La Policía Nacional pronto cumplirá su 42 aniversario y desde su evolución en los años noventa —de “policía sandinista” a un cuerpo profesional de carácter nacional— nunca había atravesado tanto desprestigio nacional e internacional, debido a su sumisión partidaria al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como punta de lanza de la represión contra la ciudadanía y la oposición.
El pasado 30 de julio, Ortega aseguró que “Nicaragua es defendida por el pueblo armado, en referencia al Ejército y la Policía Nacional”. También trató de justificar las “acciones realizadas en el 2018” cuando, según él “el pueblo pidió que era hora de restablecer la paz y la estabilidad en el país”. Un enorme contraste a los expedientes de organismos de derechos humanos que achacan a los oficiales y la jefatura graves abusos, mismos que fueron calificados como crímenes de lesa humanidad.
El artículo 1 de la Ley 872, Ley de organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional, establece que “la Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil, profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante. Es el único cuerpo policial del país, es indivisible y tiene a su cargo la totalidad de la actividad policial”.
Sin embargo, los acontecimientos de los últimos tres años, luego del estallido de abril 2018, quedó en evidencia a quien obedece la institución. El equipo de Fact-Checking de DIVERGENTES clasifica como poco confiable el total cumplimiento de las funciones de la policía con los ciudadanos.
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La socióloga Elvira Cuadra explica que la policía era hasta 2007 una institución que había pasado por un proceso de modernización y profesionalización que le ganó mucho el reconocimiento y la confianza de la ciudadanía dentro de Nicaragua y también internacionalmente. “Fue un proceso que se vio con buenos ojos y que, realmente, respondía al mismo discurso y mensaje de la institución de crear una policía de carácter nacional con la función de proteger los derechos de la ciudadanía, proteger la vida y la integridad de las personas y de los bienes en Nicaragua”, asegura Cuadra.
No obstante, Cuadra expone que desde 2007 y particularmente desde 2008 hasta la fecha esa institución ha sufrido un proceso de cambios muy fuertes que la han hecho perder esa naturaleza de institución nacional. Este retroceso ha distorsionado totalmente su actuación y las funciones que debería estar cumpliendo.
“Ha sido un proceso que ha tenido varios momentos: el primero de ellos fue entre el 2007 y 2014, centrado en la cooptación que fue realizada por el gobierno de Ortega. Se realizó a través de entrega de prebendas, ascensos y promociones que no correspondían con el tiempo, ni con los cargos de las personas y entre otras cosas. Luego del 2014 a la actualidad, fue la subordinación institucional mucho más directa y clara a partir de la aprobación de la nueva ley 872. Y del 2018 al día de hoy, la institución que era de carácter nacional, se ha convertido principalmente en un aparato de represión, uno de los principales actores de la política de represión que ha impuesto el gobierno de los Ortega-Murillo sobre la sociedad nicaragüense”.
Roberto Orozco, experto en seguridad ciudadana y narcotráfico, desde el año 2015 aseguraba que “la Policía Nacional se ha desnaturalizado para garantizar la seguridad del régimen”; además de “la instrumentalización política que el régimen está haciendo de los órganos de seguridad”.
Una muestra de la sumisión al partido sandinista es la siguiente: A pesar que el presupuesto asignado a la institución ha aumentado de manera considerable, lo que sí ha aumentado es el monto asignado a la seguridad a “personalidades” tal como se logra ver en los siguientes gráficos:
A mayor demanda mayor número de cuerpo policial, eso ha ocasionado que aumente el número de policías en la institución. Además que existe otra variante, cuya prioridad de la institución es ser un aparato de represión.
A partir de 2019 la Policía Nacional ha incrementado el número de oficiales en el territorio señala un reportaje realizado por DIVERGENTES hace un mes. El análisis de datos realizado por DIVERGENTES, basado en los anuarios estadísticos y notas de prensa oficiales, revela que la institución cuenta con 19, 149 policías en todo el país.
Sin embargo, Cuadra coincide que desde antes del 2018 venía disminuyendo la confianza de la población en la Policía y la desconfianza se ha incrementado todavía más a partir de 2018 debido a su actuación. “A raíz de la intención de que está más enfocada en acciones de represión que de atender las necesidades, las preocupaciones de la ciudadanía en término de la seguridad vinculados con la delincuencia y la criminalidad. Efectivamente ha aumentado la desconfianza y una de las expresiones de eso es que hay menos gente acudiendo a poner las denuncias de hechos delictivos”, finaliza la experta en seguridad.
Cabe destacar que la Policía Nacional ha sido la primera y única institución pública de gobierno sancionada. “El régimen de Ortega ha utilizado a la Policía Nacional de Nicaragua como una herramienta en su violenta campaña de represión sobre el pueblo nicaragüense”, dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin.
Los indultos y la inseguridad ciudadana
El lunes 19 de octubre de 2020, durante el acto del 41 aniversario del Ministerio de Gobernación, la ministra María Amelia Coronel Kinloch informó que entre octubre del 2019 y septiembre del 2020 el gobierno Ortega-Murillo liberó a un total de 10, 304 presos. Sin embargo, el 25 de agosto de 2020, la ministra Coronel había asegurado que “en los últimos meses se ha otorgado beneficios legales a 22, 567 presos, para promover la unidad familiar” durante la presentación de los avances de planes de trabajo de las instituciones del Estado a ONG nacionales e internacionales. Ambas declaraciones no coinciden y se contradicen.
A eso hay que sumar a los 800 indultados en septiembre de 2020 y a los 1, 004 liberados en diciembre de 2020. En marzo de 2021 fueron liberadas 800 personas más y la última liberación registrada fue en mayo de 2021 cuando liberaron a 442 personas. Esto da un total de 25, 613 indultos si se toman como verdaderos los datos proporcionados por la ministra Coronel. A pesar de eso, sí ha habido una liberación casi masiva de reos nunca antes registrada en los últimos años.
La experta en seguridad Elvira Cuadra sostiene que los indultos que el gobierno ha otorgado a personas que estaban detenidas en centros penales por delitos de orden común se han agregado como un factor más de inseguridad a la población y sí hay evidencia de que en una cantidad de casos, algunas de estas personas que han sido indultadas han salido a “cometer nuevos hechos de violencia, específicamente algunos casos que han sido denunciados de femicidas que salieron de la cárcel a asesinar o a intentar asesinar a sus víctimas”.
Uno de los últimos casos registrados sucedió en Jalapa. El 17 de enero de 2021, Bryam Jordán Flores Chávez asesinó a la joven de 21 años Katring López. La Policía Nacional confirmó que el sospechoso tenía antecedentes por violación, tras lo cual se conoció que fue liberado en 2020 gracias a una resolución de Daniel Ortega.
Katring López habitaba con su padre José Miguel López, en la comunidad Escalante, del municipio de Belén, departamento de Rivas, de donde viajó a finales de diciembre a Jalapa, para despedir el año y celebrar su cumpleaños número 21, el nueve de enero de 2021.
Tras concluir la fiesta, Katring, su primo y varios amigos se quedaron platicando afuera de la casa de su abuela materna. Minutos después la cámara de seguridad de un local de la zona, grabó el momento en que Katring queda sola con los amigos de infancia luego de que su primo se va a acostar y ella entra a la casa de Bryam Flores, tras pedirle prestado el baño.
Bryam Flores confesó haber cometido el crimen. También relató que con la ayuda de Jairo Pérez, amarraron y lanzaron el cuerpo de la joven al sumidero de la vivienda, utilizando mecates, pesas de concreto y piezas de vehículos.
Las organizaciones feministas han insistido a Ortega en que se abstenga de sacar de prisión a los “reos comunes”, ya que una parte de estos han salido a agredir o quitarles la vida a las mujeres que los denunciaron.
Como ha sido el caso de Oscar Omar Flores quien fue condenado a 25 años de prisión en el año 2015 luego de haber apuñalado a su hijastra en un intento de proteger a su madre, Juana Salinas, quien al momento de los hechos era atacada por su exesposo. Flores solo había cumplido cinco años, tres meses y cinco días, pero fue beneficiado con “el perdón presidencial” en nombre de la “promoción de la unidad familiar”. Ahora reside en Estelí, misma ciudad donde se encuentra su expareja, sobreviviente de femicidio frustrado.
Aumento de la delincuencia
En cuanto a los robos, en la capital se ha registrado un aumento sobre todo en restaurantes y lugares públicos en los que el modus operandi es el mismo: entrar al establecimiento como cliente, localizar a la víctima y el objeto a robar de la mesa y salir corriendo hacia la salida del establecimiento donde se encuentra un auto esperándolo.
Los mismos datos proporcionados por la policía coinciden con este aumento de la delincuencia, ya que registran un incremento en los robos durante los últimos años.