El Presupuesto Nacional 2027 coloca en el centro una disputa particularmente significativa: la competencia de lo público contra lo público. No se trata simplemente de decidir cuánto destinar a política social, sino de determinar qué derechos, programas y poblaciones ganan o pierden dentro de un espacio presupuestario limitado. FODESAF permite observar con particular claridad esta disputa.

FODESAF constituye uno de los principales mecanismos financieros de la política social selectiva costarricense, ya que por medio de ese fondo se financian o complementan programas dirigidos a pobreza, pensiones no contributivas, educación, alimentación, niñez, discapacidad, cuidados, vivienda y otras poblaciones vulnerables.

Por eso mirar únicamente el total de FODESAF puede resultar engañoso. El Marco Fiscal muestra que los recursos totales asociados a FODESAF pasan de aproximadamente ₡821.992 millones en 2026 a ₡844.583 millones en 2027, el aumento es de aproximadamente ₡22.500 millones, alrededor de 2,7 %. El problema aparece cuando se observa cómo se redistribuye ese crecimiento A primera vista parecería una expansión. Pero precisamente aquí está el problema central de la discusión social: un fondo puede crecer y, simultáneamente, determinados programas pueden perder recursos si cambia la distribución interna de ese fondo.

No obstante, la política social no puede analizarse únicamente preguntando cuánto dinero entra en una bolsa común. Es necesario preguntar quién recibe qué dentro de esa bolsa. Por ejemplo, el caso de Avancemos es todavía más significativo políticamente. Los recursos provenientes de FODESAF pasarían de aproximadamente ₡75.200 millones a ₡67.600 millones para dicho programa, lo cual significa un recorte cercano a ₡7.600 millones, alrededor del 10 % nominal

Y esto ocurre en un contexto todavía más problemático: el propio nuevo Plan Nacional de Desarrollo plantea incrementar la cobertura de Avancemos. Para 2027. La contradicción es particularmente evidente porque el Plan Nacional de Desarrollo plantea aumentar en 7.341 las personas beneficiarias durante 2027. Se propone, por tanto, ampliar cobertura mientras disminuye el financiamiento disponible para el programa, pero para lograr esta meta las estimaciones de financiamiento asociadas a esa cobertura se aproximan a ₡119.000 millones, mientras que en el presupuesto aparecen alrededor de ₡67.000 millones provenientes de FODESAF, aunado a la reducción de 14 mil millones en la transferencia a IMAS por parte de la partida del MEP. La brecha identificada sería cercana a ₡52.000 millones para alcanzar las metas en el PND.

En el PANI, los recursos provenientes de FODESAF disminuyen aproximadamente ₡24.714 millones. Otras transferencias compensan parcialmente esa caída, por lo que la reducción neta ronda los ₡22.714 millones.

El golpe contra las niñeces y adolescencias no termina ahí. La contracción alcanza también al MEP, cuyo presupuesto disminuye aproximadamente ₡19.230 millones (-0,69 %). Pero el dato más revelador aparece en el Programa de Equidad: pierde cerca de ₡19.506 millones. Dentro de esta arquitectura, los comedores escolares pasan de aproximadamente ₡121.655 millones a ₡116.974 millones, unos ₡4.680 millones menos.

La Red Nacional de Cuido tampoco queda fuera de esta recomposición: pierde cerca de ₡7.700 millones provenientes de FODESAF. La reducción tiene una doble dimensión distributiva: afecta servicios dirigidos a la niñez y restringe una infraestructura de cuidados fundamental para la autonomía económica y participación laboral de las mujeres.

El Régimen No Contributivo requiere una lectura más cuidadosa. Los recursos FODESAF identificados pasan de alrededor de ₡221.000 millones en 2026 a cerca de ₡87.400 millones en 2027, pero una parte sustantiva del monto de 2026 correspondía a transferencias para cubrir déficits del régimen. Por ello, la diferencia no puede interpretarse mecánicamente como una reducción equivalente de pensiones. La tensión relevante es otra: las metas gubernamentales de ampliación del RNC requieren recursos considerablemente mayores que los identificados en el proyecto

Entendemos que FODESAF no financia una única necesidad, por el contrario, distribuye recursos a diferentes programas para la atención de poblaciones históricamente excluidas: estudiantes que requieren transferencias para continuar estudiando; familias en condición de pobreza; personas adultas mayores que dependen del Régimen No Contributivo; niñez atendida por el PANI; personas con discapacidad; programas alimentarios; cuidados; vivienda y aseguramiento de población sin capacidad contributiva..

Es en este punto cuando el espacio presupuestario no se amplía al ritmo de esas necesidades, comienza una competencia profundamente problemática.

Una parte sustantiva de la recomposición se observa en Salud, cuyo presupuesto pasa de aproximadamente ₡402.572 millones a ₡598.083 millones, un aumento cercano al 48,6 %. Una porción fundamental corresponde a alrededor de ₡162.000 millones destinados al aseguramiento de población indigente o sin capacidad contributiva mediante la CCSS, financiados con recursos de FODESAF

¿Qué significa esto? Para fortalecer una intervención se reduce otra, para financiar una obligación se disminuye el margen de una institución diferente, y para proteger un derecho se tensiona el financiamiento de otro. Es cuando la política social se convierte así en una especie de juego de suma cero entre poblaciones vulnerables.

El dato que resume esta tensión es contundente: FODESAF aumenta alrededor de ₡22.500 millones, pero solo el incremento asociado al aseguramiento de población sin capacidad contributiva ronda los ₡160.000 millones. El problema no es financiar esta obligación, sino hacerlo sin ampliar suficientemente el fondo que también sostiene otras políticas sociales. Bajo esas condiciones, fortalecer una intervención termina reduciendo el margen disponible para otras.

En términos simples, los juegos del hambre por los recursos tensionan las discusiones parlamentarias para saber cuál de las “alternativas” ofrecidas impacta de menor manera a poblaciones que por sus trayectorias presentan altos condicionamientos de las desigualdades. 

En este contexto salta la pregunta: ¿por qué aceptamos que derechos sociales diferentes deban financiarse disputándose entre sí un espacio presupuestario que el propio Estado decide mantener por debajo del máximo permitido? La decisión de financiar y desfinanciar tiene su origen en posiciones políticas respecto al rol de Estado, el tipo de política social y la importancia respecto a las poblaciones vulnerabilizadas. Para el proyecto chavista es muy claro, una combinación entre disciplina fiscal estricta y una creciente competencia interna por recursos sociales, independientemente de cómo el Gobierno caracterice políticamente esa consecuencia

No significa que los recursos sean infinitos, ningún presupuesto lo es, significa reconocer que detrás de la expresión técnica “priorización presupuestaria” existe una decisión distributiva, la cual es política, circunscrita a actores específicos y marcos interpretativos de la realidad que le dan sentido a la acción política. La disputa es, finalmente, sobre el sentido mismo de los derechos sociales: si se entienden como garantías colectivas que el Estado debe financiar de manera suficiente o como prestaciones sometidas permanentemente a disponibilidad fiscal y competencia entre poblaciones. 

Resalta la pregunta, sí los recortes y las disputas entre los programas sociales serán la orientación política y presupuestaria, ¿Quién se ocupará de la atención de los derechos y de las condiciones de vida de las poblaciones históricamente excluidas?: ¿Un mercado laboral que absorbe de forma ineficiente la realización de las personas y las familias? ¿Será que los hogares y las personas deben endeudarse mediante créditos para la satisfacción de sus necesidades?, o bien, ¿Será que, siguiendo la formula bukelista, estamos ante un cambio de orientación estatal en la atención de las poblaciones históricamente excluidas, en la cual se otorgan a empresas de tecnología e inteligencia artificial mediante alianzas público-privadas la atención de las personas en condición de pobreza y pobreza extrema? ¿Qué implicaciones tienen estas alternativas en el mediano y largo plazo? ¿Qué tipo institucionalidad será resultado de un contexto en el cual el Estado no solo se reduce, sino que pierde control sobre el propio sentido de su actuar, y cómo la ciudadanía responderá ante esto?

Es muy simple, si el Estado reduce progresivamente su capacidad de protección, los costos no desaparecen: se trasladan a los hogares. Las familias deben financiar privadamente cuidados, alimentación, educación, vivienda o salud; quienes tienen ingresos pueden absorber una parte de esos costos, mientras quienes no los tienen enfrentan mayor exclusión o endeudamiento.”

Ese es el punto fundamental: la política social está en disputa porque las condiciones de vida están en disputa. Costa Rica no debería aceptar como inevitable un modelo en el que financiar un derecho implique debilitar otro. Niños, estudiantes, personas adultas mayores, hogares pobres, personas con discapacidad y quienes necesitan cuidados no deberían ser convertidos en competidores presupuestarios.