La habitual zozobra con la que viven los familiares de los presos políticos desaparecidos de Nicaragua reventó este miércoles 27 de mayo, después de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo difundió unas fotos del “delicado estado de salud” de Brooklyn Rivera, quien durante 971 días estuvo bajo paradero desconocido. Las imágenes dispararon la alarma porque exhiben a un hombre de 73 años en un estado cadavérico, asistido por ventilación mecánica a través de una traqueotomía adherida con gasas y esparadrapo que, da la sensación, mantiene unida la cabeza al cuerpo después de haber sido guillotinado.
El líder indígena y del partido Yatama sufre, además, una falla multiorgánica agravada por unas bacterias que se han desarrollado en su cuerpo a causa de una atención médica tardía e ineficiente, según médicos consultados por DIVERGENTES.
Pero más allá de esos detalles clínicos que auguran lo peor, lo que en términos médicos se denomina “pronóstico reservado”, los familiares de los presos políticos desaparecidos ven en el caso de Rivera un espejo cuyo reflejo los llena de pánico al pensar en los suyos. “¿Dónde están? ¿Cómo están?”, dos preguntas que parecen simples pero que cargan una incertidumbre que desgarra, son las que más se hacen estas familias, en su mayoría mujeres, que se han atrevido a denunciar ante la gravedad del panorama.
En una conferencia de prensa virtual convocada por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Asociación Memoria y Justicia (AMJ), y Amnistía Internacional, tres mujeres familiares de presos políticos desaparecidos denunciaron lo que temen. “Mi papá es diabetico, sufre hipertensión y neuropatía. Desde su detención no sabemos nada de él”, dijo Thelma Brenes, hija del coronel retirado Carlos Brenes Sánchez, preso político desaparecido, desde el 14 de agosto del 2025.
“En abril hubo rumores de que murió o que sufrió complicaciones de salud… y no lo pudimos confirmar. Eso nos pone en angustia. Hablo también en nombre de Salvadora Martínez, pareja de mi papá. Tampoco sabemos nada de ella. Una semana después de que fue arrestada tenía programada una operación de su vesícula”, agregó Thelma Brenes. “Es de las peores situaciones que alguien puede vivir en su vida: no saber nada de tu ser querido. Solo saber que son personas mayores y que pueden morir en la cárcel. Hay precedentes de eso y no me lo estoy inventando. Hay suficientes pruebas… y eso es un castigo y una tortura”.
Al 31 de marzo de 2026, el Mecanismo para el reconocimiento de Personas Presas Políticas contabiliza 47 presos políticos, de los cuales al menos 8 están bajo desaparición forzada por ocultamiento de paradero. Aunque advierten que hay un subregistro ante el terror de otras familias de denunciar.
Dina Carolina Fagoth, hija de Steadman Fagoth, dirigente miskito secuestrado en septiembre de 2024, sostuvo que su papá fue “desaparecido” después que denunció que “funcionarios del gobierno podrían estar implicados en ventas ilícitas de tierras ancestrales”. “Que lo entreguen vivo y sano. No sabemos dónde está, cómo está en lo absoluto”, sostuvo.
Por su parte y desde el exilio, Eugenia Valle lleva semanas exigiendo una prueba de vida de su esposo, el coronel en retiro ítalo nicaragüense Víctor Boitano Coleman. En la conferencia de prensa, la mujer leyó un comunicado en el que describió el peso de ese silencio estatal: “La incertidumbre y el silencio oficial aumentan nuestro sufrimiento y temor por su integridad y su vida. La desaparición forzada no solo castiga a la persona detenida, sino también a toda su familia, que permanece en angustia permanente ante la falta de información”.
Valle exigió al régimen copresidencial a que informe “de manera inmediata” el paradero de Boitano, que permita una prueba de vida pública y verificable, que garantice el acceso de familiares y abogados, y que respete su integridad física y psicológica.
“Un sufrimiento que es responsabilidad del Estado”
Claudia Pineda, directora de la Asociación Memoria y Justicia, fue directa al señalar responsabilidades. “El deterioro extremo de la salud de Brooklyn Rivera es responsabilidad del Estado”, dijo, y advirtió que cuando estas prácticas se aplican de forma sistemática contra opositores y líderes comunitarios, “se configuran crímenes de lesa humanidad”. Pineda también extendió esa responsabilidad a las familias que siguen sin información: “Su sufrimiento también es responsabilidad del Estado, que ha impuesto el silencio, la incertidumbre y el miedo como herramientas de control”.
Thelma Brenes dijo, que en este momento, no la satisface una prueba de vida como las que fabrica el régimen Ortega-Murillo, sino que exige una verificación independiente del estado de su padre, su madrastra y el resto de presos políticos.
“No nos vamos a conformar con migajas del régimen y falsas pruebas de vida, como lo hicieron con Angelica Chavarria (expareja del fallecido general Humberto Ortega”, sostuvo la mujer. “A ella la hicieron leer un texto redactado por la dictadura o esas fotos de Brooklyn en una cama de hospital y un comunicado fingiendo atención médica, cuando eso es prueba de crueldad. La exigencia es una sola, para todos los presos políticos: ¡libertad total!”, clamó.