveniente, en este momento, para Nicaragua”. Además recordó que la institucionalidad y el Estado de derecho son posibles cuando hay observancia irrestricta de la ley, independencia y la separación de poderes del Estado. Todas son “condiciones básicas e indispensables” para unas elecciones libres, justas y transparentes.
El ocho de junio fue arrestado el expresidente del conglomerado empresarial José Adán Aguerri, acusado por el Ministerio Público del régimen de “conspiración” y “menoscabo a la integridad nacional”, en perjuicio del Estado de Nicaragua. También, el banquero Luis Rivas Andurray, ejecutivo de Grupo Promerica, y quien es señalado por las autoridades sandinistas de tenencia ilegal de “portación, fabricación, tráfico y tenencia de armas restringidas”.
Las autoridades al mando de Ortega igualmente privaron a Juan Lorenzo Holmann, gerente general del diario La Prensa, y lo acusó por el delito de lavado de dinero, bienes y activos.